El Gobierno de coalición ya ha plasmado cuál es la fórmula por la que apuesta para salir de la mayor crisis de los últimos años. La receta pasa por disparar el gasto (hasta los casi 200.000 millones en 2021) para, catapultado por los fondos que van a llegar de Europa, poner en marcha un ambicioso plan de reformas, que Pedro Sánchez va a dar a conocer este miércoles, con el que se pretende transformar de forma radical el tejido productivo. La decisión adoptada por el consejo de ministros supone, en definitiva, que el equipo económico del Ejecutivo ponga punto y final a la llamada 'doctrina Montoro', en referencia al exministro de Hacienda, y apueste por las recetas de Unidas Podemos para encarar la fase de recuperación.
Moncloa celebraba ayer la hoja de ruta marcada. Fuentes de la Presidencia se mostraban especialmente satisfechas por las bases económicas que se han marcado. En Unidas Podemos los comentarios son aún más optimistas. Los de Pablo Iglesias llevaban insistiendo en el seno del Gobierno desde que estallara la pandemia que la solución a la crisis del Covid debía dejar a un lado el "austericidio" y apostar por el eslogan de "no dejar a nadie atrás". En los 'maitines' de los lunes, en los cara a cara en Sánchez e Iglesias, entre los equipos negociadores de los Presupuestos... Las conversaciones han sido intensas. Y, finalmente, la vía escogida es la del gasto.
Es una evolución, sin duda, en una coalición que llegó a vivir momentos de gran tensión en los primeros consejos de ministros del confinamiento. Fueron unos cónclaves, especialmente en lo relativo a la aprobación del Ingreso Mínimo, en los que se evidenciaron las profundas diferencias entre dos formas de encarar las soluciones económicas, con Nadia Calviño a un lado y los ministros morados al otro. Pero eso es ya historia. Ahora la coalición rema al unísono hacia la mayor inversión pública de la historia.
Con el techo de gasto planteado para 2021 y la suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno da un paso más en la traslación del pacto de investidura al primer gran documento económico tras la pandemia. Es, en boca de un alto cargo del Gobierno, poner en marcha un "talante más keynesiano". "Ha muerto la austeridad, ha sido derrotado el núcleo de la ideología neoliberal", celebraba Unidas Podemos en un mensaje enviado a sus bases a primera hora de la tarde.
Estos postulados, inéditos hace seis meses, han sido, por tanto, asumidos por el área económica del Gobierno que, liderada por la vicepresidenta Calviño y representada en esta negociación por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha interiorizado la orientación de la política económica del Ejecutivo de coalición a medio plazo. Lo que hasta hace unas semanas parecía complicado, como era derogar las reglas fiscales, se ha convertido en una realidad, no sin la ayuda de la Comisión Europea o del FMI, que han venido insistiendo en que las soluciones deben venir por este camino, pese a que la deuda y el déficit se disparen. En la FEMP de Abel Caballero, desde donde venían presionando en este sentido, también respiran tranquilos.
Pero negociar el techo de gasto en la coalición ha tenido alguna cuita interna. En los 196.100 millones finales se incluyen los 27.436 millones de los fondos europeos y los 13.486 millones que se van a destinar a las comunidades autónomas. Ahí no hubo ningún problema. Sí lo hubo a la hora de incluir la aportación directa de los Presupuestos que se va a hacer a la Seguridad Social por valor de 18.396 millones de euros, para recortar su déficit y cargar esa parte al del conjunto estatal. En eso el equipo de Calviño mostró sus reticencias pero, finamente, ha acabado imponiéndose la doctrina Escrivá. Es más, el ministro de Inclusión y Seguridad Social ha mostrado en esta materia más sintonía con los postulados de UP que con los del PSOE.
Con este reparto tan generoso el Gobierno soluciona, además, uno de sus últimos tropiezos políticos: la sonora derrota del decreto de remanentes. Hacienda ha realizado un concienzudo trabajo con sus servicios jurídicos para amarrar que la solución adoptada se ajusta a legalidad, de forma que los ayuntamientos puedan hacer uso de sus remanentes, bloqueados. La fórmula adoptada pasa por modificar el artículo 135.4 de la Constitución -el mismo que el PSOE cambio en 2011 y priorizar el pago de la deuda- para poder suspender esas reglas fiscales en caso de "catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados". Es decir, el hemiciclo validará la estrategia del Gobierno. No se espera que esta cuestión pueda ser rechazada de nuevo por la oposición.
La metamorfosis del Gobierno en los últimos meses ha sido, en definitiva, reseñable. Si el inicio de la crisis del Covid fue escenario de un pulso entre Calviño e Iglesias por las recetas a aplicar, la coalición sale ahora con un techo de gasto sin precedentes y apuntando a unos Presupuestos que también serán históricos. La sala de máquinas económica de Moncloa está en movimiento y apunta, además, a cuál es su prioridad a la hora de encarar la negociación de las cuentas públicas: el bloque de la investidura. La vía Cs se aleja un paso más tras el consejo de ministros de ayer en el que las políticas aprobadas se alejan de la ideología naranja.
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