Siete semanas ha costado al Gobierno conseguir el visto bueno final a la isla energética para la Península Ibérica. Entre el Consejo Europeo en el que Pedro Sánchez salió de la reunión preocupado por la falta de avances al Consejo de Ministros y la luz verde al tope al gas han transcurrido 49 días. No eran los planes de Transición Ecológica, que preveía tener amarrada la decisión en "tres o cuatro semanas". ¿Qué ha ocurrido para este retraso en una medida decisiva para comenzar a atajar la inflación? Un intenso tira y afloja con la Comisión Europea, una intensa presión de varios países y un completo despliegue de una parte del Ibex 35, liderado por las eléctricas, para hacer un control de daños. Moncloa cantaba ayer victoria tras mes y medio intenso, aunque su plan inicial era otro.
Sánchez se presentó ante Bruselas al inicio de la guerra en Ucrania con una posición de máximos. El plan inicial del presidente y de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, era desvincular el precio del gas de la factura eléctrica. No tuvo apenas recorrido. Moncloa inició entonces una gira europea por varios países antes del último cónclave europeo. Alemania siempre ha sido el principal escollo. Pero la emergencia energética llevó a los presidentes y primeros ministros más reacios a ceder. Sánchez salió de Bruselas hace ya siete semanas con el compromiso firma de la Comisión Europea de aceptar la excepción ibérica y eso, que Ursula von der Leyen se implicara, ha sido decisivo. Faltaba, eso sí, la letra pequeña, que es lo que más ha costado.
El sector eléctrico, apoyado por una parte de la gran empresa, se movió con intensidad en Bruselas. El objetivo era torpedear el plan del Gobierno, con el que no estaban de acuerdo. Lo llegó a verbalizar Ignacio Galán en público afirmando que “el camino” para reducir el precio de la electricidad en España no era un tope al gas sino modificar la tarifa regulada de la electricidad. Con ello se podría reducir el recibo final en un 30 o 40%, según explicó el presidente de Iberdrola. Más tarde subió el tono y calificó de “tontos” a los clientes que pagaban más, aunque luego pidió perdón por “zaherir” a los españoles. El Gobierno dijo que le parecían “bochorno” esas palabras.
Y es que tras la decisión que va aprobar este viernes el Consejo de Ministros extraordinario hay una victoria parcial del Gobierno contra estas eléctricas. Parcial porque las eléctricas no han dicho su última palabra y, según confirman tanto desde Iberdrola como desde Endesa, van a esperar a ver la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para proceder. No es que estén pensando en judicializar el decreto, pero sí quieren confirmar que se ha atendido a alguna de sus peticiones. Ribera ha procedido también a su propio control de daños y ha contactado con los principales 'lobbies' del sector.
120 euros/Mwh en la factura
Las últimas horas han sido decisivas en la negociación con Bruselas. La Comisión pidió al Gobierno español, y portugués, el diseño del mecanismo concreto para topar el gas. Querían conocer "la fórmula" esencialmente para saber quién pagará el coste de la compensación millonaria que hay que abonar a las empresas que no cobrarán su energía a precio de mercado.
Desde Transición Ecológica afirman que habrá una "derrama" que, previsiblemente, asumirán los consumidores con contratos a precios fijo y los mercados a plazo. Si hacemos caso a las pautas que se manejan en el mercado eléctrico, poner un tope al precio del gas de 48,8 euros el megavatio hora supone un coste aproximado en el recibo de la luz de unos 120 euros/MWh, una vez aplicados los costes del CO2, lo que supone un precio que es casi la mitad del que hay ahora, pero que está muy por encima (en el doble) del que teníamos hace un año, en las puertas del inicio de las tensiones y las subidas.
Un tope al gas de 48,8 euros/MWh supone dejar la factura a la mitad
La limitación en el precio va a ser importante para lo que se entiende como la tarifa regulada (PVPC) que pagan casi 10 millones de usuarios y que fluctúa con el mercado, si bien desde alguna asociación renovable del sector se ha llegado a defender que, para sufrir un coste elevado de 120 euros el megavatio, el efecto habría sido el mismo si se legisla para poner un precio fijo en esa tarifa y luego se aplican ayudas directas a los consumidores, sin necesidad de haber montado tanto lío en Bruselas.
Más allá de esos usuarios a tarifa regulada, en España (a diferencia de Portugal) el mercado funciona en su mayoría a través de planes a largo plazo (PPA), que se aprovechan de un precio fijo anual y, dependiente del tipo de cliente y el consumo que haga, pueden tener unos condicionantes financieros que hace que revierta en su propio beneficio un precio del mercado por encima de su tarifa. Con el nuevo sistema, esto no va a poder ocurrir, de forma que desde las comercializadoras y los generadores renovables se ha pedido a Transición Ecológica que la nueva regulación que se apruebe no perjudique las condiciones financieras de los contratos a largo plazo ya establecidos. Es decir, que se aplique la limitación y el nuevo precio a los contratos que se vayan a hacer a partir de ahora y, en su caso, a aquellos a los que la fórmula que se establezca para pactar el precio no les suponga un coste frente al modelo firmado, al menos hasta la fecha de renovación.
Fuentes del sector recuerdan que el tope al gas del Gobierno, tras tantos meses de negociación y que va a entrar en vigor justo cuando se cumple un año de las primeras tensiones de precios en la electricidad, va a ser una herramienta política de comunicación por parte del Gobierno y un tope temporal a la escalada de la inflación, más que una forma efectiva de frenar las tensiones internacionales de los costes energéticos. Moncloa, por su parte, considera que lo aprobado este viernes será decisivo para controlar a medio plazo el incremento de los precios.
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