El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se estrena en la recta final de 2023 con la principal cartera de acciones de propiedad estatal en máximos históricos en bolsa. La revalorización acumulada en lo que va de año supera los 4.000 millones de euros, o un 20% interanual, hasta situarse cerca de los 25.000 millones de euros. Es un rendimiento similar o algo inferior al que ofrece el índice de referencia Ibex 35 en el mismo periodo sin contar, en ambos casos, el pago de dividendos.
El Estado ha recuperado la totalidad del valor perdido en su cartera bursátil durante la pandemia, que llevó a una depreciación temporal de más de 5.000 millones durante el crash de febrero a marzo de 2020. Hoy, el valor agregado de las 8 empresas cotizadas en las que tiene intereses relevantes se coloca en zona de máximos históricos, similares a los que alcanzó a mediados de 2017. Lo hace en pleno rally generalizado en el último mes al calor de la pausa en los tipos de interés.
A la cabeza de esa recuperación se ha situado el monopolio de los aeropuertos españoles Aena, controlada en un 51% por EnAire, ente adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad que ahora está en manos de Óscar Puente. Ese porcentaje valía al cierre de este jueves 11.926 millones de euros, alrededor de 2.950 millones más que al cierre de 2022, según los datos consultados por 'La Información'.
Es la joya del patrimonio estatal después de haberse disparado más del 30% al calor del boom del turismo y el tráfico aéreo en España. Además, la compañía que gestiona Barajas y El Prat ha entregado a EnAire un dividendo de 363 millones después de la suspensión pandémica de estos pagos al accionista durante 2020, 2021 y 2022.
Caixabank, controlado en un 17,3% a través del fondo de resolución bancaria FROB (adscrito al Ministerio de Economía de Nadia Calviño), también ha puesto su granito de arena a que el patrimonio público crezca en bolsa. En este caso, el banco suma 265 millones de euros a la valoración, un 5% más.
El paquete de acciones estatal en el banco alcanza una valoración de 5.400 millones, que además es una de las fuentes de dividendo principales con un pago anual de casi 300 millones solo en 2023. El Gobierno ingresará a través de sus ocho cotizados algo más de 800 millones de euros por esta vía, el doble que en 2022 pero todavía lejos de los más de 1.000 millones que obtenía antes de la pandemia.
La SEPI, un tercio de la cartera en bolsa
Sin salir del sector aéreo, el 4,2% del capital de Airbus en manos del Gobierno español se erige en la segunda mayor aportación a la cartera con 720 millones más que al inicio de año. La multinacional europea -que también está participada por los gobiernos de Alemania, Francia e Italia- se ha revalorizado cerca del 19% y el valor del paquete minoritario de España ya vale 4.400 millones de euros.
La participación en el fabricante de aviones está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda de la nueva vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, que ha aumentado su poder en el tercer gobierno de Sánchez y es la candidata a 'número dos' del Ejecutivo si finalmente Calviño es elegida para el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Con excepción del presidente Sánchez, Montero sería la voz más poderosa del gobierno ante el mundo empresarial y el Ibex 35. No solo porque controla la máquina recaudatoria gubernamental a través de la Agencia Tributaria (AEAT) -que este año recaudará alrededor de 270.000 millones de euros en impuestos- o las Loterías y Apuestas (SELAE), que generan otros 9.000 millones en ingresos.
También es está en la cúspide de la cadena de mando del resto de participaciones estatales. Además de Airbus, la SEPI tiene participaciones en el gestos eléctrico Redeia-Red Eléctrica (20%), la tecnológica de defensa Indra (28%), el grupo de aerolíoneas IAG (2,5%), el gigante de la alimentación Ebro Foods (10,3%) y el gestor de la red gasista Enagás (5%). Las acciones en estas seis compañías valen algo más de 7.300 millones, una tercio del total en bolsa del Gobierno.
Todo eso sin contar la larguísima lista de empresas no cotizadas en las que el brazo inversor del Estado tiene intereses directos. Posee un 7,4% de la empresa de satélites Hispasat, el 24% de la aeronáutica Alestis, el 20% del gestor nuclear Enresa o el 100% de Corporación RTVE, Agencia Efe, Navantia, Correos... La mayoría de estas últimas arrastran graves pérdidas y requieren de aportaciones periódicas de capital. De no ser por el respaldo del estado, no serían viables salvo un cambio en la gestión.
En términos agregados, el Grupo SEPI que preside Belén Gualda obtuvo unos beneficios de 43 millones de euros en 2022, un 73% menos que los 159 millones de 2021. La cifra de negocio creció un 2% interanual, hasta 5.252 millones de euros, de los que el 37% es Correos, un 26% Navantia y un 25% Tragsa. Las participaciones minoritarias en bolsa aportan un resultado neto cercano a los 400 millones de euros, pero las no cotizadas generan números rojos que se comen casi toda esa cifra.
