Quizá porque no conviene irritar a las autoridades europeas ahora que la prolongación de la crisis amenaza con dejar descolgada a España de la recuperación o, a lo peor, porque los políticos que dirigen el país no terminan de entender el juego de equilibrios predominante en Bruselas, lo cierto es que nuestro Gobierno sigue haciendo méritos y numeritos como tonto útil por excelencia dentro de la alta clase comunitaria. La reducida influencia institucional es suplida con gestos de sumisión que, apelando a los valores supremos de liberalización económica, terminan por debilitar hasta la saciedad las capacidades de los agentes productivos para competir en igualdad de condiciones con sus pares y rivales extranjeros. Una situación que está adquiriendo proporciones grotescas ante los nuevos aires nacionalistas con que arrecia la pandemia en el Viejo Continente.
El nutrido grupo de vicepresidentas designadas por Pedro Sánchez en las diferentes áreas de la actividad económica no se ha enterado todavía de que los confinamientos y las cuarentenas han trascendido el ámbito sanitario para convertirse de un tiempo a esta parte en un emergente mecanismo de protección empresarial dentro de los más poderosos miembros de la Unión. Las históricas barricadas levantadas al otro lado de los Pirineos para impulsar a los mal llamados ‘national champions’ se están reforzando con la munición de esas multimillonarias ayudas financieras adoptadas por la Comisión Europea como fuerza de choque contra el coronavirus. Las viejas muletas estatales se esgrimen de nuevo como bastones de apoyo a los proyectos autóctonos, pero también como garrotes disuasorios para repeler cualquier expedición forastera que asome por el horizonte.
Notorio es el cierre de fronteras empresariales en Francia con el presidente de la República, Emmanuel Macron, invocando el carácter estratégico de sus grandes compañías de bandera. En el Elíseo no se cortan un pelo cada vez que tienen que mandar a tomar vientos a todos los pretendientes extranjeros ingenuamente convencidos de la supuesta reconstrucción europea. La ‘grandeur’ de la aldea gala está por encima de cualquier veleidad inversora que ponga en tela de juicio la plena integridad nacional de las marcas francesas, como han podido comprobar los tenderos canadienses de Couche-Tard con su osada e ingenua oferta de 16.000 millones de euros por Carrefour. Algo parecido le ha ocurrido también a ACS en su fallida intención de adquirir el 5% de Vinci en una operación acordada previamente como parte de la venta de Cobra al gigante francés de construcción e infraestructuras.
Desde que Teresa Ribera aseguró en 2019 un 7% de rentabilidad a las plantas renovables, los grandes fondos de inversión se han creído que en España todo el monte es orégano
El impune atrincheramiento del país vecino contrasta de forma hiriente con el reverencial temor que muestran los portavoces oficiales de nuestro Gobierno ante la ofensiva de esos aclamados ‘private equity’ extranjeros en busca desesperada de alguna plaza de aparcamiento que asegure la rentabilidad de sus ingentes excedentes financieros. Desde que Teresa Ribera, con la inestimable y conyugal colaboración de la CNMC, tiró la casa por la ventana a finales de 2019 garantizando una retribución superior al 7% a las plantas renovables, la inmensa mayoría de los fondos de inversión han entendido que en España todo el monte es orégano y que basta una cortés declaración de buenas intenciones para que nuestro Gobierno despliegue la alfombra roja como venerable testimonio de un plan de acogida que no tiene igual en toda Europa.
Resulta patético el despliegue de argumentos con que la máxima responsable energética trata de camuflar su apoyo a la OPA lanzada por el fondo australiano IFM sobre Naturgy. La vicepresidenta de la transición ecológica invoca los principios de estabilidad accionarial y vocación industrial para defender como si fuera suya la misma tarjeta de visita que ha puesto encima de la mesa el desconocido inversor llegado de las Antípodas. Teresa Ribera limita su única baza negociadora a la capacidad regulatoria que pueda adoptar el Estado a posteriori, como si eso fuera un poder soberano ejercido al margen de las influencias que profesan las entidades reguladas cada vez que tienen que jugarse los cuartos dentro del mercado energético y sus engrasadas puertas giratorias. En cuestiones de termias y kilovatios la experiencia ha demostrado que siempre se termina encontrando un roto para cualquier descosido.
Pedro Sánchez y sus ministras son incapaces de enderezar por si solos y solas la torcida evolución económica y se han entregado a la causa extranjera como solución a todos los males, lo que implica actuaciones tan rocambolescas como rescatar con el Fondo SEPI a una aerolínea ubicada en los rediles del chavismo o levantar de golpe y porrazo la barrera en toda la red nacional de ferrocarriles para facilitar la competencia desleal de los trenes estatales procedentes del exterior. Mientras el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, siga distraído en sus labores como secretario de Organización del PSOE, o quizá precisamente por eso, se antoja muy complicado que España pueda mantener la guardia alta con una política que defienda los intereses patrios en el mercado de los grandes servicios públicos integrados en lo que antes se denominaba el Grupo Fomento.
La empresa estatal francesa SNCF reclama ayudas para rescatar su filial Eurostar en la misma cuantía de la inversión presupuestada para entrar hasta la concina del AVE en España
La liberalización del AVE constituye un ejemplo lacerante del escaso respeto con que nuestros gobernantes se hacen valer en el concierto europeo. Después del fracaso que supuso hace años la apertura del transporte ferroviario de mercancías ahora resulta que dos compañías públicas como la SNCF y Trenitalia se aprestan a entrar en una guerra de precios contra la Alta Velocidad de Renfe aprovechando el respaldo financiero de sus respectivos Estados. Por si no fuera suficiente, el gigante galo se ha descolgado ahora en su país con una reclamación de ayudas destinadas a evitar la quiebra de su filial Eurostar, que opera la conexión del Túnel de la Mancha, en una cuantía de 600 millones de euros. La misma cifra, hete aquí, que la SNCF tiene presupuestada inicialmente para entrar hasta la cocina del negocio ferroviario en nuestro país.
El Reino de España sigue dando la callada por respuesta para no molestar a ninguno de los jugadores que barajan las cartas marcadas en los mercados internacionales. Mientras el BCE continúe tapando todos los agujeros el Gobierno podrá mantenerse corriendo como Aquiles detrás de esa tortuga de la recuperación que nunca llega. Nadia Calviño se ha tenido que tragar las previsiones que auguraban una reactivación en el último trimestre de 2020 y ahora todas las esperanzas se fían a la segunda mitad de 2021. Siempre y cuando la vacunación lo permita, lo cual depende del ritmo de dosis que suministre Europa. Una vez más el éxito o el fracaso doméstico se encomienda a agentes externos ante los que es menester cuadrarse en primer tiempo de saludo. Y lo que es peor, entregarles el santo y la limosna para que nadie se atreva a desvelar la gran trampa que subyace también en el manejo de la Administración Pública en España
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