La doble vara de medir con la empresa: más transferencias y menos ICOs

La crisis de la pandemia Covid-19 ha dejado un reguero de incoherencias en la gestión política desde que estalló en marzo. A golpe de ‘primero digo una cosa, pero luego todo lo contrario’, los ciudadanos asisten a un continuo espacio-tiempo de doble rasero desde lo sanitario, económico y político. El histórico acuerdo para crear un Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros en Europa ha dejado al desnudo -oh, sorpresa- cierta falta de coherencia de la clase política. 

La posición negociadora del Gobierno Sánchez en Europa ha demandado ‘transferencias’, un eufemismo para hablar de subsidios y ayudas a fondo perdido. A la vez, se rechazaban los 'préstamos' que, como todo el mundo sabe, hay que devolver con intereses, pasan a formar parte de la deuda acumulada y son un yugo del prestamista hacia el hipotecado. Nada es gratis.

Hasta ahí es la postura lógica, más inteligente y conveniente para el país: conseguir asistencia financiera a bajo coste o casi cero. Llegará a partir de 2021 a España en forma de 72.700 millones en ayudas y 67.300 millones en préstamos. Todo con cargo a los Presupuestos de la Unión Europea (UE), que emitirá deuda comunitaria hasta multiplicar por quince su saldo actual de eurobonos. Una victoria para el poder desde Europa y una derrota para la soberanía fiscal de los países miembros, lo cual, no lo duden, es bueno. Como los presupuestos se financian a través de los estados y, a su vez, con impuestos de los ciudadanos, en realidad, todo lo terminará pagando usted.

Lo malo es que fuera de la oscuridad y la opacidad de la cumbre de líderes europeos, el mensaje gira 180 grados cuando el político cambia de lado en la mesa de negociación y pasa de pedir... a dar. Hay un colectivo estratégico que está sufriendo esas dos caras con gran crudeza mientras se recrudece la crisis económica. Son los empresarios. Se les exige esfuerzo fiscal ante la crisis y se les anima a endeudarse por su cuenta y riesgo para sostener sus empresas y empleados. ¿Que se busquen la vida para hacerlo?

Se vende como la panacea la concesión de avales del ICO o préstamos para empresas vía bancos privados, pero a la vez se niegan rebajas fiscales o las transferencias en forma de inyecciones de capital desde el erario público. O estas se realizan en condiciones leoninas. Parece que aquí ya no vale el mismo argumento usado por la diplomacia española en el Consejo Europeo de más transferencias y menos créditos. ¿Sobrevivirá un negocio que se sobrecarga con deuda para suplir un escenario de 'ingresos cero' como ha sucedido durante el confinamiento? ¿Cómo podrá dar servicio o pagar esa deuda adicional en el futuro? ¿Son negocios zombi e insostenibles?

En Alemania o Francia no han dudado ni por un momento en acometer rescates empresariales con dinero público ante la excepcionalidad de la situación. Esas empresas como Lufthansa entre las aerolíneas, Renault en el automóvil o decenas de pymes francoalemanas -igual que las españolas, pero con tres o cuatro veces su tamaño- sobrevivirán a la crisis y saldrán más fuertes en detrimento de las compañías españolas o de las filiales extranjeras con presencia en España. En Berlín o París saben bien de las capacidades tractoras para tirar de la economía de sus empresas punteras.

Moncloa parece haber tomado nota cinco meses después del inicio de estos movimientos preventivos al norte de los Pirineos enfocados a proteger empresas, sus negocios y los empleos asociados. ¿Llega tarde? El Gobierno prevé usar la SEPI, el brazo inversor del Estado en compañías que se encuentren en problemas pero que tengan un plan de viabilidad. Iberia, Air Europa, Duro Felguera… Abengoa, la mayor multinacional andaluza, parece llamada a estrenar este nuevo esquema de ayudas a fondo perdido que permitirá, entre otras cosas, evitar un gran agujero a los bancos.

La cuestión es si el Estado debería acudir a su rescate con los fondos anunciados de 10.000 millones o, en cambio, debe aplicar un triaje para reforzar empresas con mayores probabilidades de supervivencia frente a las que ya estaban al borde la desaparición. Otra de las medidas anunciadas es rellenar con 2.500 millones la dotación del Fondico, el fondo de fondos de capital riesgo del ICO, para que siga invirtiendo en fondos privados que a su vez invierten en empresas.

Las cuentas públicas aguantan carros y carretas: déficit año tras año o endeudamiento hasta doblar sus ingresos anuales. ¿40% del PIB como en 2008? ¿70% como en 2011? ¿98% como en 2017? ¿120% en 2020? Y nada cambia. Nadie parece exigir cuentas porque la crisis de la pandemia del Covid-19 ha eclipsado por completo una situación que ya era problemática en la gestión del dinero público.

En el caso de las empresas, si año tras año se sumerge en números rojos solo quedan dos opciones: cierra o recaudar capital de inversores para seguir adelante. Existe la causa legal de disolución que obliga a liquidar cualquier proyecto empresarial con pérdidas recurrentes y patrimonio negativo. Ese escenario futuro lleva a muchas compañías a realizar ajustes de costes y de plantilla como prevención ante de la caída de su cifra de negocio.

Lo que parece fácil de entender en el mundo real, no trasciende a la escena política. Parece que da igual que sea el fondo soberano de Arabia Saudí, Japón o Singapur el que financie a España vía deuda pública, mientra financie. Luego llegarán las contraprestaciones. Siempre habrá alguien dispuesto de poner el dinero para un estado pero no para una empresa que debe presentar un plan de negocio y cumplirlo. Hasta Argentina, el peor de los países con sus deudas, consigue crédito ya sea de ‘hedge funds’ o inversores de lo más exótico. Hasta el Govern de Carles Puigdemont en 2017, con los bolsillos vacíos y en quiebra segura, se manejaba a las mil maravillas con fondos soberanos dispuestos a dar mandato para financiar la aventura.