En un auto de 178 páginas fechado este lunes, Calama sobresee la causa sobre el sucesor de Ron al frente del banco, Emilio Saracho, al no haber intervenido en dichas vulneraciones de la normativa contable.
El expresidente del Banco Popular ha solicitado al juez que se le conceda el sobreseimiento después de que un informe del Banco de España afirme que los inversores obtuvieron rentabilidades satisfactorias de la operación
Los técnicos han analizado los activos adjudicados del banco, la compra de la entidad Banco Pastor, los recursos propios, el folleto de emisión de la ampliación de capital y los posibles daños sobre los inversores.
El expresidente de la entidad extinta ha negado ante el juez irregularidades en la operación y ha recordado que se realizó en un momento en el que el sistema financiero español estaba sometido a test de estrés.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha prorrogado la investigación, al menos, seis meses más para que los peritos ratifiquen sus informes y para dar tiempo al Banco Santander a encontrar documentos.
El expresidente de la entidad rebate el informe del Banco de España que concluye que en 2015 se debió declarar pérdidas por más de 1.000 millones y presenta un análisis sobre el Gobierno corporativo.
El expresidente defendía que cumplía de sobra las ratios de capital y liquidez, y varios consejeros dijeron ante notario haber acordado que no era viable sin haber sido advertidos de las consecuencias de sus actos.
El Tribunal Supremo acepta revisar su jurisprudencia para aclarar si el banco que preside Ana Botín debe responsabilizarse también de las sanciones al banco extinto por el incumplimiento interno de las normas.
Tras una época dorada, en la que llegó a ser catalogado como la entidad más rentable del mundo, se convirtió en el primer banco intervenido por parte de las autoridades europeas.
El expresidente del banco extinto reprocha a Anticorrupción que trate de aplicar de manera retroactiva las conclusiones del organismo europeo y ponga en duda la "imagen fiel" de la entidad a finales de 2015.
La asociación AEMEC, que ejerce como acusación en el caso que investiga la Audiencia Nacional, considera que la "maliciosa gestión" de Emilio Saracho provocó la resolución de la entidad en junio de 2017.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidió crear una pieza separada para profundizar en la financiación de clientes del banco para la ampliación de capital por más de 2.500 millones en 2016.
El instructor de la Audiencia Nacional solicita esta documentación requerida por los peritos del Banco de España para poder ampliar un informe entregado en 2019 sobre el déficit de provisiones del banco extinto.
El magistrado José Luis Calama advierte a los peritos judiciales que han tenido "tiempo suficiente" para entregar su análisis sobre la posible financiación de clientes para la suscripción de acciones en 2016.
Subraya que la entidad 'heredera' tiene dificultades para encontrar toda la documentación reclamada por el juez. No descarta la posibilidad de practicar nuevas diligencias tras escuchar a los funcionarios del BCE.
La Sala de lo Contencioso Administrativo ha rechazado los recursos presentados y ha confirmado las sanciones impuestas tanto a la entidad como varios de sus dirigentes, incluido su expresidente Ángel Ron.
Rodrigo Buenaventura, presidente del organismo, ha asegurado ante el juez que no hallaron pruebas de delito por la publicación de noticias, ya que la información se basaba en elementos que eran ciertos.
El magistrado José Luis Calama da siete días para que aporte estos e-mails junto a los mensajes del expresidente Jaime Ponce en los que afeó a la presidenta de la JUR la filtración de la resolución del banco
Le da la razón en este punto, pero confirma que debe devolver unos 230.000 euros al Santander. El banco de Botín reclamó que devolviera las retribuciones cobradas un año antes de la caída del Popular.
El magistrado aclara que Ponce vivió en primera persona el mecanismo de resolución del banco y, por tanto, es "un testigo privilegiado que puede aportar datos esenciales sobre cómo se gestionó el proceso".
El de las tasaciones ha sido un asunto recurrente en la instrucción por el juz, sobre todo después de que los peritos del BdE pusieran reparos en las tasaciones efectuadas por el banco hasta finales de 2016.
El heredero del Popular se niega a congelarles los préstamos adquiridos en la ampliación de capital de 2016 y les acusa de entorpecer la causa.
Vuelve a imputar a un exdirectivo del banco y con él van 7 los que tendrán que rendir cuentas por financiar a clientes para participar en la ampliación.
El banquero niega filtrar información negativa del banco, desmiente que su única alternativa fuera venderlo y dice que no negó el proyecto estrella de Ron.
El juez y Anticorrupción se niegan a filtrar datos confidenciales pese al requerimiento de cerca de 40 documentos del magnate mexicano Del Valle.
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