La Fiscalía Anticorrupción recoge en su escrito el último informe policial, en el que se transcriben conversaciones del ex 'número dos' de Interior Francisco Martínez y el comisario José Manuel Villarejo.
El equipo jurídico de la eléctrica recurre la última decisión del juez Manuel García Castellón, relativa al archivo de la causa con respecto al exdirectivo que elaboró un informe contrario a la cúpula directiva.
Los acusados se presentaron como intermediarios de un banco chino a clientes que buscaban financiación para hipotecas e inversiones. Tras cobrar gastos de gestión, las operaciones no se llegaron a materializar.
El magistrado instructor debe escuchar a tres testigos para aclarar los trabajos del comisario Villarejo. Mientras, la Sala resolverá el recurso de Anticorrupción contra la exoneración del presidente.
El expresidente del FC Barcelona ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de organización criminal, denuncias falsas, falsedad documental y detención ilegal.
La sección tercera de lo Penal ha estimado parcialmente un recurso de Pablo Iglesias y ha revocado la decisión del juez Manuel García Castellón de poner fin de la instrucción de esta pieza del caso Tándem.
El presidente del CGPJ defiende la independencia de los jueces y asegura que España es el país con más condenas a banqueros y que ha sentado en el banquillo a más miembros de las altas instancias políticas.
García Castellón ordena a la Policía analizar estos desplazamientos y su forma de pago antes de cerrar la investigación sobre la actuación del comisario para recuperar las barras valoradas en 12 millones de euros.
La Fiscalía apoya con PSOE y Podemos la necesidad de incluir en la macrocausa los audios de la exsecretaria general del PP y el comisario jubilado, pero advierte que el caso Kitchen no se puede reabrir.
Mientras que Hacienda sostenía que dichos intereses eran "liberalidades", el Tribunal Supremo recuerda que no se podrán considerar liberalidades los gastos por relaciones públicas con clientes o proveedores.
El periodista trata de 'tumbar' la sanción de 270.000 euros que ejecutó la Agencia Tributaria por cobrar a través de su sociedad Producciones Deportivas Brunete.
En un auto, el magistrado admite una solicitud de la Asociación de Juristas Europeos Prolege y deduce testimonio a los juzgados de instrucción de Madrid respecto a la supuesta comisión de dicho delito.
En concreto, se trata de dos cancelaciones en el aeropuerto de Barcelona con origen o destino a Ginebra y otras dos en el aeropuerto de Palma de Mallorca con origen o destino Londres.
El juez de la causa en la que se investiga al productor José Luis Moreno por delitos de estafa y organización criminal ha decretado su arresto, ya que los investigados no notificaron por adelantado que no asistirían.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha prorrogado la investigación, al menos, seis meses más para que los peritos ratifiquen sus informes y para dar tiempo al Banco Santander a encontrar documentos.
Los trabajadores de EsayJet reclaman recuperar los salarios de antes de la pandemia, una vez la compañía ya opera con niveles de ocupación de los vuelos similares a los de antes de la covid-19.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha establecido el 57% para los vuelos con base en Palma de Mallorca, el 60% para Málaga y del 61% en los aeropuertos de Barcelona y Menorca.
En los últimos años los tribunales se han inundado de querellas de miles de perjudicados. Los expertos alertan de la falta de recursos humanos y materiales especializados para luchar contra los ciberdelitos.
El comisario sufrió un ictus leve a finales de junio y el tribunal decidió eximirle de asistir a la vista oral hasta septiembre. La defensa del expolicía critica la situación y la califica de "arresto domiciliario".
La Audiencia Nacional pregunta a Fiscalía si tiene competencia para analizar las querellas de afectados por esta presunta estafa piramidal que se extendió por varios países de Europa, África y América del Sur.
Alegan que el juez de Madrid que admitió la 'macrodenuncia' contra el grupo de restauración ya no tiene competencia porque los hechos podrían haber causado una grave repercusión en la economía nacional.
La empresa financiera de los grandes almacenes presentó una demanda contra el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ante la Audiencia Nacional tras reclamarle el abono de 640.236,65 euros.
El juez Alejandro Abascal señala que recientemente ha solicitado a la IGAE una ampliación de los informes entregados el pasado mes de mayo sobre el posible desvío de subvenciones públicas y fondos de la Liga.
Los accionistas de la matriz agrupados bajo Abengoashares ven agotadas las posibilidades de quedar resarcidos. La única opción, en la que no todos creen, es gastar una última bala en la Audiencia Nacional.
El magistrado instructor acordó el archivo de la querella de la eléctrica contra José Antonio del Olmo por falsedad documental. El exjefe de Seguridad quiere saber si la investigación por cohecho se mantiene.
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