El órgano judicial dio luz verde el jueves pasado el informe, crítico con el anteproyecto del Ejecutivo, al considerar que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica".
El presidente ha asegurado que el derecho a la vivienda será uno de los ejes del Ejecutivo y que prohibirá su venta a fondos buitre, mientras pide la abstención al PP en la votación de la reforma laboral del jueves.
Los cinco vocales que firmaron un voto particular consideran que el órgano ha querido reducir el derecho constitucional a la vivienda a "un mero recurso retórico", en un intento de burlar el tenor de la Constitución.
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) ha dicho que es "esencial" la existencia de una "regulación homogénea del derecho a la propiedad en todo el territorio nacional.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha enmarcado el informe crítico del poder judicial dentro de la "reacción de la derecha, que era de esperar, porque ha pasado otras veces".
La ministra de Transportes lanza un órdago después de que el Consejo General del Poder Judicial tumbase esta iniciativa y asegura que esta saldrá adelante: "No nos moverán de nuestros objetivos", ha remarcado.
Ha recordado que España ha recuperado ya la cifra de 20 millones de ocupados y ha destacado que "todos los indicadores" se encuentran ya en niveles prepandemia.
Desde el socio minoritario de la coalición se han expresado dudas sobre una posible marcha atrás en los aspectos más ambiciosos del proyecto. La formación morada teme un rechazo claro por parte del CGPJ.
"Vamos a leer el informe, lo respetamos, no tenemos ánimo de polemizar, vamos a leer sus argumentos", ha indicado Félix Bolaños.
"Ahora cuando se aprueba un marco estatal que pueda regular el alquiler se dice que el Gobierno se ha extralimitado", ha enfatizado Serra.
La nueva propuesta de informe sobre el anteproyecto de Ley de Vivienda subraya que se generarán situaciones de inseguridad jurídica al existir una normativa estatal y otras autonómicas distintas entre sí.
La responsable del departamento de Agenda Urbana sostiene que esta normativa "será una realidad" pese a que aún están a la espera del veredicto del Consejo General del Poder Judicial que permita dar luz verde.
En todo caso, la ministra ha asegurado que esperará al informe del CGPJ para aprobar la Ley de Vivienda, aunque dicho documento sea necesario pero no vinculante.
Por otra parte, el presidente del Gobierno ha afirmado que el bono de 250 euros para jóvenes destinado al alquiler de vivienda es una política que "ha nacido para quedarse".
Continúa con su trabajo y "ventilando" los asuntos del día a día desde su domicilio. Esto hará posible que pueda asistir este jueves de forma telemática a la reunión semanal de la Comisión Permanente del órgano.
El organismo judicial acordó por 15 votos a 6, rechazar la propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y elaborar un nuevo texto.
La propuesta del vocal Álvaro Cuesta ha recibido 15 votos en contra y seis a favor. El órgano de gobierno de los jueces ha designado dos nuevos ponentes para redactar otro informe, que se debatirá el 27 de enero.
Destacan la importancia de que en la futura ley de vivienda se delimite el concepto de "zona de mercado residencial tensionado" y de su específica regulación, ya que marcará cómo será la intervención pública.
La formación morada no figurará en el texto de ley propuesto por las entidades sociales ya que su socio de Gobierno decide no apoyarla y les insta a centrarse en el anteproyecto pactado entre ambas fuerzas.
"No la podemos apoyar", ha zanjado el portavoz socialista, antes de confirmar que votarán en contra de esta iniciativa, dejando la puerta abierta en todo caso a negociar cambios.
"Sabemos que cuando se le da un subsidio a un comprador en un mercado, ese tipo de ayudas se acaban traduciendo en mayor precio para arrendadores", afirma el director general de Economía y Estadística.
"Esta ley permitirá conformar parques públicos de vivienda y ofrecerá mecanismos para proporcionar casas dignas y asequibles a los sectores menos favorecidos, además de soluciones a los desahucios".
Pérez de Leza ha admitido que todavía necesitan un tiempo para analizar las consecuencias de esta nueva ley, si bien ha asegurado que su aprobación "no es una buena noticia".
La correduría de seguros inmobiliarios advierte de que esta ley terminará perjudicando a los propios inquilinos e insiste en que el sector de la vivienda debe ser el motor de la recuperación de nuestro país
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