1.720 millones de euros. Es la cantidad que la Comunidad de Madrid reclama al Estado en materia financiera, según explican a La Información fuentes de la Consejería de Hacienda. El equipo de Isabel Díaz Ayuso considera que el Gobierno central está aplicando para el reparto de varias ayudas unos criterios en los que que perjudica o genera un perjuicio a la región por más de 1.200 millones. A ello hay que añadir que el Ejecutivo autonómico mantiene otras dos reclamaciones judicializadas en la Audiencia Nacional por un importe superior a los 400 millones. El equipo de la candidata del PP ha fijado su objetivo en Pedro Sánchez y Moncloa de cara a la batalla del 4 de mayo y la contienda también se está librando en el terreno económico.
La primera reclamación del Gobierno autonómico hace referencia al efecto que generó el Sistema Inmediato de Información del IVA, una medida que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017. En concreto, según la Consejería que dirige Javier Fernández-Lasquetty, el Gobierno central aún tiene pendiente repartir el mes de IVA que se quedó sin transferir a las autonomías como consecuencia de la reforma del tributo. En el año 2019, añaden las mismas fuentes, Hacienda, ya con María Jesús Montero al mando, transfirió al a Comunidad de Madrid once mensualidades en lugar de las doce previstas. Consecuencia: Sol reclama un total de 358,9 millones de euros en esta primera partida.
A ella hay que añadir la diferencia en la cuantía de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica para el año 2019. La cantidad transferida por el Ministerio de Hacienda, denuncia el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, fue inferior en 53,6 millones de euros a la cantidad comunicada previamente. Según la Consejería madrileña la decisión de rebajar esta transferencia se hizo "sin ninguna justificación".
Sánchez y Ayuso, Moncloa y Sol. La contienda no sólo es política, también se está librando en la economía y los impuestos
Ambos asuntos, tanto el mes de IVA como las entregas a cuenta, se encuentran pendientes de sendos recursos que el Gobierno regional presentó en 2019 ante la Audiencia Nacional. En concreto, el Gobierno de Ayuso entendió que el Ejecutivo central estaría vulnerando el principio de "lealtad institucional" que señala que "en el marco del principio de lealtad institucional, la Administración General establecerá́ todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas contengan la valoración correspondiente".
La Comunidad de Madrid entiende, además, que el Gobierno de Sánchez está perjudicando a la región en el reparto del fondo REACT-EU, el fondo de recuperación de la Unión Europea cuyo reparto asignó Hacienda en base a tres criterios: el PIB de cada autonomía, el nivel de desempleo y el paro juvenil. A Madrid, según esta normativa fijada por el Ministerio, le corresponden 1.284 millones de euros, un 12,84% de una partida de 10.000 millones. Pero la Consejería madrileña denuncia que se trata de una cantidad "muy inferior a la aportación de la Comunidad de Madrid al PIB nacional, el 19,24%". "Aplicando esos criterios -añaden- se ha restado a la Comunidad de Madrid un importe de 640 millones de euros".
La última partida que reclama el Gobierno madrileño tiene que ver con el reparto del fondo de ayudas directas a la solvencia empresarial aprobado que aprobó el Gobierno el pasado mes de marzo. En total, el Ejecutivo central puso a disposición de las comunidades autónomas un fondo de 7.000 millones de euros. A Madrid le han correspondido, tomando los mismos criterios que el REACT-EU, 679,3 millones de euros. Pero el equipo de Lasquetty denuncia lo mismo, que se debería haber tenido en cuenta la aportación del PIB. En ese caso, según sus cálculos, "la asignación debería haberse elevado a 1.346,8 millones de euros". "Por tanto, el perjuicio para la Comunidad de Madrid se concreta en 667,5 millones de euros", concluyen.
Sánchez y Ayuso, Moncloa y Sol, han establecido una dura contienda política de cara al 4-M en la que la economía y los impuestos son uno de los aspectos más destacados. El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha asegurado que, si gobierna, no tocará los tributos autonómicos mientras que la candidata del PP ha prometido una rebaja del IRPF de medio punto y una mayor bonificación del impuesto de Donaciones y Sucesiones para tíos y sobrinos del 15% al 25% y para hermanos del 10 % al 20%. Estas dos últimas medidas beneficiarían a 11.000 madrileños, según los populares.
El PSOE, por su parte, quiere potenciar el discurso económico en esta campaña y por eso Sánchez ha encargado a Reyes Maroto ser la vicepresidenta económica madrileña si Gabilondo consigue gobernar. El movimiento de la ministra de Industria no significa que vaya a abandonar el Gobierno, todo depende del resultado del 4-M. En la lista del PSM, no obstante, hay un perfil económico de peso. Se trata de Juan Lobato, técnico de Hacienda del Estado y alcalde en la actualidad de Soto del Real. Es el número cuatro de la candidatura y se sitúa como peso pesado del futuro grupo parlamentario.
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