El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, planea introducir un régimen transitorio dentro de la reforma de la jubilación anticipada que estos días negocia con los agentes sociales y que pretende aprobar antes del verano para evitar interferir en los procesos de ajuste de plantilla que muchas empresas - entre ellas algunas de las más importantes del país - han iniciado en las últimas semanas como consecuencia de los daños causados por la pandemia en sus balances, según aseguran fuentes conocedoras de los trabajos que se están desarrollando en ese ámbito por parte del Ministerio. El objetivo es aportar un punto de seguridad jurídica a las negociaciones ya abiertas por empresas y sindicatos en compañías como BBVA, Indra, Airbus o Santander, que en no pocos casos se traducirán en prejubilaciones a las que podría ser de aplicación el nuevo marco regulatorio - más estricto - en el que está trabajando Escrivá.
El régimen transitorio que está perfilando el Ministerio tiene previsto garantizar la aplicación de la legislación vigente en la actualidad a los trabajadores que salgan prejubilados de sus empresas en los procesos ya en curso y, por tanto, la no aplicación a los mismos del nuevo régimen de penalizaciones a la jubilación anticipada que saldrá de la negociación que Seguridad Social mantiene con los agentes sociales. Consultado sobre el particular, el Ministerio ha preferido no pronunciarse con el argumento de que no comentan cuestiones que están en negociación, si bien sí recuerdan que el ministro ya ha dicho en varias ocasiones que la aplicación de la reforma de pensiones se realizaría de una forma gradual.
El ministro también ha avanzado en más de una ocasión que uno de los principales objetivos de la reforma de la jubilación anticipada será acabar con la "anomalía", según sus propias palabras, de que los trabajadores en bases de cotización más altas apenas vean reducida su pensión por jubilarse dos años antes de la edad legal y se libren 'de facto' del impacto de los coeficientes reductores previstos en la ley precisamente para inhibir o, en su caso, penalizar el retiro anticipado de los trabajadores. El asunto tiene una incidencia muy directa sobre los planes de prejubilaciones de las empresas, especialmente en el caso de las más grandes, ya que les permite diseñar sus planes sobre la base de que los afectados/beneficiarios con rangos salariales altos podrán acceder al sistema público de pensiones a los 63 años con la garantía de que percibirán la prestación máxima del sistema y por tanto una renta más que digna, que por ejemplo en 2021 será de 37.904 euros anuales.
Esa dimensión de la planificación financiera de los programas de prejubilación de las empresas, que se apoya de alguna manera en la cobertura que ofrece el sistema público de pensiones, es con la que quiere acabar el ministro Escrivá. Su intención ya conocida y planteada a los agentes sociales es que los coeficientes reductores por jubilación anticipada (que pueden llegar a ser hasta del 8% anual) se apliquen de forma directa sobre la prestación de jubilación resultante y no sobre la base reguladora, como sucede en la actualidad. ¿Por qué? Porque el exceso de cotización de las rentas más altas respecto a la pensión máxima que tienen derecho a percibir, agravada en los últimos años por las fuertes subidas de las bases máximas de cotización decretadas por el Gobierno Sánchez para paliar la escasez de ingresos del sistema, hace que al aplicar esos coeficientes reductores la pensión resultante siga situándose por encima de la prestación máxima del sistema, lo que les blinda frente a cualquier penalización.
Empresas y sindicatos habían trasladado ya al equipo de José Luis Escrivá su inquietud sobre este asunto. Temían que la reforma pudiera afectar a los trabajadores prejubilados en los últimos años que todavía no hubieran alcanzado la edad de jubilación y que se generara un agravio comparativo dentro de una misma empresa en función del momento en que el trabajador hubiera llegado a los 63 años. Un exalto funcionario de la cúpula de la Seguridad Social señala que éste sería un escenario posible, ya que en la legislación de Seguridad Social rige el principio del hecho causante, que obliga a la Administración a aplicar la norma vigente en cada caso en el momento en que un trabajador entre en el sistema de protección de la Seguridad Social, es decir, en el momento de la jubilación, no en el momento en que acordó un plan de prejubilación con su empresa.
La preocupación se ha redoblado a medida que grandes empresas como Santander, Airbus, Indra o BBVA anunciaban planes de prejubilaciones para amoldar su plantilla a las necesidades del mercado 'post-covid'. Surgieron entonces las dudas sobre si a estas prejubilaciones les sería de aplicación la legislación vigente en la actualidad o la que saldrá del proceso de negociación que Seguridad Social tiene abierto con los sindicatos y, según las fuentes consultadas, fueron las propias empresas y los representantes de los trabajadores los que de forma directa o a través de sus organizaciones representativas plantearon estas dudas en el Ministerio.
El asunto afecta sobre todo a los trabajadores, que podrían ver como su pensión de jubilación queda recortada si se les aplicaran los coeficientes reductores del modo en que pretende regularlos la Seguridad Social en el momento de jubilarse. La preocupación empresarial venía por otro lado, por el del coste financiero de los planes, ya que como asegura una fuente empresarial: "No es lo mismo negociar un esquema de indemnizaciones por prejubilación sobre la base de que el trabajador va a percibir la pensión máxima en el momento en que se jubile, que sobre un recorte de entre el 12% y el 16% en su pensión desde el momento en que se jubile".
Fuentes del diálogo social admiten que la habilitación de un régimen transitorio sería "la solución más adecuada" en el contexto actual, ya que aportaría certidumbre tanto a las empresas como a los trabajadores inmersos en proceso de ajuste de plantilla.
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