El Gobierno se inclina por focalizar las ayudas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en las empresas que todavía no han podido retomar la actividad por la persistencia de la emergencia sanitaria. Así lo han avanzado en la rueda de prensa tras la reunión celebrada con los agentes sociales en Palma de Mallorca para abordar el nuevo marco regulatorio que pretenden poner en marcha a partir de octubre. La negociación de la nueva prórroga girará en torno a la idea de destinar mayores recursos públicos, como pueden ser las exoneraciones de cotizaciones sociales, a aquellas compañías (y por ende, trabajadores) que tengan una mayor proporción de la plantilla en suspenso o permanezcan totalmente cerradas a causa de la pandemia.
La 'cumbre de Mallorca' ha dado el pistoletazo de salida a las negociaciones para la nueva prórroga de los ERTE. Allí se han dado cita la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Esta primera toma de contacto continuará con una reunión el próximo lunes, donde los equipos técnicos empezarán a dar forma a ese nuevo marco jurídico bajo la premisa de "ayudar a los que más lo necesitan".
La discusión en este primer encuentro, en un escenario minuciosamente escogido por el impacto de la crisis en el sector turístico, se ha centrado sobre si prorrogar los ERTE por sectores o de manera generalizada. Los agentes sociales han coincidido en que hay que focalizar las ayudas, pero no en función del sector o el territorio, sino canalizando el esquema de protección hacia las empresas que más lo necesitan. En este sentido, tanto Díaz como Escrivá han garantizado que el turismo tendrá una especial cobertura en el nuevo marco jurídico, pero que "no se dejará caer a ninguna empresa en ningún sector en un momento de extrema necesidad", en palabras de la ministra de Trabajo.
El titular de Seguridad Social, por su parte, ha coincidido con este planteamiento de focalizar las exoneraciones de cotizaciones en las empresas que sigan sin poder retomar la actividad. La idea la dejaba caer minutos antes Garamendi, haciendo un llamamiento a financiar a las empresas que generan empleo, porque "el empresario no va a contratar porque le financien un 12% coste laboral, pero afrontará un grave problema de liquidez si tiene que pagar la Seguridad Social y no tiene actividad". Fuentes de la patronal explican que se trata de "cargar las tintas" en las compañías donde hay más afectados por ERTE o están completamente cerradas, independientemente del sector o el territorio y, en paralelo, incentivar la demanda.
El líder de CCOO, por su parte, ha coincidido en la necesidad de renovar los ERTE como "alternativa a los despidos" y de mantener la figura del ERTE de rebrote para las actividades que vuelven a tener limitaciones como consecuencia de la segunda oleada de contagios que sufre todo el país. Aunque Sordo ha rechazado un sistema "estrictamente sectorializado", sí se ha alineado en la dirección de concentrar las exoneraciones en los sectores que más están padeciendo los efectos de la pandemia, siempre "apoyando a las empresas y los trabajadores, de manera que nadie se quede atrás".
De su lado, el secretario general de la UGT ha pedido que los ERTE duren "el tiempo que sea necesario", un posicionamiento que comparte el Gobierno, aunque cuentan con importantes "limitaciones presupuestarias", según ha admitido Pepe Álvarez. La fecha no ha sido objeto de discusión en esta primera reunión, si bien Garamendi ha sido tajante al respecto al exigir que la prórroga abarque, como mínimo, hasta el mes de junio de 2021. Cuerva, desde Cepyme, ha pedido "poner toda la carne en el asador ahora para no lamentar en otoño o invierno que no se hizo todo lo posible para salvar el tejido productivo y, por ende, el empleo y la sociedad".
Recorte en las prestaciones
Ambos líderes sindicales han dejado clara una línea roja en las negociaciones: que los trabajadores que lleven seis meses en situación de ERTE no vean rebajada su prestación desde el 70% de la base reguladora hasta el 50%, tal y como establece la ley. Los representantes empresariales han coincidido en esta demanda y la ministra de Trabajo ha asegurado que la intención del gobierno es mantener ese nivel de protección a través de un cambio normativo de la reforma que introdujo el PP en 2013. Desde CCOO, Sordo ha asegurado que la derogación de esta norma, que permitiría "recuperar derechos arrebatados", supondría un gasto de 970 millones de euros al año, según los cálculos del sindicato.
Los agentes sociales también han pasado de puntillas por otra cuestión tan relevante como es la cobertura jurídica y económica de los padres que no puedan acudir a sus puestos de trabajo por tener que cuidar de sus hijos en caso de brote de Covid en el colegio, cuando el menor a cargo se encuentre en situación de cuarentena preventiva. El asunto se abordará la semana que viene, según han explicado, pero Escrivá ya ha adelantado que varios ministerios están ultimando un cambio normativo para cubrir este supuesto.
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