Sánchez tensa la cuerda con Bruselas: más gasto, más déficit y más deuda

El Fondo Monetario Internacional ha sido el último organismo en lanzar la advertencia: el crecimiento económico va camino de ralentizarse, la política monetaria va camino de endurecerse y hay países europeos - entre los que incluye a España - que no han aprovechado hasta ahora las favorables condiciones del contexto económico para poner sus cuentas en orden y que parece que tienen la intención de "hacer poco o nada en absoluto" por mejorar su situación financiera.

Una vez con el aval de Bruselas en el bolsillo para 'normalizar' una senda de reducción del déficit que había sido desbordada - al menos en lo referente a 2018 y 2019 - tras el acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV para actualizar todas las pensiones con el IPC, el Gobierno socialista ha iniciado una ofensiva para declarar oficialmente finalizada la era de las apreturas presupuestarias y aprovechar hasta las últimas consecuencias el margen disponible por las décimas extra de déficit arrancadas a Bruselas y las eventuales subidas fiscales que se puedan activar. 

Lo cierto es que ese margen a día de hoy no existe. Las cinco décimas extra conseguidas para este año - del inalcanzable déficit del 2,2% previsto por el Gobierno del PP al 2,7% pactado con Bruselas - responden básicamente a la corrección del exceso de optimismo del equipo de Montoro y constituyen el objetivo razonable que afronta el Gobierno para este año en ausencia de cambios legales significativos. Es decir, que no hay margen para alegrías en el gasto.

Las dudas surgen respecto a 2019. En realidad, el escenario es muy similar. El Gobierno consiguió otras cinco décimas extra, del déficit del 1,3% comprometido por el Gobierno del PP al 1,8% acordado por el equipo de Nadia Calviño con la Comisión Europea, para ajustar la senda 'legal' a la realmente alcanzable. El asunto es que el Gobierno ya ha dejado claro que en 2019 pretende hacer uso de las herramientas fiscales a su alcance para elevar aún más su capacidad de gasto.

Los mensajes desde el Ejecutivo de Sánchez en este sentido no han parado de llegar. Desde el Ministerio de Trabajo se ha comprometido una reforma legal para que las pensiones vuelvan a actualizarse en función del IPC que exigirá más ingresos, ya que la subida del 1,6% pactada entre el PP y el PNV probablemente se quede corta en un contexto de subida de precios del petróleo que amenaza con disparar la inflación.

Las costuras del Presupuesto del Estado deberán soportar también una subida salarial a los funcionarios algo superior a la de 2018 (2,25% frente a 1,75%), que se unirá a la incorporación a la plantilla de la Administración General del Estado de los primeros nuevos funcionarios procedentes de la macrooferta pública de empleo de 2017. Más gastos de personal. Y la asunción de las primeras autopistas cuyas concesiones vayan venciendo, una decisión política que obligará a un importante esfuerzo presupuestario extra por parte del Estado.

Todo ello, y algunos compromisos más, tendrán que encajarse en el nuevo techo de gasto propuesto por el Gobierno, que, sí, eleva en más de 5.000 millones de euros el margen presupuestario para 2019, pero que está por ver que pueda dar cabida a todos los compromisos gubernamentales y en el objetivo de déficit del 1,8% del PIB.

¿Problemas? Que como se han encargado de alertar la práctica totalidad de servicios de estudios y think tanks en las últimas semanas la pujanza de la economía va en trayectoria descendente, mientras que los riesgos sobre la misma en trayectoria ascendente. Y que, como se ha encargado de demostrar la experiencia de los últimos años, las previsiones de gasto tienden a incumplirse al alza y las de ingresos...a la baja.

Vía libre al gasto territorial

Pero las Administraciones Públicas españolas no se agotan ni mucho menos en el Estado, que gestiona en torno al 30% del gasto público total, sino que también agregan el efecto de la Seguridad Social y, sobre todo, de las Administraciones Territoriales.

La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado claro que hará todo lo posible para incrementar la autonomía de las administraciones territoriales y en el marco normativa actual esto implica sobre todo mayor libertad para gastar.

El Gobierno ya ha adoptado alguna medida en ese sentido. En el ámbito municipal, ha levantado las restricciones para que los ayuntamientos puedan hacer uso de su superávit y también ha suavizado la regla de gasto que restringía de forma muy estricta su capacidad para gastar. 

El último anuncio es que Hacienda también modificará la regla de gasto de las comunidades autónomas y la ley de estabilidad presupuestaria para que todos los gobiernos autonómicos tengan la posibilidad de aprovechar las dos décimas extra de déficit disponibles para 2019. Resulta que la operativa de la regla de gasto y de la Ley de Estabilidad impedía a dos terceras partes de los gobiernos autonómicos aprovechar esta ventaja, por lo que el Ejecutivo se ha comprometido a abordar sendas modificaciones legales en las próximas semanas.

Montero está decidida a abrir el grifo del gasto para las administraciones territoriales...y en año electoral. Las consecuencias de este movimiento son imprevisibles.

El juicio de los organismos internacionales

Lo que parece seguro es que la estrategia no convencerá a los organismos internacionales, que el pasado mes de junio decidieron retrasar a septiembre sus visitas a España para testar las primeras decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. 

España ya arrastra el estigma de ser el último país de toda la UE en abandonar el brazo correctivo del Procedimiento de Déficit Excesivo y, además, está entre los países con un volumen de deuda pública preocupante, según se encargan de recordar la OCDE, el FMI e incluso la Comisión Europea cada vez que tienen una ocasión.

En este contexto, lo que ha hecho el Gobierno es lanzar a los mercados y a los observadores internacionales el mensaje de que va a incrementar el gasto de forma significativa - casi un 5% - cuando aún opera bajo el yugo del brazo correctivo de la Comisión Europea y con su deuda pública moviéndose en el entorno del 100% del PIB, muy lejos de lo que la normativa europea considera tolerable: 60% del PIB. 

No hay que olvidar que España saldrá este año del esquema de vigilancia reforzada de la Comisión, pero que aún continuará bajo su punto de mira. España ya figuraba antes del cambio de Gobierno en el grupo de países con un riesgo elevado de no cumplir la regla de gasto europea en 2019 y afronta en los próximos tres el complicado desafío de reducir una media de cinco punto anuales su deuda pública si no quiere volver a caer en el brazo correctivo de Bruselas, esta vez por su incapacidad para reducir la deuda pública.