A estas alturas del año, el Gobierno da por descontado que no conseguirá cerrar un acuerdo en la mesa de diálogo social sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones antes del 31 de diciembre, tal y como se ha comprometido con la Comisión Europea. Sin embargo, fuentes gubernamentales aseguran que los plazos acordados con Bruselas son "flexibles" y que la negociación con los agentes sociales podría alargarse durante las primeras semanas del próximo año en aras de lograr un pacto. Y en este contexto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estaría dispuesto a modular su propuesta para atraer a la CEOE, que es la parte que está mostrando más reticencias.
Así lo aseguran fuentes al tanto de las negociaciones que se están manteniendo estos días entre bambalinas, de manera discreta. "No hay reuniones formales convocadas, pero los contactos son constantes", insisten desde dentro del diálogo social. "A todas las bandas", remachan. La última propuesta oficial del Ministerio no convenció ni a la patronal ni a los sindicatos, pero son los empresarios los que están "tensando la cuerda", según estas fuentes, pese a que adoptaron la decisión de desmarcarse de este bloque de la reforma de las pensiones "hace ya mucho tiempo". En el Gobierno interpretan que esta estrategia negociadora forma parte de la "escenificación habitual a la que nos tiene acostumbrados la patronal".
Hay que recordar que, en el último borrador remitido a la mesa de diálogo, la Seguridad Social mantuvo su propuesta sobre la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de 25 a 30 años, con la posibilidad de descartar los dos peores ejercicios de cotizaciones, así como el planteamiento para incrementar las bases máximas de cotización un 30%, al tiempo que se suben las pensiones más altas un 3%. La patronal rechaza ambas medidas porque considera que suponen un recorte de derechos y un encarecimiento de los costes laborales y vulneran los principios de contributividad y equidad intergeneracional. Los sindicatos, por su parte, rechazan la ampliación del periodo de cómputo, porque también sospechan que mermará las pensiones, y apuestan por el destope total de cotizaciones.
Pero el verdadero choque está con la CEOE, según confirman varias fuentes del diálogo social. El Ministerio ha reprochado a Antonio Garamendi que no haga propuestas a la mesa de negociación, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, y Escrivá sospecha que la patronal tenía decidido que no se sumaría a este acuerdo en materia de pensiones desde hace tiempo. Fuentes gubernamentales rechazan que la ruptura del diálogo con el Ministerio de Trabajo a cuenta de la enmienda que pactó la vicepresidenta Yolanda Díaz con EH Bildu para elevar el control de la inspección sobre los ERE esté afectando al clima de la mesa de pensiones, pero reconocen que el ambiente en general está "crispado" con la CEOE y difícilmente se arreglará antes de que acabe el año, dado que queda apenas una semana.
En este contexto, las fuentes consultadas en el seno del Gobierno ya dan por hecho que, de producirse un acuerdo en la mesa de diálogo social, será ya entrado 2023. "Lo ideal sería cerrarlo durante el mes de enero, para empezar con la tramitación en febrero", indican. Preguntados al respecto de una eventual penalización de las autoridades europeas por saltarse los plazos comprometidos en el Plan de Recuperación -el segundo bloque de reformas en materia de pensiones tiene el deadline fijado el 31 de diciembre- fuentes del Ejecutivo aseguran que "no hay ningún problema" y recuerdan el precedente de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, que se cerró más tarde de lo comprometido. "Igualmente, la Comisión no empezará a evaluar las reformas de esta parte del Plan hasta febrero, o sea que tenemos margen", insisten en el Gobierno.
Escrivá es consciente de que debe compensar la vinculación de las pensiones a la inflación y la derogación del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad de la anterior reforma del PP con medidas tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos. En la primera parte de la reforma ya introdujo avances en este sentido en los incentivos a la prolongación de la edad de jubilación y en las penalizaciones al retiro anticipado, así como en el nuevo sistema de cotización de autónomos. Ahora pretende seguir compensando con la ampliación del periodo de cómputo y con el incremento de las bases máximas de cotización. Pero Bruselas ya le ha advertido de que no es suficiente y tendrá que alargar la vigencia del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (el extra de cotización de 0,6 puntos) hasta 2050.
Sobre este último punto, en la mesa de diálogo social ya se da por hecho que el Gobierno prolongará la vigencia del MEI para apuntalar la recaudación, si bien el Ministerio todavía no lo ha planteado de forma oficial. Según fuentes al tanto de las intenciones de Escrivá, el ministro tiene pensado llevarlo a la mesa en el último momento. Antes estaría dispuesto, según estas fuentes, a "modular" sus propuestas tanto en lo que se refiere a la ampliación del periodo de cómputo como en lo referente a la subida de las cotizaciones para atraer a los empresarios al acuerdo. "Todavía hay margen para rebajar el periodo de cálculo y se pueden tocar también las bases máximas", aseguran. Todo, para convencer a la CEOE, ya que el Ministerio está dispuesto a cerrar un acuerdo solo con los sindicatos si la patronal se enroca.
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