La formación de un nuevo Gobierno, que se inicia esta semana con las consultas de los diferentes grupos parlamentarios con el Rey, Felipe VI, va a dar lugar a una inevitable coalición cuyos principales retos económicos pasarán por cuadrar un 'sudoku' muy difícil entre recortar el gasto público para bajar el déficit estructural por debajo del 4% del PIB y "pagar la factura catalana" o de los grupos nacionalistas que apoyen a PSOE o PP en ese proceso. Esa es la conclusión principal a la que llegan los principales analistas económicos y políticos consultados por La Información, que advierten que la gestión política española ha entrado en una nueva etapa en la que será uy complicado llegar a acuerdos que no cuesten dinero extra al erario público.
A la espera de conocer si será primero la izquierda o la derecha la encargada de pasar por el trance de intentar formar Gobierno, tras la conformación de la Mesa del Congreso bajo el control de PSOE y Sumar, todo apunta a que las mayores opciones de lograr una mayoría de 176 escaños para dirigir el país los próximos cuatro años pasa por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, si bien el partido que ha ganado las elecciones, el PP de Núñez Feijóo no ha parado de buscar su camino para evitar un nuevo periodo 'sanchista' controlado por los independentistas vascos y catalanes. La llave negociadora que tienen ahora Junts o el PNV no evita que los problemas económicos persistan -como ha recordado el líder del PP- y la nueva legislatura tenga que afrontar un periodo en el que las medidas de ajuste puedan ser impopulares y muy difíciles de explicar a la ciudadanía.
Una de las claves económicas básicas estará en la gestión de los fondos europeos que quedan por llegar y los ajustes necesarios para ello comprometidos en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas. España ya ha recibido tres pagos de los primeros 70.000 millones de la UE a fondo perdido (algo más de 37.000 millones de euros), si bien la lentitud entre la definición de los proyectos y las convocatorias concretas para ejecutarlos ha sido muy lenta hasta el momento. El logro de una velocidad de crucero mayor de la gestión (tanto de la Administración central como de las CCAA) será clave para poder aprovechar los restantes 94.000 millones que deben llegar a nuestro país hasta 2026, si viene en esta segunda parte 84.000 millones serán préstamos, 7.700 millones transferencias adicionales y casi 2.600 millones de euros llegarán del nuevo REpowerEU lanzado tras la crisis energética generada por la guerra de Ucrania.
Para economistas como José Carlos Díez, el reto para España en los próximos cuatro años sigue pasando por recuperar la productividad y subir los salarios, estancados desde hace 15 años; potenciar el desarrollo tecnológico y la digitalización; y seguir con las reformas energía, agua y movilidad eléctrica, "y los fondos UE afectan a esos tres puntos de forma transversal", recuerda. Frente a ello, expertos de la talla de Antonio Merino advierten que el principal escollo a corto plazo está en aprobar unos Presupuestos para el año que viene, en los que se garantice que la economía crece y se reduce el déficit en un punto para 2025, hasta dejarlo en el 3% que imponen las reglas fiscales europeas.
Ajuste inevitable
Con los datos de PIB del ejercicio pasado, el recorte de gasto necesario que tiene que aplicar España se acercaría a los 25.000 millones de euros en dos años, con una Deuda Pública que ya ha superado 1,5 billones y cuyos intereses van a superar en breve el 2% de media, lo que supone un aumento de entre 12.000 y 15.000 millones de euros al año en gastos financieros, hasta acumular una factura de cerca de 40.000 millones en lo que se conoce como 'servicio de la Deuda', un nivel que no se conocía desde la gran crisis financiera de hace diez años.
La doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Valencia, Anna Isabel López, advierte que estamos ante una nueva etapa política en España, dominada por las coaliciones y con poca experiencia en su gestión a nivel estatal, que obligará a tomar medidas duras para pagar un "peaje nacionalista del que, por ahora, no sabemos ni cómo ni cuánto será", y que no se conocerá hasta verlo plasmado en unos Presupuestos General del Estado, cuya aprobación puede complicarse mucho. "Es la hora de partidos como Junts y el PNV -explica- con una gestión en la que la financiación de la política territorial estarán presentes en todo momento", no solo por parte de los partidos nacionalistas, sino también de otros gobiernos autonómicos que van a reclamar lo suyo.
En ese contexto, un hipotético Gobierno del PP con el apoyo del PNV y gran parte de las autonomías con ejecutivos afines tendría que pasar por un peaje que, tal vez, fuera menos complejo que el de una coalición del PSOE con nacionalistas, independentistas y CCAA del PP poniendo sus reclamaciones políticas y de inversión encima de la mesa. Condonar una parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (sólo Cataluña acumula 60.000 millones) es algo que desde la parte socialista ya se contempla, si bien eso no reducirá el peso del coste de la Deuda en las cuentas estatales.
Todos los analistas consultados coinciden en que será en los PGE que se puedan elaborar donde se conozca la fórmula concreta, si bien está claro que un Gobierno de izquierdas apretará mucho más a los ciudadanos y las empresas con nuevos impuestos (tributos verdes, peajes en las autopistas o sobre el consumo de energía), mientras que la carga fiscal de un ejecutivo de derechas se presupone que sería menor.
Política de pactos complicada
"La política de pactos viene de largo, pero ahora desaparece la geometría variable en el Congreso" apunta el politólogo y analista político Alejandro Solís, en conversación con este medio. "Antes existía Ciudadanos, lo que permitía que el Gobierno tuviera alternativas cuando ERC, Bildu o PNV se negaban a pactar. En su lugar, ahora se crean dos bloques muy grandes y la única opción que tendría el nuevo gobierno de coalición para sacar iniciativas adelante sería conseguir que todos los partidos situados fuera del bloque de PP y Vox votaran que sí". Este cambio incorpora dificultad a las negociaciones entre socios, pero Solís también cree que puede impulsar a los grupos de la izquierda nacionalista a ser más pragmáticos, porque la posibilidad de que la legislatura falle y se convoquen elecciones estará muy presente.
En el mismo sentido, apunta el politólogo Eduardo Bayón, que destaca la dificultad de ahondar en estos análisis cuando no se ha producido la investidura del nuevo presidente del Gobierno. "El PP tiene que decidir quién quiere ser esta legislatura, cómo aborda su relación con Vox, si se plantean llegar a algún tipo de acuerdo de políticas de Estado que se suelen citar, pero ahora mismo lo veo muy complicado, por el tipo de oposición, la campaña y los marcos en los que ha entrado respecto al actual Gobierno y a Pedro Sánchez".
Si bien, ambos politólogos reconocen que para Junts el negociar con los partidos estatales supone una novedad, a diferencia de ERC, por lo que sus movimientos también se verán marcados por qué facción interna se imponga, si lo hace la más pragmática o, por el contrario, la más rupturista. En cualquier caso, anticipan que en las primeras conversaciones para la eventual investidura de Pedro Sánchez, los de Carles Puigdemont partirán de posiciones maximalistas que los socios de PSOE y Sumar tratarán de limar con el fin de atar una mayoría suficiente que no comprometa su programa. Al tiempo que no descartan que conforme avance la legislatura fuerzas con diferencias ideológicas puedan alcanzar acuerdos puntuales, por ejemplo, para la introducción de enmiendas a grandes proyectos como los Presupuestos Generales.
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