ERC aprieta más a Sánchez y exige un SMI para Cataluña a cambio de la investidura

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EFE

ERC negocia con el PSOE la posibilidad de fijar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Cataluña. Fuentes cercanas a las negociaciones que mantienen en la más estricta discreción ambos partidos explican que la formación de Oriol Junqueras ha realizado esta petición al equipo negociador de los socialistas con el objetivo de fijar en la comunidad autónoma una remuneración mínima superior a la establecida por el Gobierno central para el resto de España. Se trata de una vieja reivindicación de la Generalitat, pero la competencia es estatal.

Los independentistas consideran que el coste de la vida en Cataluña es más elevado respecto a otros territorios del resto del Estado y que, por tanto, su SMI propio debería ser superior al fijado a nivel nacional (900 euros mensuales en 2019). En ERC son conscientes de que se encuentran ante una oportunidad histórica y por eso han puesto encima de la mesa su petición ante un Sánchez que necesita su abstención para ser presidente. 

La Generalitat dispone de informes que apuntan a la viabilidad de un SMI regionalizado y adaptado especialmente a la economía de Cataluña. El propio Pere Aragonès, vicepresidente del Govern y líder de ERC en la práctica, ha hecho público este mismo jueves un estudio 'ad hoc' para establecer un salario mínimo de referencia en la autonomía. Lo ha fijado en 1.239 euros mensuales. El Ejecutivo de Torra considera que el actual salario mínimo español es "insuficiente" para responder a las necesidades de la ciudadanía en Cataluña dado el coste de la vida más alto, entre otras razones. "Un país que se quiere justo y libre no puede tener trabajadores pobres", ha asegurado Aragonès.

El sindicato independentista Intersindical-CSC eleva más la apuesta y sitúa el SMI catalán  en 1.300 euros. Argumentan que el sueldo de referencia legal en la autonomía tiene que ser superior al del resto de España porque el nivel de vida en la región es más alto. Por ejemplo, Cataluña es, después de Madrid, la comunidad autónoma con la vivienda en alquiler más cara (13,84 euros/m2, según Fotocasa, o 769 euros en la ciudad de Barcelona, según Fomento). También es cierto que en la región se cobran sueldos por encima de la media nacional (2.067,62 euros al mes frente a 1.944,42 euros, de acuerdo con los datos del INE).

De cualquier manera, la articulación de un SMI regionalizado es compleja. Por un lado, porque las autonomías carecen de competencias en esta materia, que corresponde al Ejecutivo central mediante la aprobación de un Real Decreto. Y por otro, porque los empresarios rechazan esta propuesta. Fuentes de la patronal CEOE consultadas por La Información lo consideran "absolutamente imposible". También en la catalana Foment del Treball, donde lo ven "inviable".

Los empresarios advierten de que un salario mínimo por encima del nacional haría a las compañías que operan en Cataluña menos competitivas respecto a las ubicadas en el resto de España y las fábricas  acabarían por huir a territorios fronterizos donde producir más barato. "Eso solo agravaría la fuga de empresas que está en marcha desde el referéndum ilegal del 1-O", advierte un empresario catalán que se muestra preocupado por la situación económica de la región.

Derogar las reformas laborales

Con propuestas como la del SMI catalán sobre la mesa, los equipos negociadores de PSOE y ERC siguen intercambiándose documentos de cara a un acuerdo de investidura. De momento están dando pocas pistas del contenido de las conversaciones y se limitan a dos avances: hay coincidencia a la hora de calificar como "conflicto político" la situación y hay unidad también a la hora de abordar la "recuperación de derechos sociales, civiles y laborales".

En este último apartado aparece otra de las peticiones de ERC en el terreno económico: la derogación no solo de la reforma laboral que aprobó el PP de Mariano Rajoy en 2012, sino también la de 2010, del PSOE. Esquerra ya presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para acabar con ambas legislaciones que, a su juicio, han supuesto un recorte de los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

En este punto, la formación independentista se alinea con el planteamiento de Unidas Podemos, si bien los de Pablo Iglesias se van a ver obligados a renunciar a su pretensión de liquidar la reforma laboral en el eventual gobierno de coalición con Pedro Sánchez. La formación morada ya ha asumido que tendrá que hacer cesiones en la negociación con el PSOE, y esta será una de ellas, porque los socialistas abogan por eliminar los "aspectos más lesivos" de la norma laboral, no toda la ley.

¿Y los Presupuestos?

Fuentes conocedoras del contenido de las conversaciones a puerta cerrada entre el PSOE y ERC (la última se celebró en Barcelona el pasado martes) revelan que los socialistas han planteado a los independentistas algunas de las medidas que están negociando con Podemos en el acuerdo programático, entre ellas, la subida del salario mínimo en 2020. En este contexto, han hablado de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y aquí los catalanes ya han empezado a 'barrer para casa' con sus peticiones particulares. Entre ellas, el dinero que reclaman al Ejecutivo central de infraestructuras, dependencia, sanidad, impuestos...

No es una cuestión menor. Hay que recordar que, además de la liberación de los exdirigentes presos, los independentistas también reclamaron al Gobierno de Sánchez 10.000 millones de euros para Cataluña en las anteriores negociaciones presupuestarias. El tira y afloja acabó con el rechazo del que había sido su socio en la moción de censura contra Rajoy (además del PP, Ciudadanos, PDeCAT, EH Bildu, Coalición Canaria y Foro Asturias) a los Presupuestos de 2019 y también con la anterior legislatura y obligó a Sánchez a convocar elecciones, las del 28 de abril. 

Las negociaciones para el apoyo a la investidura de Sánchez, por tanto, van de la mano de la negociación presupuestaria. Los socialistas son conscientes de que la aprobación de los Presupuestos de 2020 será la primera gran prueba de fuego que afrontará, de salir adelante, el gobierno de coalición progresista.

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