Bruselas advirtió el pasado mes de noviembre el Gobierno de España que detectaba en el proyecto de Presupuestos de 2021 una tendencia preocupante a incrementar el "gasto subyacente" - entendido como aquel no estrictamente vinculado a la lucha contra la pandemia - y que vigilaría de forma particularmente estrecha el impacto de este tipo de medidas sobre las cuentas públicas para asegurar que no afectaran a la sostenibilidad a medio y largo plazo de las finanzas públicas españolas. Los técnicos de la Comisión Europea pusieron su foco de forma muy singular en dos medidas: la subida de las pensiones y la subida del 0,9% a los empleados públicos.
La advertencia de la Comisión Europea no ha debido pesar demasiado en el ánimo del Gobierno de España que este viernes remitió a Bruselas una actualización de su Programa de Estabilidad para el periodo 2021-2024 que prevé para todo ese periodo subidas a los pensionistas y a los empleados públicos en línea con la evolución de los precios, es decir, según el IPC.
El Gobierno se justifica de alguna manera ante Bruselas con el argumento de que todo su escenario fiscal para el periodo se basa en una 'evolución inercial', es decir, en ausencia de medidas normativas que modifiquen el marco actual. Si bien lo cierto es que ni los pensionistas ni los empleados públicos tienen a día garantizado por ley la actualización de los salarios según el IPC. Los pensionistas todavía esperan que el Ejecutivo lleve a la Ley de Seguridad Social la recuperación del IPC como referente principal para la evolución de sus nóminas, después de que el Pacto de Toledo haya alcanzado hace meses un consenso en ese sentido y después de llevar cerca de tres años prometiendo que lo van a hacer. El caso de los funcionarios es similar. El acuerdo que regulaba la evolución de sus salarios venció en 2020 y el Gobierno determinó, no sin cierta polémica, elevar en 2021 sus salarios un 0,9% pese a la escasez de recursos presupuestarios y pese a la incomprensión de la Comisión Europea y de los organismos internacionales.
Éstos afeaban que en un contexto de necesidades presupuestarias extremas como consecuencia de la pandemia, el Gobierno de España hubiera decidido aprobar un par de medidas discrecionales cuyo coste presupuestario rondaba los 3.000 millones de euros y que, además, no constituyen un esfuerzo puntual sino que se consolida en la cuenta de gasto público.
El Gobierno no se ha limitado a trasladar su intención de 'blindar' el poder adquisitivo de pensionistas y funcionarios durante los próximos años vinculando sus retribuciones al IPC, sino que entre las pocas medidas a futuro que concreta está la eventual compensación a los pensionistas por la desviación que pueda experimentar el IPC este año 2021 respecto al 0,9% previsto. El documento remitido por el Gobierno a Bruselas no concreta el coste de ésta, pero anuncia que en sus proyecciones se descuenta la paga de compensación a los perceptores de pensiones por lo que considera como una más que probable desviación del IPC. Hay que recordar que en abril el IPC se fue hasta el 2,2% por la subida de los precios energéticos.
Más impuestos y menos gastos...pero sin decir cómo
Si en Bruselas esperaban un plan detallado de las medidas que va a tomar el Gobierno de España para devolver sus cuentas públicas a una situación de equilibrio, sus anhelos quedarán frustrados. El Gobierno detalla la senda que considera que va a seguir el déficit público en los próximos años para reducirse desde el 10,97% en que cerró el año 2020 hasta el 3,2% que se espera para 2024, pero no precisa ni una sola medida que vaya a contribuir a ese objetivo. Anuncia eso sí que su intención es avanzar en la mejora de la eficiencia del gasto, a partir de la hoja de ruta que le diseñe la Autoridad Fiscal - cuyas recomendaciones hasta la fecha solo ha adaptado en una parte bien pequeña -, y también en la mejora de la financiación de las arcas públicas vía impuestos, pero no pasa tampoco en este capítulo de reiterar su conocido objetivo de acortar la supuesta brecha fiscal que separa la presión fiscal española de la media de los países del euro, lo que tomado al pie de la letra supondría obtener 60.000 millones de euros más en impuestos.
la clave
- El Gobierno avisa de que tiene intención de subir los impuestos ambientales y los del sector financiero
Se supone que la Comisión Europea exige a España que sus reformas vayan acompañadas de un calendario concreto de aplicación y de unos objetivos específicos, pero la documentación remitida por el Gobierno a Bruselas está muy lejos de ser concreta. En lo que se refiere a la reforma fiscal no va mucho más allá de asegurar que afectará a la práctica totalidad de las figuras impositivas del sistema fiscal, que implicará una revisión profunda de las deducciones, reducciones y regímenes especiales actualmente vigentes y, eso sí, que tratará de actuar sobre los ámbitos específicos donde se ha detectado una menor carga fiscal que en otros países. Aquí señala tres ámbitos concretos: la fiscalidad verde, los impuestos a la economía digital y el sector financiero...
En cuanto al gasto, la hoja de ruta del Gobierno prevé la retirada en el año 2022 de las medidas de contingencia puesta en marcha con la Covid, como los ERTE, la prestación por cese de actividad o las partidas extraordinarias para apoyar a las administraciones territoriales, sin perjuicio del mantenimiento de algunas de ellas en otra versión, como los ERTE que se reciclarán como instrumento permanente del sistema laboral para favorecer el mantenimiento en el empleo de los trabajadores de empresas en situación de crisis transitoria o la reinserción laboral de empleados de empresas de sectores en situación de crisis estructural.
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