"Cada día que pasa es más difícil que se presenten los Presupuestos antes del 1 de octubre. El objetivo es que el 1 de enero de 2021 haya unas nuevas cuentas públicas. No hay otro". En el Gobierno ya se empieza a asumir que un año más la tramitación del proyecto presupuestario desbordará los límites del calendario establecido en la Ley General Presupuestaria, que en su artículo 37 prevé que el Ejecutivo deberá remitir a las Cortes Generales su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio siguiente antes del 1 de octubre en orden a garantizar su adecuada tramitación parlamentaria y entrada en vigor antes del 1 de enero del año siguiente.
El Ministerio de Hacienda lleva semanas trabajando en el armazón del proyecto presupuestario y de hecho maniobró durante la pasada primavera para disponer antes del reinicio del curso político tras el parón estival de la información presupuestaria básica de los diferentes ministerios. Fuentes del Ministerio subrayan en este sentido que la configuración de los Presupuestos de 2021 es singularmente compleja desde el punto de vista técnico, ya que la atomización de la estructura del Gobierno tras el acuerdo de coalición con Unidas Podemos con 22 ministerios, un puñado de nuevas secretarías de estads y direcciones generales, y no pocas redistribuciones de competencias obliga a una reasignación masiva de partidas presupuestarias que los técnicos del Secretaría de Estado de Presupuestos deben tener a punto antes de que se empiecen a discutir las prioridades políticas.
Según fuentes ministeriales, el equipo de Presupuestos ha cumplido ya con esa ingrata, oscura, pero necesaria tarea de reubicación de partidas presupuestarias. Lo difícil y lo que impedirá cumplir con los tiempos propios de la gestión presupuestaria se juega más arriba. Una de las partidas tiene como centro neurálgico el despacho de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Economía solicitó antes del verano a los diferentes ministerios un memorándum con las iniciativas de política económica que consideran más prioritarias y que pueden generar un mayor efecto tractor sobre la economía. Su objetivo es seleccionar de entre ellas las más viables políticamente y las más fáciles de gestionar para diseñar el plan de reformas de 2021, cuyo impacto sobre la asignación de recursos presupuestarios será significativo.
El resultado de ese trabajo, aún en marcha, determinará la parte de los 140.000 millones de euros procedentes de Europa - mitad euros a fondo perdido, mitad préstamos - que el Gobierno aspirará a movilizar en 2021 y también la cuenta de gastos de los próximos Presupuestos. Ya lo advirtió la ministra de Hacienda hace unas semanas, al pedir a la opinión pública que no se alarmara cuando viera el techo de gasto para 2021, que romperá la sintonía de la serie histórica por los alrededor de 20.000 millones de euros extra procedentes de Europa que la ministra estimó que pondría en danza en 2021. El ajuste fino de esa cantidad dependerá del análisis que la Vicepresidencia de Asuntos Económicos haga de las propuestas recibidas por los ministerios y de los recursos necesarios para poner en marcha las reformas que el Gobierno elija impulsar en 2021. Ése será el primer hito de la programación presupuestaria: la fijación del techo de gasto que debería resolverse en la primera mitad de este mes de septiembre.
Dos hojas de ruta políticas para sacar los PGE adelante
Pero tal vez el factor más difícil de manejar, y la principal amenaza para el éxito del proyecto presupuestario, vendrá del Congreso de los Diputados. Desde Presidencia del Gobierno se ha anunciado ya desde antes del verano su intención de negociar el apoyo de Ciudadanos al proyecto de cuentas públicas para el año 2021 e incluso se ha deslizado que la facción de Unidas Podemos del Gobierno apoyaba esta negociación, clave para salvar los eventuales obstáculos parlamentarios que podrían surgir del rechazo de ERC a las cuentas del Estado en un contexto preelectoral en Cataluña.
La hoja de ruta saltó por los aires este viernes cuando desde la formación morada se aseguró con rotundidad que si el presidente del Gobierno decide pactar los presupuestos con Ciudadanos el apoyo que no tendrá será el de Unidas Podemos y que el plan A debería ser tratar de sacar adelante el proyecto con la mayoría que garantizó la investidura de Pedro Sánchez, es decir, el 'combo' de formaciones de izquierdas, nacionalistas e independentistas que suman mayoría en la Cámara Baja. En Unidas Podemos tampoco ha gustado mucho que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se esté posicionando de forma explícita en contra de mantener la política de subida de impuestos que se acordó antes de la pandemia con la formación de Pablo Iglesias y que ahora los socialistas consideran contraproducente en el proceso de reactivación de la economía que encara España en los próximos meses.
Desde el otro flanco, la formación de Arrimadas aprieta también a Sánchez para formalizar una negociación que hasta la fecha no ha pasado de una simple declaración de intenciones, pero que desde la formación naranja ya se ha aprovechado para marcar terreno y poner en el disparadero algunas de las recetas más emblemáticas de Podemos, como las subidas de impuestos...
El escenario es tan poliédrico y esconde tantas aristas que el Gobierno está decidido a no sujetarse a un calendario presupuestario que, por otra parte, lleva incumpliéndose de forma sistemática desde hace casi un lustro. Según fuentes del Gobierno ahora mismo en Moncloa y en el área económica del Ejecutivo preocupa más perfilar el Plan Presupuestario que se enviará a Bruselas el próximo día 15 de octubre que afinar un proyecto de PGE para cuya negociación pretenden darse el tiempo que haga falta.
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