El primer Consejo de Ministros del nuevo curso se estrena con nada menos que la aprobación del proyecto de ley que incluye la primera pata de la reforma de pensiones, de forma que sea remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria en las próximas semanas y que pueda entrar en vigor, tal y como se prevé, el 1 de enero de 2022. Recordemos que estas medidas ya recibieron luz verde como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros del pasado 6 de julio; todo después de que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, consiguiera llegar a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo y tras meses de intensas negociaciones.
El asunto no es baladí, pues se trata de una reforma que se ha debatido durante los últimos cuatro años, repartidos en nada menos que tres legislaturas. Ahora, hablamos del primer bloque que el Gobierno comprometió con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ejecutivo ya avanzó, además, su intención de ampliarla con más medidas durante su tramitación parlamentaria.
Este es el caso, por ejemplo, del factor de equidad intergeneracional, aspecto que ha generado cierto escollo durante las negociaciones y que sustituye uno de los puntos más polémicos de la reforma de las pensiones aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo de Sánchez y agentes sociales se han dado de plazo para negociarlo hasta el 15 de noviembre. Así, este nuevo mecanismo que operará a partir de 2027, se incluirá en el proyecto de Ley a través de una enmienda de los grupos que respaldan al Ejecutivo.
El grueso del texto se centra ahora en la revalorización de las pensiones con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las mismas y en incentivar la jubilación demorada y penalizar la anticipada, con el propósito de adecuar la edad efectiva de retiro a la edad real.
Revalorización de las pensiones
Este punto también deroga otro de los aspectos claves de la reforma de Rajoy que es el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit. A partir de ahora las prestaciones irán vinculadas a la variación media interanual del IPC.
Con la nueva fórmula, en caso de que el IPC sea negativo, la nómina no se compensará en los siguientes ejercicios, sino que directamente ese año quedará congelada. Las pensiones mínimas quedarán exentas de esta propuesta, pues no se compensará en sus nóminas la inflación negativa.
Penalizaciones a la jubilación anticipada...
Los nuevos coeficientes reductores incluidos en esta reforma se aplicarán sobre la cuantía de la pensión, y siempre respetando la limitación máxima. Cuando la pensión supere el límite establecido para el importe de las pensiones, los coeficientes reductores se aplicarán de manera gradual, en un plazo de diez años, a contar desde el 1 de enero de 2024.
Como novedad, se establece que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes reductores de la pensión pasarán a ser mensuales, no trimestrales, y solamente habrá periodos transitorios de aplicación de los mismos en el caso de las pensiones máximas.
En la mayoría de los casos estos coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes a cambio de retrasar el anticipo de la jubilación dos meses. Para quienes tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, adelantar su jubilación 24 meses supondrá una reducción en su pensión de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes); para los que tengan más de 38 años cotizados y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes).
Por su parte, el coeficiente reductor pasará a ser del 17% si los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, se jubilan dos años antes. Si lo hacen un año antes, la reducción será del 2,96%. Por último, los que tengan más de 44 años y medio cotizados tendrán una reducción del 13% por jubilarse dos años antes y del 2,81% un mes antes.
... Y los incentivos a la demorada
El primer paquete de medidas también llega con una serie de incentivos a la jubilación demorada que plantea la reforma, mediante un 'cheque' de hasta 12.060,12 euros en un pago único a quienes se retiren más tarde de la edad legal. Respecto a este, se ofrecerán hasta tres tipos de incentivos, entre los que el trabajador podría elegir, favoreciendo la máxima flexibilidad para cada persona.
La primera opción sería la de un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora; la segunda un pago único (de hasta 12.060,12 euros por año de demora para las carreras superiores a más de 44 años y medio) y una tercera que consistiría en una combinación de ambas.
Jubilación forzosa
La reforma de pensiones prohibirá el establecimiento de cláusulas de jubilación forzosa para trabajadores de menos de 68 años a partir de la entrada en vigor de la misma. En los convenios suscritos con anterioridad, estas cláusulas podrán ser aplicadas hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada para el convenio.
Además, si se establecen estas cláusulas en los convenios, las empresas tendrán que contratar como mínimo a tiempo completo y de manera indefinida a un trabajador por cada jubilado forzoso. Excepcionalmente, el límite de edad establecido (menos de 68 años) podrá rebajarse hasta la edad legal ordinaria de jubilación cuando la tasa de ocupación de las trabajadoras en las actividades económicas del ámbito funcional del convenio sea inferior al 15% de las personas ocupadas y siempre que se cumplan varios requisitos, entre ellos la contratación simultánea de al menos una mujer de manera indefinida y a tiempo completo.
Gastos impropios
El texto también recoge la culminación del proceso de separación de fuentes de la Seguridad Social a lo largo de la legislatura. Sobre los autónomos, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales se incluirá en una norma intermedia, aunque el compromiso es que esté aprobado antes del segundo trimestre de 2022.
El texto prevé la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Social en un plazo de seis meses y abordar la revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a las de los matrimonios.
Además, la cláusula de salvaguarda se mantendrá en su regulación actual con carácter indefinido y, en un máximo de tres meses, se desarrollará un reglamento para la inclusión en la Seguridad Social de los becarios, aunque no tengan remuneración.
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