Telefónica ha renovado su área de regulación en un momento decisivo para la empresa, inmersa en la batalla por la partida de 5.000 millones que Bruselas ha concedido a España para propulsar la industria nacional de las telecomunicaciones. La compañía que preside José María Álvarez-Pallete ha fichado a Idoya Arteagabeitia, socia de Pinsent Manson, como nueva directora de regulación corporativa. Se trata de un puesto clave para las relaciones del grupo con el Gobierno, que adquirirá especial relevancia en las negociaciones la ayuda europea y el despegue del 5G, dos focos fundamentales para la estrategia de la 'teleco'.
El giro en esta división ha ido más allá. Telefónica ha reforzado los poderes de Juan Montero, quien relevará a Enrique Medina -su número uno hasta el pasado 1 de junio- en las funciones de regulación corporativa y políticas públicas. Además de reemplazar a Medina, Montero seguirá liderando el área de Competencia, una función clave si se tiene en cuenta el alto grado de regulación de la actividad de Telefónica. Arteagabeitia reportará a Montero, al igual que Beatriz Sanz-Fernández Vega, a quien el grupo ha promocionado al frente de la dirección de Competencia. Con estos movimientos, la teleco blinda una de las divisiones más importantes a nivel operativo.
Cabe detenerse en la lectura estratégica del fichaje de Arteagabeitia. La abogada del Estado está ampliamente familiarizada con la maquinaria del sector público, muestra de ello es su experiencia como jefa de asesoría jurídica y secretaria del Consejo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), puesto que desempeñó entre 2011 y 2014. La nueva directora de regulación de Telefónica ocupa un sillón en el consejo de Cofides en calidad de independiente desde hace un año. Asimismo, la abogada es miembro del consejo de Sareb desde 2019.
A la vista de su expediente, Arteagabeitia aterrizará en Telefónica después de haber consolidado su posición en la espina dorsal de la Administración. El Gobierno ha asignado un papel protagonista tanto al ICO como a Cofides en el Plan de Recuperación, ideado para aplacar el impacto de la crisis sanitaria en la economía española. A través del instituto público, el Estado avala hasta el 70% del principal de las emisiones de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Por su parte, Cofides tiene en sus manos la gestión de 1.000 millones que, al igual que el fondo de rescate de SEPI, se emplearán para dotar de músculo financiero a las pymes golpeadas por la pandemia.
La hoja de ruta de Telefónica para beneficiarse de la inyección financiera de Bruselas pasa por convertir al grupo en un catalizador de los más de 3.000 millones de euros reservada al desarrollo de herramientas digitales de las pymes. La búsqueda de sinergias con la pequeña y mediana empresa va en línea con la estrategia que han adoptado el resto de grandes telecos españolas. También con los planes del Gobierno, que está decidido a recurrir a los gigantes de la industria para llegar a un perfil de firmas que suponen alrededor del 95% del entramado empresarial del país.
Juan Montero asumirá las funciones de regulación corporativa y políticas públicas en sustitución de Enrique Medina, a quien la teleco ha nombrado director jurídico de la fusión O2-Virgin
El refuerzo en el área de regulación del grupo que pilota Álvarez-Pallete da cuenta de la inmensa labor que su directiva tiene por delante. La revolución en los primeros niveles de dicha división ha estado precedida (e impulsada) por el nombramiento de Enrique Medina como nuevo director jurídico de la empresa resultante de la fusión O2-Virgin, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2021. Se trata del primer español en ocupar un puesto de tal dimensión en un operador de telecomunicaciones de Reino Unido.
Precisamente, el visto bueno que la autoridad británica -Competition and Markets Authority (CMA)- dio el pasado abril a la fusión de la filial móvil de Telefónica en Reino Unido, O2, con Virgin, el grupo de cable propiedad de Liberty Global, logró desatascar la operación e impulsar el resultado de la compañía. El grupo ha dejado atrás un semestre récord. La teleco registró unos beneficios de más de 8.600 millones hasta junio debido a las plusvalías generadas por esta integración. En este periodo, Telefónica redujo su deuda un 29,5% respecto al año pasado.
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