El Gobierno ha elevado el tono contra la banca por la oleada de ERE que están anunciando en cadena. La declaración de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, arremetiendo contra las 8.291 salidas en CaixaBank y denunciando los "inaceptables" sueldos y bonus de sus directivos son la punta del iceberg de un profundo malestar latente que existe en la cúpula política y económica del Gobierno de coalición. No lo ocultan; en Moncloa, en Economía y en Trabajo, los tres centros de poder consideran que los ajustes en las entidades financieras deben medirse con mayor precisión y ya se han puesto a trabajar para minimizar sus efectos en el empleo.
Calviño ha tomado las riendas de la respuesta a esa preocupación que existe en el Gobierno (reconocen que María jesús Montero no acertó el martes afirmando que "lamenta" la salida de trabajadores y que sin la fusión serían más) y ha marcado a los bancos el paso para que busquen en todo lo posible las vías alternativas con las que suavizar ese impacto y reducir el número de afectados. El tremendo ajuste que se plantea tras la fusión de Caixa y Bankia, con una nueva entidad en la que el Estado tiene una participación de más del 16%, por más que fuera algo esperado, ha sorprendido al Ejecutivo, que preveía un proceso de adaptación más flexible a la nueva situación y sin tanta pérdida de efectivos y oficinas.
La reacción en público de Calviño, concertada con Moncloa y el resto del área económica, se ha adelantado al rechazo que también ha mostrado desde Unidas Podemos y por parte de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que la responsable final de este tipo de ajustes laborales. El objetivo del Gobierno es hacer ver al sector bancario que existen "otras soluciones" para que los ajustes que se están planteando en algunas de las mayores entidades del país no sean tan traumáticos. En el caso de Caixabank, se abre ahora un periodo de dos meses para negociar con los sindicatos, que será vigilado muy de cerca por el Gobierno y en el que se espera que surjan opciones de recolocación de efectivos y se reduzca el impacto del ERE. En el horizonte también está evitar tensión social.
En el Ejecutivo de coalición son conscientes de que el ERE planteado por la dirección de Caixabank se encuentra, de momento, en el periodo previo de consultas recogido en el Convenio Colectivo del sector de la banca. No ha habido, por tanto, intervención directa de Moncloa o de los ministerios pero sí que están preparando el terreno para intentar que esa salidas tengan la menor afectación posible en la plantilla de la entidad fusionada. Sugieren alternativas como prejubilaciones, recolocaciones en servicios de 'outsourcing' o ofrecer mayores incentivos para elevar el número de bajas voluntarias, normalmente de trabajadores más jóvenes y, por tanto, con mayores posibilidad de encontrar otro empleo.
Hay tres vías, explican fuentes gubernamentales, para intentar minimizar, a través de la negociación, esos efectos negativos en el empleo del ERE y reducir las cifras finales: las conversaciones al más alto nivel entre la cúpula del banco y Moncloa, una relación que es fluida y habitual; los nexos que mantiene también Economía, con Calviño al frente; y el papel del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. De momento, la Dirección General de Trabajo, como autoridad laboral, se encuentra a disposición de las partes para que, si así lo requieren, puedan activar las facultades de asesoramiento o mediación previstas en el artículo 10 de real decreto 1483/2012. Los sindicatos ya han expresado su oposición al ajuste.
Fuentes cercanas a ese proceso aseguran que desde el Ejecutivo, tanto desde el de coalición como desde el del PSOE en solitario, ya se venía avisando al sector bancario desde hace tres años de la necesidad de atemperar las medidas de ajuste que necesitan para adaptar su negocio a un escenario de bajos tipos de interés y más digitalización en la relación con los clientes. El Gobierno deja claro que estos ajustes no son provocados por el Covid sino por este escenario de ajuste de costes creciente en toto el sector. La respuesta que buscaba el Gobierno en las entidades financieras, por su parte, ha brillado por su ausencia y ha llegado en sentido contrario, en forma de los ajustes presentados, tanto en la fusión de Caixabank, como en el caso de BBVA o Santander, entre otros.
Otro aspecto que ha destacado el Gobierno nada casual es el de los bonus. Y lo ha hecho a través de la propia Calviño, poco acostumbrada a este tipo de discursos más habituales en sus socios. La vicepresidenta segunda calificó esos ingresos de "inaceptables" y añadió que se trata de remuneraciones "que no se corresponden con la situación económica del país y aun menos en entidades que anuncian fuertes recortes de personal y cierres de oficinas".
Desde el Gobierno recuerdan que el Ministerio de Trabajo tenía hasta 2012 la posibilidad de parar un ERE, pero la reforma laboral del PP introdujo, en su artículo 51, que las empresas puedan presentar un expediente sin autorización previa de la administración. Aunque la derogación de esta norma no se encuentra sobre la mesa, algún comité de empresa sí que lo ha solicitado al Ejecutivo. Es el caso del de Nissan en Barcelona. Las fuentes consultadas también recuerdan que a todas las entidades financieras que ejecuten un ERE se les aplicará la llamada 'cláusula Telefónica', que implica que el coste de las prestaciones públicas por desempleo no las abone el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sino la empresa. Los impagos que se acumulan al Tesoro Público son, por cierto, de 150 millones.
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