Tras la condena dictada contra el president de la Generalitat, Quim Torra, que le sentenciaba a año y medio de inhabilitación, Vox presentó, el 10 de julio de 2019, un escrito de acusación por desobediencia al no haber cumplido la pena impuesta. Una querella que se fundamenta en que las penas interesadas conllevan su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cualquier otro cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo durante el plazo de dos años.
Con fecha de 3 de julio, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha comunicado a las partes que se les convoca a la vista para resolver el recurso de casacion -en la que Vox actúa como acusación- para establecer las responsabilidades en las que haya recaído el president de la Generalitat de Cataluña tras la sentencia dictada contra el por el alto tribunal.
El escrito de acusación de Vox solicitaba para Torra, por este delito de desobediencia -recogido en el artículo 410.1 del Código Penal-, penas de multa de 12 meses, a razón de 200 € diarios, y de inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años. Expresamente hicimos constar que las penas interesadas conllevan, por tanto, su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cualquier otro cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo durante el plazo de dos años.
El TSJC proseguirá con su nueva investigación sobre Torra
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado este viernes seguir adelante con la nueva causa por desobediencia que abrió en febrero al presidente catalán, por desoír su orden de que retirara del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los políticos presos.
En un auto, que es firme, la sala civil y penal del alto tribunal catalán desestima el recurso de súplica que la defensa de Torra presentó contra la nueva investigación por desobediencia al presidente catalán, que ya cuenta con una condena de año y medio de inhabilitación por negarse a retirar los lazos amarillos de edificios públicos en período electoral.
La nueva causa, abierta el pasado mes de febrero y que quedó en suspenso porque Torra recusó a los magistrados de la sala, deriva de la negativa del presidente catalán a cumplir con una orden de la sala contenciosa del TSJC que le emplazaba a descolgar del balcón del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los políticos presos, de forma permanente, no solo en período electoral.
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