La renovación del Tribunal Constitucional (TC) por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha entrado en un laberinto en el que la salida no parece encontrarse. La primera reunión de los cinco vocales designados como negociadores concluyó este viernes con pocos puntos de acuerdo, aunque con algunos fundamentales alcanzados: los magistrados que vayan al órgano de garantías procederán del Tribunal Supremo. Ahora bien, el problema principal radica en qué hacer para cubrir esas vacantes y no entorpecer más la labor de la Justicia, pues el propio órgano de gobierno de los jueces tiene limitada su capacidad de nombrar en la cúpula judicial mientras esté en funciones, como se encuentra desde hace casi cuatro años.
La tradición marca que el CGPJ elige entre miembros del Supremo los candidatos al Constitucional. Pero, en la situación actual, ello supondría agravar el estado de precariedad que viene atravesando el tribunal -en especial las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, de donde proceden la mayoría de los aspirantes- desde que el Gobierno impuso el veto a los nombramientos discrecionales, en marzo de 2021. Esta es una de las grandes preocupaciones que se discute en el órgano de gobierno de los jueces, según informan fuentes del mismo. El Alto Tribunal tiene 14 vacantes sin cubrir, que se convertirían en 16 -lo que representa más del 25% de sus efectivos- si dos magistrados se trasladan al TC, a lo que hay que sumar otras seis bajas que se producirán en los próximos meses.
Por ello, el bloque conservador plantea que antes de realizar los nombramientos al TC -que debe tener lugar cada nueve años- se establezca una serie de medidas para poder cubrir las vacantes que se dejan, como puede ser la comisión de servicios, indican las fuentes consultadas. Asimismo, quiere conocer quiénes son los elegidos por el Gobierno -que también tiene que nombrar a los otros dos magistrados que componen el tercio del Constitucional caducado desde el pasado mes de junio- y cuál es su procedencia (deben ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional).
Cabe recordar que en la última renovación del tribunal de garantías en octubre de 2021 -que llegó con dos años de retraso y se hizo conjuntamente con el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, tras un acuerdo de PSOE y PP-, se nombró a dos jueces de la Audiencia Nacional, cuyas plazas siguen desiertas. Una de ellas es la Presidencia de la Sala de lo Penal, que ocupaba Concepción Espejel, y en la que ahora está al frente el magistrado Alfonso Guevara, en funciones.
Pero este no es el único escollo. Una vez superado el 13 de septiembre, fecha límite que el Gobierno fijó para los nombramientos en la tan criticada 'contrarreforma' de la ley que restringe las competencias del CGPJ, algunos vocales -en especial del sector conservador- quieren saber qué pasará con la plaza que el pasado junio quedó también libre en el TC, después de que el magistrado Alfredo Montoya (propuesto por el PP) anunciara su renuncia por motivos de salud. Su sustitución corresponde al Senado y la elección debería llegar de la mano de los 'populares', si bien el nombramiento necesita una mayoría cualificada, lo que obliga a los dos grupos mayoritarios a entablar conversaciones, lo que podría trasladarse al tablero de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Visita de Reynders
Con esta situación, según señalan fuentes del CGPJ, parte de los miembros del órgano ve razonable esperar un poco más. Ello se debe a que el 30 de septiembre, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, hará un viaje oficial a España y se prevé que vuelva a exponer la necesidad de desbloquear el gobierno del Poder Judicial -en funciones desde diciembre de 2018-, así como el cambio de sistema de elección, uno de los principales asuntos que mantiene congeladas las negociaciones.
La visita -en la que ha reservado un tiempo para reunirse con Lesmes- tendrá lugar justo después de que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, mandara una carta al máximo responsable del CGPJ y del Tribunal Supremo para mostrar todo su apoyo y trasladar que comparte la "urgencia y prioridad absoluta" de la renovación. Y es que en la Apertura del Año Judicial -que se celebró el pasado 7 de septiembre-, el presidente del órgano y recriminó a PP y PSOE que estén "erosionando" la Justicia y les lanzó un ultimátum, bajo la amenaza de su propia dimisión si no llegan a un acuerdo en las próximas semanas o devuelve todas las competencias a la institución. Así, a la espera de ver si la presión surte efecto, los vocales conservadores prefieren aplazar los nombramientos, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Mientras tanto, las negociaciones dentro del propio CGPJ siguen adelante, aunque dando pequeños pasos. Este viernes los dos representantes del bloque conservador (José Antonio Ballestero y Carmen Llombart) y los tres de sector progresista (Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach) han acordado que los dos nuevos magistrados del TC, que procederán de la "alta magistratura", sean nombrados por una "amplia mayoría" y tras hacer una "minuciosa evaluación" de sus currículos y trayectorias profesionales.
Mayoría de tres quintos
Por el momento, los progresistas han dado ya a conocer un listado de nueve candidatos, que propondrán en un próximo encuentro, que se ha fijado para el miércoles 21 de septiembre. La mayoría de los magistrados de esta lista pertenecen a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, como José Manuel Bandrés, Eduardo Espin, Rafael Fernández Valverde (jubilado desde marzo), Ángeles Huet, Pablo Lucas (encargado de controlar al CNI) e Isabel Perelló. Asimismo, también se propone de la Sala de lo Social del Alto Tribunal a María Luisa Segoviano (primera mujer en presidir una Sala del Supremo, que dejará su plaza en octubre por jubilación) y Rosa María Viroles; y de la Sala de lo Militar a Jacobo López Barja de Quiroga (presidente).
El pasado 8 de septiembre -aún con días de margen para cumplir con la fecha 'tope' introducida el pasado mes de julio por el Gobierno-, Lesmes convocó a todos los vocales para comenzar las negociaciones, si bien tan solo se consiguió establecer unas "reglas de juego" para hacer los nombramientos. De acuerdo con estas normas, el Pleno no se volverá a reunir hasta que haya dos candidatos consensuados, lo que puede retrasar la futura convocatoria. Además, los dos aspirantes al TC deberán recibir el apoyo de una mayoría reforzada de tres quintos, es decir, 12 de los 18 miembros que ahora mismo componen el CGPJ, contando con que todos ellos acuden a la votación.
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