La investigación que arrancó en la Fiscalía Anticorrupción por presuntas mordidas en la construcción del AVE La Meca ha terminado por salpicar al Rey Emérito, el cual se convirtió en la figura clave para que esta adjudicación fuera a parar a manos de un consorcio español en 2011. Las pesquisas que ha desarrollado hasta ahora el órgano que dirige Alejandro Luzón han pasado a manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo al verse implicado en las mismas Juan Carlos I pero únicamente en los hechos que hubieran podido tener lugar a partir de 2014, año en que cedió la Jefatura del Estado y, por tanto, dejó de ser inviolable.
Aunque la investigación se centra en los hechos relativos a presuntas mordidas de 80 millones en esta adjudicación del país árabe, el alto tribunal pondrá la lupa en el periodo posterior a junio de 2014, por lo que las diligencias que practique el órgano se centrarán en el espacio temporal comprendido entre los años 2014 y 2020. Según informan fuentes jurídicas a La Información, el objetivo es esclarecer si el Monarca pudo cometer delito fiscal o blanqueo de capitales con la gestión de sus fondos en el extranjero a través de sociedades como la Fundación Panameña Lucum.
Parte de dichos fondos se nutrieron con una donación de 100 millones de dólares que le hizo al Emérito el rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz por su presunta mediación en la adjudicación de esta obra faraónica valorada en más de 6.700 millones de euros. Con todo, es una donación que ya se lleva investigando desde hace tiempo fuera de nuestras fronteras. De hecho, el fiscal helvético Yves Bertossa abrió una compleja causa para esclarecer estos pagos canalizados a través de fundaciones así como la gestión de la fortuna que habría corrido a cargo de presuntos testaferros tales como su gestor Arturo Fasana. Se trata de una información vital que Anticorrupción ha reclamado en numerosas ocasiones y que sigue a la espera de que se la envíe el país helvético.
La colaboración con Suiza
El inicio de este asunto se remonta al año 2015. Fue entonces cuando el comisario José Manuel Villarejo se reunió con Corinna Larsen, la que fuera amiga del Rey, en Londres. En ese encuentro, que el agente grabó, la empresaria alemana le relató que el Emérito le había pedido que ejerciera de testaferro de sus cuentas en Suiza, una solicitud que según ella misma dijo, declinó. El hallazgo de esta grabación por parte de los investigadores del caso Tándem propició la apertura de una pieza separada bautizada con el nombre de 'Carol'. En la misma se investigó lo relativo a este asunto pero el anterior magistrado del caso, Diego de Egea, acabó archivándolo a petición de Anticorrupción al no ver indicio penal y tratarse además de hechos que tuvieron lugar cuando el Rey gozaba de inviolabilidad.
Sin embargo, el Ministerio Público comenzó a investigar en unas diligencias secretas el presunto reparto de comisiones ilegales por parte de los empresarios que habrían participado en esta licitación por si los mismos fueran constitutivo de corrupción en las transacciones comerciales; un delito que solo se puede investigar en los juzgados con querella de Anticorrupción. En el marco de estas pesquisas, se contactó con el fiscal suizo Berzossa. Tras este encuentro se entabló una cooperación internacional según la cual Suiza recibió la grabación de Villarejo así como material sobre las dádivas del AVE a la Meca a la par que se comprometió a remitir a España los resultados obtenidos de sus pesquisas al Emérito, si bien este último paso todavía no se ha producido.
Por su parte, Corinna también ha jugado un papel clave en todo este asunto. La vieja amiga del Rey, que rompió relaciones tras el famoso viaje a Botsuana, confesó hace poco que recibió 65 millones de euros de Don Juan Carlos pero los desvinculó de la adjudicación del AVE. Corinna dijo en una declaración jurada que se los dio a modo de "regalo no solicitado" por el cariño que éste le tiene a ella y a su hijo. Sin embargo, la buena relación se truncó por 2012 cuando, según asegura, el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, le habría amenazado para que no revelara información confidencial de España. Ella, por su parte, ha negado siempre conocer secretos de Estado y ha asegurado que emprenderá acciones legales contra ambos en Reino Unido tras haber sido víctima de coacciones.
El fiscal del Caso Malaya y Terra Mítica
Ahora el asunto ya está en manos del alto tribunal. De hecho, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó el pasado 5 de junio un decreto en el que designó la causa al fiscal de Sala especializado en delitos económicos Ignacio Campos. El Ministerio Público elogia su "conocimiento exhaustivo" en derecho penal y su dilatada experiencia para tomar las riendas de un caso con gran "trascendencia institucional". Fuentes cercanas al fiscal consultadas por este medio explican que es una figura de sobra cualificada por todos sus años en el Ministerio Público en los que además de asuntos de índole económico también ha llevado otros como causas terroristas.
En concreto, Ignacio Campos fue el fiscal que estudió los recursos del caso Malaya sobre las irregularidades urbanísticas cometidas en Marbella, además de otros asuntos como la parte de la trama Gürtel que ya ha llegado al Tribunal Supremo y está pendiente de resolución. El fiscal que investigará las cuentas del Rey también fue designado para estudiar los recursos de casación por la sentencia del caso 'Terra Mítica' o del asesinato en el año 1992 de la joven de nacionalidad dominicana Lucrecia Pérez en la discoteca Four Roses de Madrid. Se considera el primer caso reconocido en España de un crimen por violencia racista.
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