El Gobierno prepara un decreto para bonificar a las empresas que vayan sacando a sus trabajadores de los ERTE y les vayan incorporando a su puesto de trabajo a medida que avancen las fases de la desescalada. El objetivo, según explican fuentes gubernamentales, es ir reduciendo los costes laborales para los empresarios que retomen la actividad a la vez que se sigan manteniendo algunas condiciones favorables para estos expedientes de fuerza mayor. Las negociaciones están en marcha y no se descarta un acuerdo inminente. Incluso podría incluirse en el orden del día del consejo de ministros que se va a celebrar este viernes para aprobar la cuarta prórroga del estado de alarma.
Este jueves hay convocada, a última hora de la tarde, una reunión con los agentes sociales en la que este asunto se pondrá sobre la mesa. El planteamiento del Gobierno pasa por bonificar parte de la cuota empresarial de las cotizaciones a la Seguridad Social por los trabajadores que se vayan incorporando a las compañías. Estas bonificaciones serán más elevadas en las primeras fases de la desescalada e irán recudiéndose de forma progresiva a medida que avance el desconfinamiento.
En principio, según las fuentes consultadas, la medida será compatible con la exoneración de parte de las cotizaciones para los trabajadores que, de forma paralela, continúen en el ERTE tras el final del estado de alarma. Hay que recordar que hasta ahora la Seguridad Social se ha hecho cargo del 100% de las cotizaciones en las empresas de menos de 50 empleados y del 75% en las más grandes. A partir de ahora lo que se busca es ir acompasando esos porcentajes a la desescalada.
La reunión de esta tarde se prevé, cuando menos, intensa. Los empresarios se sientan con el Gobierno después de haberse cerrado en banda a firmar la anterior propuesta del Ejecutivo, que incluía la prohibición de los despidos hasta el 31 de diciembre, como se adelantó en estas páginas. Desde el Ministerio de Trabajo rehúsan, de momento, confirmar si esta cláusula va a desaparecer del documento de cara al encuentro que tendrá lugar a las 20.00 horas. Mientras, fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que los agentes sociales llevan negociando desde ayer tarde y en estos momentos "está todo abierto".
Esta misma mañana el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, denunciaba que "el Gobierno ha aprovechado la situación para cambiar las reglas del mercado laboral" al "colgar perchas" de los ERTE que no estaban en el marco jurídico anterior, como la salvaguarda de mantenimiento del empleo que obliga a las empresas que hagan ERTE a mantener intactas sus plantillas seis meses después de retomar la actividad.
Pero hasta ahora esta cláusula ha sido condición 'sine qua non' para Yolanda Díaz, que rechaza levantarla por el riesgo de que las empresas se lancen a hacer despidos una vez finalicen los ERTE y reactiven el negocio. Sin embargo, la patronal considera que el planteamiento de la ministra "no cumple los objetivos de necesario apoyo a las empresas" y no contribuirá a la dinamización de la economía ante el fuerte retroceso del PIB y el empleo. "Si no hay flexibilidad, no puede haber acuerdo", zanjan.
En las horas previas a la cita, fuentes de la CEOE trasladaban a La Información su negativa a llegar a un acuerdo ante estos planteamientos por parte del Gobierno. "Quieren prohibir el despido hasta el 31 de diciembre y obligarnos a mantener a los temporales"; "están alejados de la realidad"; "con estas condiciones no vamos a firmar nada"; "el documento que han puesto sobre la mesa requiere una enmienda a la totalidad"... son solo algunos de los comentarios que llegaban desde distintas fuentes de la confederación empresarial.
"El 95% de las empresas no van a poder mantener la plantilla que había el 29 de febrero. Mientras siga la disposición que obliga a mantener el empleo durante seis meses, todo lo demás huelga", sentencia un miembro de la Junta Directiva de la CEOE, que incide en que "con una caída del PIB del 10%, con un paro del 20% y con una reducción de la actividad con respecto a 2019 del 60%, es imposible mantener el 100% de los recursos humanos".
Los empresarios aseguran que los planteamientos del Ejecutivo son, directamente, "una locura" y se quejan de que con este marco se arriesgan a incurrir en infracciones muy graves por incumplimientos de las obligaciones de mantenimiento del empleo, y se exponen a sanciones económicas muy altas que van de 6.251 a 25.000 euros en su grado mínimo; de 25.001 a 100.005 euros en su grado medio; y de 100.006 a 187.515 euros en su grado máximo. Además, implican la devolución de las prestaciones cobradas por los trabajadores y de las cotizaciones sociales exoneradas durante el tiempo que durase el ERTE.
En el único punto que parece haber acuerdo en este momento es en la necesidad de prolongar las condiciones favorables para los ERTE por causa de fuerza mayor más allá de lo que dure el estado de alarma. Los interlocutores sociales, Gobierno, patronal y sindicatos, también coinciden en que la desescalada de los ERTE debe articularse por fases, reduciendo las ayudas públicas de manera gradual, y diferenciarse por sectores. En este sentido, los técnicos de la Seguridad Social ya han detectado cuáles son las actividades más afectadas por esta crisis y monitorizan su evolución diaria para diseñar el plan de choque post-Covid.
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