El proyecto fallido para ampliar El Prat y las medidas urgentes para abaratar el recibo de la luz están poniendo a prueba la salud de la coalición en una semana que no pasará a la historia como la mejor para Pedro Sánchez. El presidente, centrado en la economía y en su agenda internacional -se busca una reunión con Joe Biden en la Asamblea General de la ONU que arranca el día 20-, encara, además, una Mesa bilateral con Cataluña en la que los independentistas se van a sentar con la intención de hablar de "autodeterminación y amnistía". Moncloa responde que la Generalitat conoce perfectamente los límites del diálogo.
La de El Prat es la primera gran discrepancia entre Sánchez y Yolanda Díaz desde que la vicepresidenta segunda asumiera las riendas del área de Unidas Podemos en el Gobierno. La también ministra de Trabajo ha estado coordinada en todo momento con Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona llamada a ocupar mayores cuotas de responsabilidad en el nuevo Unidas Podemos, y ya desde la primera semana de agosto transmitió al jefe del Ejecutivo la oposición del espacio morado a la ampliación del aeropuerto.
Ha sido, explican fuentes del Gobierno, uno de los asuntos que ha centrado las conversaciones entre Sánchez y Díaz durante el mes de vacaciones. El presidente, en La Mareta, en Lanzarote. Y la vicepresidenta, principalmente, en Galicia, hablaron e, incluso, pactaron esta discrepancia. Es un distanciamiento, por tanto, dialogado en privado con el jefe del Ejecutivo. De hecho la propia Díaz ha llegado a desvelar que ha trabajado "en silencio" desde dentro del Ejecutivo para impedir que se llevara a cabo la ampliación, un proyecto fallido que ha tildado de "invasivo" y "depredador".
Sánchez y Díaz hablaron en agosto y pactaron sus diferencias sobre la ampliación de El Prat
El rechazo final de la Generalitat acabó tumbando el proyecto para El Prat, al menos de momento. La gran duda es saber qué hubiera hecho las parte socialista del Gobierno si Aragonès hubiera bendecido el plan. En Unidas Podemos tienen claro que lo hubieran aprobado, pese a su discrepancia, porque fue un proyecto cocinado en exclusiva en el Ministerio de Transportes y que en ningún momento se negoció con sus socios de coalición, señalan estas fuentes.
Este encontronazo entre socios de coalición se suma en la misma semana al de la luz. El área gubernamental del PSOE, tal y como se publicó en estas páginas, ha blindado toda la información sobre el conjunto de medidas urgentes que se prevén aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes y no está compartiendo ningún detalle con Unidas Podemos. Los morados se están enterando por la prensa de las decisiones que se podrían tomar, una realidad que también está enrareciendo el clima interno en el Gobierno este mes de septiembre.
El Salario Mínimo también ha provocado que las costuras de la coalición se pongan a prueba en este inicio de curso. El presidente sorprendió en su primer gran evento tras las vacaciones anunciando, ante una parte del Ibex, una subida "inminente". Más tarde Calviño enfrió la decisión a octubre pero Díaz sigue utilizando el mismo término que el presidente: "Inminente". El Gobierno está intentando alcanzar un acuerdo en el diálogo social que, aunque no es vinculante en este caso, sí que ayudaría a engrasar las grandes negociaciones que vienen.
Que el Gobierno tenga discrepancias y las exteriorice es algo habitual en lo que llevamos de legislatura. Sánchez e Iglesias se prometieron el 12 de noviembre de 2019 "lealtad", pero el día a día ha demostrado que PSOE y UP son, en determinados aspectos, como el agua y el aceite. Basta echar la vista atrás para conocer disensiones importantes, la mayoría en el terreno económico, con permiso de la salida del rey emérito de España, que han provocado fuego cruzado. En ellas, también en la de don Juan Carlos, fueron los socialistas quienes decidieron no consensuar o consultar con los morados la medida en cuestión.
Sánchez e Iglesias se prometieron el 12 de noviembre de 2019 "lealtad" pero las disfunciones son habituales
Uno de los casos más polémico fue la fusión de CaixaBank y Bankia. Ni Sánchez ni Calviño informaron al área morada, entonces dirigida por Pablo Iglesias, de la operación. El presidente habló de la necesidad de mantener la "confidencialidad" con una "información muy sensible". Algo similar ocurrió con el decreto de remanentes de los ayuntamientos que provocó un varapalo para el Gobierno, especialmente para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Congreso tumbó un texto que no había sido consencuado internamente en la coalición. Y no hay que olvidar aquella decisión de Sanidad de permitir a los niños salir a la calle, tras el confinamiento, sólo para acompañar a sus padres al supermercado o a la farmacia. La medida, no consensuada con UP, fue rectificada posteriormente para que los menores pudieran dar paseos cortos.
La coalición, en definitiva, no ha empezado el curso político con la mejor salud. Algunas, como la citada de El Prat, pactada entre Sánchez y Díaz. Otras, como la de la luz, está erosionando día a día la confianza mutua. Lo importante, coinciden ambas partes, es que presidente y vicepresidenta segunda mantienen las habituales vías de comunicación y reuniones discretas. Sin luz ni taquígrafos. Pero se avecina un otoño intenso, con los Presupuestos, la reforma laboral, los ERTE y las pensiones como telón de fondo, y la coalición ya está demostrando diferentes negociadoras de inicio.
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