Los últimos doce meses han sido muy complicados para los gestores de carteras, que han tenido que hacer frente a unos niveles de volatilidad e incertidumbre como no se recuerdan en medio de la mayor recesión en tiempos de paz. Casi nadie se ha salvado... Tampoco el Estado español. El roto que la crisis del coronavirus ha hecho en el último año a su patrimonio bursátil asciende a 4.768 millones de euros. Ha sido un duro mazazo para sus nueve participadas que, en conjunto, han soportado un golpe mayor que el asestado por la pandemia al Ibex 35 en ese mismo periodo. Es mucho decir teniendo en cuenta que el último ha sido el peor ejercicio para el índice.
La cartera que gestiona actualmente el Gobierno de Pedro Sánchez se ha dejado por el camino un 19,86% de su valor de mercado a lo largo de 2020, frente al 15,4% que ha retrocedido el selectivo de nuestro país. Así, ese conjunto de acciones ha pasado de valer 24.006 millones de euros a finales de 2019 a los 19.237 millones que alcanzaba al cierre del pasado ejercicio. La mayor parte de esa merma responde al descalabro que han sufrido en el parqué los títulos de Aena, Airbus y Bankia.
Las medidas de restricción a la movilidad y para hacer frente a la expansión del virus se han cebado con el sector aéreo y su 'annus horribilis' se aprecia bien en el modo en que se ha devaluado la participación que el sector público ostenta en Aena (un 51% a través de la sociedad Enaire) y en Airbus (4,2% vía Sepi), pero también en IAG, la filial de Iberia o Vueling. En términos absolutos es en el gestor de los aeropuertos nacionales y en el consorcio aeroespacial donde la cartera del Estado se desangra más. Perdió 2.164,7 millones de euros de valor de enero a diciembre en la compañía que capitanea Maurici Lucena (-16,6%) y otros 1.295,6 millones de euros en el fabricante de aviones europeo (-30,3%).
Los duros efectos de la restricciones
En un año en el que, según los últimos datos que ha publicado la propia Aena, el tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles se ha reducido prácticamente en tres cuartas partes -de enero a noviembre- las cosas tampoco han sido fáciles para IAG (un 2,52% de la firma está en manos públicas), que se ha visto envuelta además por los vaivenes en la negociación del Brexit hasta el último minuto. El pasado 31 de diciembre al cierre (cuatro días después de que Londres y Bruselas alcanzasen un acuerdo sobre la relación que vincula ya a las partes desde el 1 de enero) la firma comunicaba su plan para conservar sus licencias y seguir volando que no ha sentado nada bien en el sector, tal y como adelantaba 'La Información'.
En el caso de Bankia la cartera pública ha visto como se esfumaban otros 844 millones de euros (-23,84%) el último año. La participación con la que el Estado cuenta actualmente en la entidad a través de BFA-FROB asciende al 61,8%, si bien se diluirá hasta el 16% una vez que se complete la fusión en marcha con Caixabank. Además, la porción pública en Enagás (del 5% a través de la Sepi) ha adelgazado un 21% en 62,55 millones de euros; la que ostenta en Red Eléctrica (20%) ha menguado un 6,4% en algo más de 124 millones de euros, mientras que la que posee en Indra, la multinacional española de servicios de consultoría, se ha depreciado un 31,5% en otros 106 millones de euros.
Las acciones bajo gestión del Gobierno se completan con Ebro Foods, el mayor grupo del sector de la alimentación por ventas en nuestro país, cuya participación del 10,36% ha sido una de las menos afectadas por la pandemia (ha adelgazado un 1,81% en 5,57 millones de euros); y con Abengoa, en la que la Secretaría de Estado de Comercio cuenta con un 3,15% del capital y ha visto reducirse su valor en un 34,7% hasta los 1,79 millones de euros.
La crisis provocada por el coronavirus se ha traducido, además, en una reducción en los ingresos que el Estado percibe vía dividendos de estas compañías, que se han visto obligadas a reducir o eliminar la retribución a sus accionistas para poder capear el temporal. En concreto y antes de que estallase la pandemia, los pagos comprometidos por esta vía iban a suponer unos 1.023 millones de euros para las arcas públicas.
