Una especie de calma chicha, la que antecede a la tormenta, amenaza la deriva regulatoria de la banca española en su travesía por las aguas turbulentas de la pandemia. El sector financiero, acostumbrado a navegar en primera clase, sigue confiando en la fortaleza de su sistema inmunológico y pretende sortear el confinamiento generalizado en los mercados con el reparto de nuevos y golosos dividendos a sus accionistas. Los conatos de esta rebelión a bordo han provocado la reacción de los vigilantes de la playa monetaria, que han salido al paso de los intrépidos marineros, advirtiendo que Europa no puede permitirse el lujo de soportar entidades bancarias varadas por las consecuencias de la crisis e incapaces de surcar el mar de las grandes transformaciones que se avecinan en la economía mundial para los próximos años.
La visión utilitarista de la banca como el sistema sanguíneo que faculta la supervivencia de la actividad productiva y su función orgánica de servicio público suponen una pesada losa a la hora de interpretar esa necesidad perentoria que obliga a presentar un cuadro clínico impoluto a toda entidad financiera. En España la resolución del Banco Popular ha dejado muy a las claras que por la iliquidez entra la peste y que la peor enfermedad que puede llevarse por delante a un banco es la falta de confianza. Una patología de extrema vulnerabilidad, dependiente en buena medida de factores externos y que, en estos atribulados momentos, está sujeta a muy diversas percepciones, aunque todas ellas bajo el denominador común de una incertidumbre capaz de desquiciar cualquier expectativa de futuro.
Es cierto que la ilusión de una vacuna rápida y efectiva como la de Pfizer y BioNTech supone un gran alivio para ese mercado financiero donde se compra con el rumor y se vende con la noticia. Pero con todo y con eso el Banco Central Europeo (BCE) no termina de entender la propagación de ese virus del dividendo que parece haber contagiado a la gran banca sistémica. En medio de la que está cayendo, la vieja costumbre de repartir por la vía rápida los beneficios entre los accionistas constituye un anacronismo que desafía el acervo cultural de un supervisor calvinista, más preocupado por dar a Dios lo que es de Dios y no tanto por lo que es del César. Los entusiastas del Apocalipsis se han enardecido al compás de la interminable plaga y cualquiera que trate de sacudirse la mascarilla para liberarse de la normalidad suplantada que nos invade se arriesga a quedar marcado ante el resto de la comunidad con la letra escarlata de un pecado imperdonable.
El Banco Santander, con su ajuste de 4.000 empleos y la eliminación de un tercio de la red de oficinas, pone en evidencia la mala salud de hierro del sistema financiero en España
La sutil recomendación de prudencia reiterada por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no parece suficiente para curar la sordera de los que no quieren oír las advertencias, mucho más directas y conminatorias, procedentes de las autoridades de Fráncfort. Ana Botín se ha lanzado como Agustina de Aragón con el cañonazo de una retribución accionarial en metálico y pagadera por el Banco Santander con cargo al presente ejercicio, una intención anunciada con especial frenesí en las últimas semanas y que trae por el camino de la amargura a los reguladores europeos. Es cierto que la primera banquera del país se ha cuidado muy mucho de invocar el níhil óbstat del BCE antes de ponerse el dividendo por montera, pero en la actual atmósfera de inseguridad y temor por la pandemia cualquier gesto de cortesía es susceptible de ser interpretado como una provocación.
Los bancos españoles han reportado en el tercer trimestre del año un endurecimiento de las normas de crédito sobre préstamos a empresas que induce a pensar en consideraciones añadidas de riesgo. Los supervisores temen de manera especial que la eliminación de las bulas contables establecidas el pasado mes de abril provoque una inundación de la morosidad que a lo largo de estos meses ha permanecido embalsada en las cuentas de las entidades financieras. A menos que José Manuel Campa tenga a bien adaptar nuevamente las normativas de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), los más ilustres prestamistas tendrán que ajustar sus balances con nuevas dotaciones que, a buen seguro, alterarán el pulso del mercado crediticio, dando lugar a un estrangulamiento de la financiación empresarial que es indispensable para la recuperación económica.
La ampliación de las moratorias de pago y de los vencimientos de los créditos avalados por el ICO supondrá un balón de oxígeno para los cientos de miles de autónomos y la decena de miles de pequeñas y medianas empresas que sobreviven agarrados a una tabla de salvación en medio del océano de la crisis. Pero eso no redime a la banca ni reconforta a las autoridades supervisoras ante la evolución de un sistema financiero atacado por la patología crónica que supone la senectud de su modelo tradicional de negocio. La nueva reconversión, en forma de ajustes de capacidad y destrucción de empleo, que están emprendiendo estos días la mayor parte de las grandes entidades sistémicas es un botón de muestra de la mala salud de hierro que padece el sector bancario en España.
El Banco Central Europeo tiene la sensación de que tanto Carlos Torres como Josep Oliu se están haciendo demasiado de rogar con la fusión del BBVA y el Banco Sabadell
La audacia del Banco Santander para sacar de golpe todos los muertos del balance y reajustar su capacidad productiva con el cierre de un tercio de oficinas mediante un ERE de 4.000 trabajadores no es fácil de emular por el resto de bancos, con una base de clientes más reducida, menor diversificación de negocio y en algunos casos atacados por serios problemas de gobierno corporativo. Estas debilidades estructurales obligan a caminar con pies de plomo a la hora de abordar los necesarios saneamientos y complican la solución final promovida por el BCE como último aviso para subirse al tren de las fusiones corporativas. Ejemplo manifiesto es la integración del BBVA con el Banco Sabadell por la que suspiran todos los reguladores europeos, incluido el Banco de España, pero sobre la que tanto se están haciendo de rogar Carlos Torres y Josep Oliu.
Las instituciones encargadas de velar por el correcto funcionamiento del mundo financiero han asumido buena parte del coste político de la crisis con una reducción de las exigencias de capital que constituyen la métrica básica para testear la solvencia de los agentes del mercado. El propósito de tal indulgencia no es otro que favorecer un marco de consolidación que reduzca el mapa sectorial, facilitando la labor de vigilancia sobre un grupo concentrado de instituciones más fuertes y mejor preparadas para satisfacer la generosidad con sus accionistas, sin descuidar el amparo y atención de sus clientes. En otras palabras, sin fusiones no hay dividendo y si acaso lo hubiera no sería el mismo café para todos. Algunos quizá puedan tomarlo de Colombia, pero la mayoría deberá consolarse con una tacita de achicoria.
