Con esta compra, se adhieren al grupo 118 empleados que pasarán a formar parte de la firma y que, a partir de ahora, estará formada por más de 1.100 trabajadores entre sus factorías de Vigo, Valencia y Hungría.
El expediente temporal se centra, al igual que en 2022, en 60 jornadas iniciales de suspensión, la ejecución de un balance de las jornadas de no actividad y y la activación de las 15 jornadas de suspensión adicionales.
El cambio en cuestión, que entrará en vigor este jueves, afecta al llamado RED cíclico, que puede ser solicitado por las empresas cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general.
La dirección de la factoría viguesa del grupo automovilístico ha iniciado con la representación social un periodo de consultas para aplicar un nuevo expediente de regulación temporal de empleo y un ERE.
La apuesta por la electrificación se posiciona como la válvula de salvación dentro de un mercado que no se ha terminado de recuperar y que tendrá que enfrentarse a los nuevos modelos de movilidad emergentes.
Se ha congratulado de la reforma laboral que, dice, ha supuesto un "impulso a la calidad del empleo" con 2,3 millones más de contratos indefinidos y una bajada de 3,3 millones de contratos de corta duración.
El Ejecutivo tira de los préstamos del Plan de Recuperación para financiar el fondo del Mecanismo RED y poder hacer frente tanto a las prestaciones como a la formación de los trabajadores afectados.
La empresa propuso la ampliación por la situación del mercado de acero marcado por una "muy baja demanda" y por un "alto volumen" de importaciones de fuera de la UE y por la situación de incertidumbre.
No tiene por el momento previsión de apertura de la ACB de Sestao, cerrada desde el mes de julio.
La empresa quiere continuar bajo los mismos términos y una vigencia de un año, hasta el 31 de diciembre de 2023, mientras que los sindicatos han anunciado que darán una respuesta en los próximos cinco días.
El acuerdo supone que la planta de Puente San Miguel parará escalonadamente del 21 y el 31 de diciembre, mientras que las de Bilbao y Usánsolo, ambas en Vizcaya, lo harán del 26 al 31, y la de Burgos del 22 al 31.
La dirección de la multinacional ha comunicado la decisión que afectará a unos 2.600 trabajadores de las factorías españolas de Burgos, Puente San Miguel (Cantabria), y Usánsolo y Basauri (Vizcaya),
Este mecanismo ha garantizado la vuelta al empleo al 65% de los trabajadores cuando ha durado un trimestre, al 41,1% cuando se ha mantenido medio año y al 26,2% cuando ha tenido 9 meses de duración.
La UGT explica que el negocio, propiedad de Sainberg La Ibense, "arrastraba impagos a los trabajadores" y dice que su crisis aumentó con la pandemia, "pero sobre todo por la mala gestión en estos últimos años".
A la escalada de los precios de las materias primas que afronta el sector, se han sumado ahora los combustibles y la falta de pedidos, que han obligado a la empresa a poner en marcha esta medida.
Un juzgado de Salamanca se posiciona tras la demanda de una ex-trabajadora de Viajes El Corte Inglés contra el SEPE al ver recortado el periodo de cómputo con el que accedía a la prestación por desempleo.
Los sueldos pactados en convenio crecieron de media un 2,61% hasta septiembre, cifra ligeramente superior al dato de agosto (2,60%), pero más de seis puntos inferior al IPC de ese mes, que fue del 9%.
La factoría debe negociar la salida de trabajadores de la plantilla, actualmente de unos 6.000 empleados, para adecuar la dimensión a la línea eléctrica que producirá en 2026 y que conlleva menor carga de trabajo.
La formación morada demanda un pacto de rentas para mantener el poder adquisitivo de la población y mantener las ayudas adoptadas para combatir el alza de precios sobrevenido por la guerra en Ucrania.
El grupo siderúrgico se ve obligado a detener esta fuente de producción durante un tiempo, aún no especificado, por la baja demanda que afecta al sector y el impacto de los altos precios de la energía.
La compañía ha presentado una oferta inicial a los sindicatos que plantea esta medida que han llevado a cabo por razones de carácter "productivo y organizativo", y se aplicaría desde noviembre hasta 2024.
El Gobierno sigue negociando con sindicatos y empresarios las condiciones de los nuevos expedientes de regulación de empleo temporal que entrarían en vigor el 1 de febrero.
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Dependiendo de si el Expediente de Regulación Temporal de Empleo aplicado fue de reducción de jornada o de suspensión de contrato, los trabajadores devengarán o no los días de descanso correspondientes.
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