El ministro de Asuntos Exteriores confirma que están estudiando las implicaciones del órdago argelino, con quien quiere mantener una "relación constructiva".
La LECrim prevé esta posibilidad para miembros del Gobierno, entre otros. También permite que el juez les interrogue en su despacho, si no han tenido conocimiento de los hechos por razón de su actual cargo.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama levanta el secreto sobre el caso y se desplazará hasta Israel para interrogar como testigo al dueño de la empresa que desarrolló el programa espía.
El secretario de Estado de Hacienda abandona el departamento con la reforma fiscal en un cajón y cambia de Ministerio para dirigir el comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, su isla natal.
El 12 de junio caduca el mandato de cuatro magistrados y el Gobierno tiene sobre la mesa varios nombres para efectuar dos nombramientos que le corresponden. Se pidieron informes y hay opiniones distintas.
El Gobierno debe nombrar a dos y el CGPJ a otros dos, aunque la situación de interinidad se lo impide. Esto permite a Moncloa designar los cargos que les toca, pero necesita contar con la autorización del Pleno.
En respuesta parlamentaria a Vox, el 10 de mayo, Moncloa dijo que no podían comunicar los ciberataques sufridos por organismos públicos para evitar dar a conocer "puntos débiles" a actores extranjeros hostiles.
El presidente del Gobierno ha comparecido en el Congreso por la presión de sus socios en torno al caso de espionaje a líderes independentistas desvelado por un diario norteamericano hace unas semanas.
El ministro de presidencia, Félix Bolaños, explica que, tras el cese de Esteban, el Gobierno busca abrir una nueva etapa para reforzar sus capacidades en materia de ciberseguridad y luchar contra el ciberespionaje.
Robles no veía motivos para "sustituir" a la directora de los servicios de Inteligencia pero Moncloa considera que el fallo de seguridad es "gravísimo". El choque interno con Bolaños se salda en tablas.
El ministro ha elegido un segundo plano en el escándalo, pero entre sus competencias están monitorizar y vigilar las acciones cibernéticas de otros Estados que puedan tener impactos en los intereses españoles.
El presidente emite un "caso cerrado" para poner fin a las discrepancias entre dos de sus ministros más importantes. Moncloa ve una "negligencia" en el espionaje al jefe del Ejecutivo y ministros y apunta al CNI.
Presidencia considera una brecha de seguridad grave el espionaje al teléfono de Sánchez y no confirma la continuidad de la jefa de los servicios de Inteligencia. No descarta descubrir nuevos móviles atacados.
La empresa israelí NSO Group asegura que se comprometerá a investigar "cualquier sospecha de uso indebido" y que "cooperaremos y ayudaremos con cualquier investigación gubernamental".
El ministro de la Presidencia explica que la investigación continúa, pero que no hay ningún informe en el que conste que, por ejemplo, fue espiada la exministra de Asuntos Exteriores Arancha Gonzalez Laya.
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"El niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro", ha agregado en el tuit, en el que ha compartido también una noticia sobre la denuncia del Gobierno al presunto espionaje.
El estudio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) señala que tras los ataques con Pegasus al móvil del presidente no hay ningún organismo oficial. La Fiscalía pudo acreditar en México una infección privada.
Para la líder de Podemos, la información revelada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, muestra una "profunda brecha" en la seguridad del Estado".
El titular de la cartera de Presidencia ha detallado que se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente del Gobierno en mayo de 2021 y una intervención más en el móvil de la ministra.
Según asegura la Abogacía del Estado, los teléfonos móviles de Sánchez y Robles fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus entre los meses de mayo y junio de 2021.
Sánchez envió al 'CEO' del Gobierno y a Gómez a negociar con Aizpurua mientras Montero buscaba la vía del PP por si fracasaban. ERC comunicó que no podía pasar de pedir la cabeza de Robles a ayudar al PSOE.
El Gobierno aprueba en el Congreso el decreto económico que permitirá mantener la rebaja fiscal del 60% en la factura de la luz, ayudas directas a los transportistas o el aumento del Ingreso Mínimo Vital.
El Tribunal de Cuentas fiscalizará con una auditoría externa la actividad económica y financiera de la Casa Real, según recoge el decreto sobre la estructura y el funcionamiento de la Jefatura del Estado.
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