Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han tenido un papel fundamental durante la pandemia y han permitido que 755.000 trabajadores -dato del 31 de diciembre- sigan manteniendo su empleo, recibir ingresos mensuales y, al tiempo, continuar cotizando a la Seguridad Social -tanto ellos como los empresarios-, algo que ha resultado clave en un momento crítico para el sistema público de pensiones, que se enfrenta a una profunda e inminente reforma capitaneada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Pese al descenso de los trabajadores por cuenta ajena que cotizan por contingencias comunes en la Seguridad Social -a finales del año había 448.157 menos que en diciembre de 2019-, las bases de cotización de los empleados, que sirven para determinar la base reguladora de su pensión de jubilación, aumentaron de forma importante durante 2020, el peor año de la crisis del coronavirus y que se ha cebado especialmente con el empleo temporal y parcial, dejando prácticamente intactos los cotizantes fijos y con jornada completa, que son los que tienen retribuciones mayores.
Según los datos de la estadística de la Seguridad Social, en diciembre del año pasado había 14.454.850 trabajadores -excluidas las empleadas del hogar, los artistas y los agricultores- cotizando en el Régimen General, de los que 11.184.319 eran indefinidos y con jornada completa, solo 119.000 menos que un año antes. La base de cotización media, que se calcula a partir de la totalidad de las percepciones económicas, sean en dinero o en especie, se situó a finales de 2020 en 1.964 euros, un 5% más que en el ejercicio anterior.
El aumento de las cotizaciones de trabajadores y empresas es determinante para el incremento de la recaudación de la Seguridad Social, ya que lo que pagan supone más de tres cuartas partes de todo lo que ingresa el organismo. El número de cotizantes de esta estadística de la Seguridad Social y su base de cotización está referida a la persona física, a diferencia de los datos de afiliación que recoge las relaciones laborales.
La clave de los funcionarios
Los datos muestran que la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena se concentran en la actividad de comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos -2,4 millones-, pero su base de cotización, que sirve para calcular las cuantías de las prestaciones de Seguridad Social, es inferior a la media y se sitúa en 1.694 euros.
Mientras, los trabajadores en la industria manufacturera superan los 1,8 millones y los empleados públicos fuera del régimen de clases pasivas -los laborales, adscritos a Defensa, interinos de Justicia, policías y los de carrera que se incorporaron después de 2011, entre otros- suman un total de 1,18 millones. Se excluyen los de sanidad y educación, que tienen su propio epígrafe.
En estas dos últimas actividades las bases superan con creces la media y por el número de trabajadores resulta clave para el mantenimiento de las prestaciones de jubilación. Los empleados en el área de suministro de energía, gas, vapor y aire acondicionado son los que tienen el sueldo obligado a tributación a la Seguridad Social más elevado y su base supera los 3.400 euros, apenas suponen 34.000. Por su parte, la hostelería, que da trabajo a un millón de personas, tiene la base de cotización más baja, 1.200 euros.
El País Vasco, Navarra y la Comunidad de Madrid encabezan el ránking de bases de cotización por autonomías. Las tres regiones superan la media y se sitúan en 2.346, 2.199 y 2.178 euros, respectivamente. Mientras, en la parte baja de la tabla están Andalucía -1.762 euros-, Canarias -1.728 euros-, y Extremadura -1.637 euros-. Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía acogen a más de la mitad de los cotizantes de toda España.
Pese a que la base de cotización de las mujeres aumenta a un mayor ritmo que la de los hombres -6,22% frente a 4%- la brecha de género todavía es importante y supone 469 euros en los contratos indefinidos, pero apenas 4 euros en los temporales. También la diferencia es muy importante en el tramo de edad de 64 años, que es de 669 euros.
Cómo se calcula la base reguladora
La base reguladora de la pensión de jubilación se calcula en 2021 teniendo en cuanta las bases cotización de los últimos 24 años inmediatamente anteriores al mes previo al de la jubilación. Las últimas 24 bases de cotización -dos años- se tienen en cuenta según su valor nominal, mientras que todas las anteriores se actualizan según la evolución de la inflación durante ese periodo. La base reguladora sumando las últimas 288 bases de cotización que se dividirán entre 336.
Para conocer exactamente cuánto se cobrará de pensión -que de media se percibe durante 20 años- hay que sumar las bases de cotización que se han tenido durante los últimos 288 meses previos al momento de jubilarse y el resultado dividirlo por 336 (24 años por 14 pagas, dos de ellas extra, que corresponden a los pensionistas). En 2022 la prestación de jubilación se calculará con 25 años, es decir, 300 y 350.
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