La reforma del sistema público de pensiones que ha puesto sobre la mesa el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y que está abierta a negociación, pero también supeditada a Bruselas y a los fondos de recuperación de la Unión Europea, supondrá un drástico cambio del actual modelo. La 'paguilla' de enero que recibían los pensionistas para compensar la diferencia entre la revalorización aplicada a sus prestaciones y el aumento de la inflación tiene sus días contados, mientras la 'hucha de las pensiones', que llegó a acumular 66.815 millones de euros en el año 2011, dejará de recibir nuevos fondos.
El Fondo de Reserva, diseñado por el Ejecutivo de José María Aznar en julio de 1997 y que empezó a andar en 2003 con el objetivo de cubrir las necesidades de gasto de las pensiones contributivas en momentos de desequilibrios del sistema de la Seguridad Social, dejará de recibir nuevos fondos. Al menos esa es la intención de Escrivá, que aseguraba recientemente que no le preocupaba que la hucha se quedase "a cero" y que no se había planteado hacer nuevas aportaciones.
En diciembre de 2019, último dato disponible, el Fondo de Reserva tenía un saldo de 2.150 millones de euros, una cantidad ínfima en comparación con lo que llegó a acumular en épocas de bonanza. Desde 2011, el desfase entre gastos e ingresos de la Seguridad Social ha obligado a recurrir a la hucha, que ha ido reduciéndose hasta la actual situación.
El ministro, que recientemente se mostraba optimista sobre el futuro de las pensiones, confiado su plan para alargar la fecha de retiro de los trabajadores, admitía que si la Seguridad Social consigue equilibrar sus cuentas, no sería necesaria la hucha de las pensiones, que reconocía en una entrevista realizada por Colpisa y recogida en diferentes medios que no le generaba "particular entusiasmo".
En cuanto a la 'paguilla' de la cuesta de enero, que no se ha abonado este año debido a que el descenso a valores negativos del Índice de Precios al Consumo (IPC) no ha provocado pérdida de poder adquisitivo, no seguirá existiendo dentro del modelo de Escrivá, que contempla el incremento anual de las prestaciones en sintonía con la inflación del año anterior. En cualquier caso, parece garantizado que los pensionistas no perderán poder adquisitivo aunque la inflación sea negativa. La anterior fórmula, la que introdujo Mariano Rajoy en 2013, condicionaba el aumento de las pensiones al equilibrio de las cuentas públicas, relegando a un segundo lugar el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados.
Clases pasivas y jubilación obligatoria
Escrivá también dará carpetazo definitivo a la jubilación obligatoria o forzosa en los convenios colectivos, que afecta a casi tres millones de trabajadores, que no se pueden retirar más allá de la edad legal de jubilación. Curiosamente esta medida fue reactivada en 2018 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los empresarios y sindicatos no tardaron ni seis meses en incluirla de forma casi generalizada en los convenios. Fue el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy quien en julio de 2012 eliminó de un plumazo esta limitación para seguir trabajando después de la edad legal de jubilación.
Ahora que el ministro Escrivá señala como su principal objetivo que los trabajadores se retiren más tarde, las extendidas cláusulas de jubilación forzosa frenan de forma considerable sus planes. Para jubilarse de esta forma, el empleado debe tener derecho al 100% de la prestación y en la mayoría de los convenios se prevé que el puesto de trabajo sea ocupado de forma inmediata, impidiendo que el retiro forzoso se convierta en una fórmula de recorte de la plantilla.
Pese a que se ha negado de forma tajante cualquier cambio en el Régimen de Clases Pasivas, al que se acogen 630.000 funcionarios, el traspaso de la gestión de las pensiones de estos trabajadores a la Seguridad Social implica una novedad importante. Con carreras laborales continuas y con sueldos que suben año tras año gracias a trienios, complementos o el IPC, las pensiones de los funcionarios son más cuantiosas y, además, pueden retirarse con el 100% a los 61 años, a excepción de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y los magistrados, jueces y fiscales. De hecho, la edad media de retiro de los funcionarios es a los 62 años, dos años y seis meses antes que los trabajadores inscritos en la Seguridad Social.
Desde el 1 de enero de 2011, los funcionarios que se incorporan a la administración cotizan y forman parte del Régimen de la Seguridad Social y no del de Clases Pasivas. Por lo tanto, pierden un buen número de ventajas y deben esperar para jubilarse a los 65 años. La medida supondrá a medio plazo un importante impacto, además de un incremento de ingresos por cotizaciones, los cinco años extra que trabajarán estos funcionarios serán relevantes para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
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