La generación del 'baby boom', que agrupa a los nacidos entre 1958 y 1977 y es la más numerosa de las conocidas hasta ahora -13,3 millones de españoles y otro millón y medio de extranjeros- se ha convertido en el objetivo de la reforma de las pensiones en marcha y será la que sufrirá la peor parte de los ajustes previstos, pese a que durante décadas han estado manteniendo el sistema de reparto con altas cotizaciones y largas carreras. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha intentado concienciar a estos ciudadanos de que tendrán que hacer un esfuerzo extra -recortes en su prestación y más años de trabajo- para garantizar la sostenibilidad de sus pensiones y de los que vengan detrás, pero mayoritariamente no están preparados para rebajas en su prestación, que se unirán a los de las reformas anteriores. La jubilación media en España alcanza los 1.139 euros de media y las nuevas altas llegan a 1.419 euros.
Solo las medidas impulsadas en la reforma de 2011, la de José Luis Rodríguez-Zapatero, reducirán la pensión de los que se retiren en 2027 con 67 años y 25 años cotizados -un perfil predominante entre las mujeres 'boomers'- un 25%, según estudio elaborado por el economista Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco y doctor en Economía en la Universidad de Princeton. Mientras, la encuesta-estudio del BBVA dada a conocer la semana pasada revela que el 82% de los nacidos entre 1958 y 1977 han invertido en una vivienda, pero cuatro de cada diez siguen hipotecados, mientras apenas un 7% ahorra de forma holgada y de los que guardan un poquito en una cuenta bancaria, el 40% lo hace pensando en la jubilación.
No están preparados y la mayoría cree que serán penalizados por la reforma y que su vejez será peor que la que disfrutan los actuales jubilados. Pero cómo afrontan la jubilación los políticos y los ministros 'baby boom' de Pedro Sánchez, que son protagonistas en el segundo Ejecutivo más joven de la Democracia. A partir de sus declaraciones de bienes se desprende que hay ministros y ministras extremadamente preparados para afrontar una cómoda jubilación y que podrán complementar la prestación máxima -en la actualidad 2.7o7,49 euros- con aportes mensuales de un plan de pensiones, con el alquiler de alguno de sus inmuebles -la ministra de Justicia y ex presidenta del Senado, Pilar Llop, reconocía en julio de 2019 poseer cuatro viviendas, solo una de ellas al 50%- o con importantes ahorros depositados en sus cuentas bancarias.
Sánchez, Escrivá y Robles han apostado por planes individuales de pensiones. Montero y Díaz no les salen bien las cuentas de cara a la jubilación
José Luis Escrivá, probablemente por su profundo conocimiento de la coyuntura económica, con una dilata carrera como economista y con cargos de responsabilidad en el Banco Central Europeo, en el Banco Internacional de Pagos y Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), está extremadamente preparado para lo que pueda pasar en el medio plazo e, incluso, en el largo. Pese a que como a la mayoría de los 'baby boom' al ministro, que cumplirá en unos días 61 años, tienen deudas, fundamentalmente procedentes de la hipoteca, posee una vivienda de casi 400.000 euros (en valor catastra), dispone de planes de pensiones privados y seguros por valor de 255.000 euros. Además, cuenta con acciones y/o participaciones en el capital de entidades no negociadas por casi 400.000 euros y acciones y fondos en negociadas por 770.000. Mientras, en la cuenta corriente apenas tiene 17.000 euros, una opción por la que apuestan los 'boomers' que logran ahorrar algo cada mes, que son menos de la mitad.
El presidente Sánchez, tiene una vivienda valorada en el catastro de 180.000 euros, pero su pasivo es de 161.000 euros. Sin embargo, ya ha conseguido depositar en un plan de pensiones individual 86.000 euros a dos décadas vista de la jubilación -los españoles tienen de media 11.688 euros en estos fondos, según los últimos datos de Inverco- y ahorrar más de 73.000 euros. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no pertenece a la generación del 'baby boom' por apenas dos años -ha cumplido recientemente 65 años-, llega mejor preparada para la jubilación que la mayoría de sus compañeras del Gabinete. Posee un inmueble de 267.162, que ya tiene pagado, 94.000 en seguros y planes de pensiones, y la mayoría del dinero en el banco, 411.000 euros.
Frente a la previsión y el importante ahorro del presidente y los ministros de Defensa y Seguridad Social, están dos de las vicepresidentas y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Tal vez por la edad -50 años-, la abogada, ex concejala, ex diputada gallega, diputada nacional y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no se ha blindado ante la jubilación en alguna de las opciones -inmuebles, acciones, planes de pensiones o el banco-. Su vivienda tiene un valor de 40.000 euros -un valor catastral que podría ser muy inferior a su valor real-, debe 25.000 euros y en la cuenta corriente apenas tiene 7.000 euros. Por su parte, a Montero, con 55 años, no le saldrían las cuentas si tuviese que jubilarse ahora. Tiene un inmueble con un valor catastral de 113.000 euros y deudas por 112.000. En el banco apenas hay depositados 18.000 euros. Por su parte, el ministro de Exteriores José Manuel Albares (1972) reconoce tener inmuebles por 440.500 euros, pero solo 430 euros en el banco y un pasivo 874.000 euros.
Calviño ha ocupado altos cargos en las instituciones europeas y es desde 1994 funcionaria de la AGE, que contempla un plan de pensiones para sus empleados
Mientras, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño (1968), que ha desempeñado puestos de responsabilidad en las instituciones europeas, posee inmuebles valorados en el Catastro en 248.000 euros y 47.000 euros en cuentas bancarias. Pese a que no acredita un fondo de pensiones privado e individual, la ministra es funcionaria de carrera desde 1994 -es miembro del cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado- en la Administración General del Estado (AGE), que contempla un plan de empleo para su medio millón de empleados. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (1969), admite en su declaración de marzo de este año tener 200.000 euros ahorrados, un inmueble de 142.000 euros y no tener plan de pensiones privado.
Por su parte, el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta (1969), que ha dedicado prácticamente toda su vida profesional a la política, es propietario al 100% de dos casas por valor de 570.000 euros, tenía en la cuenta bancaria 23.000 euros, según consta en su declaración de bienes de 2018, 130.658 en acciones y 116.168 en otros valores, como fondos de inversión o títulos públicos. Como en el caso del ministro catalán, bastantes políticos y responsables del Gobierno estatal y de los regionales llevan décadas recibiendo remuneraciones públicas fijas y elevadas, comparadas con los sueldos medios. Sánchez recibirá el próximo año 86.000 euros; las vicepresidentas, 81.000; y los ministros en torno a 75.000 euros. Eso supone más de 6.000 euros mensuales, con muchos gastos cubiertos.
Por su parte, el sueldo de los diputados electos por Madrid ronda los 56.000 euros y los de provincias, 70.000 euros brutos -44.000 euros más que el sueldo medio de los españoles-, una retribución que puede aumentar en función del cargo o los cargos que se desempeñen. Algunos de los ministros cobran por este desempeño y por el de diputados y solo los de Unidas Podemos renunciaron al doble sueldo. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet (1973), tiene establecido un sueldo de 231.000 euros y en su declaración de bienes de 2019 hacía constar que tenía un plan de pensiones de de 24.00o euros, otros 15.000 en el plan de previsión del Congreso y 30.500 euros en una cuenta bancaria de BBVA. Tiene una vivienda adquirida en 2004 y rentas de alquiler por 13.000 euros. Todavía tenía un pasivo en aquel momento de casi 100.000 euros.
La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, enfermera y previsora, llegará al retiro, tras 20 años en diferentes Cámaras, con ahorros importantes
Entre los parlamentarios, Josefa Andrés Barea, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, un grupo de trabajo permanente en la que participan 43 parlamentarios y tiene como objetivo elaborar recomendaciones para el mantenimiento y mejora del sistema de pensiones es una de las mejor preparadas ante el reto de la jubilación tras una carrera política de dos décadas. Nació en 1958, el año que da inicio a la generación más numerosa, es diplomada en Enfermería y ha sido diputada de las Cortes valencianas (1999-2009), europarlamentaria (2009-2014) y diputada nacional desde 2019. Conocedora de las incertidumbres que planean en el futuro de las pensiones, reseña en su declaración de bienes 273.000 euros en fondos de inversión, otros 174.000 en planes de pensiones y 31.000 en la cuenta corriente. Tiene dos viviendas en pleno dominio y un inmueble al 50% y deudas con CaixaBank y Bankia de 87.000 euros.
Por su parte, Pablo Casado (40 años), Inés Arrimadas (40 años) o Gabriel Rufián (41 años) o Santiago Abascal (46 años) se quedan fuera de la generación del 'baby boom', este último por poco. Casado y Abascal reciben 55.000 euros como diputados, mientras que Arrimadas y Rufián perciben 126.000 euros cada uno. Este último lleva seis años como diputado nacional, ha podido comprar una casa en 2018, pero dice tener 7 euros en el banco. Iñigo Errejón, con 37 años, es el más joven de los líderes de la oposición y recibe del Parlamento más de 100.000 euros anuales y ha podido ahorrar 52.000 euros. Tampoco forma parte de la generación 'boomer' el actual presidente del Senado, el socialista Ander Gil (1974), que sustituyó el pasado julio a Pilar Llop. Pese a todo, a estos parlamentarios, que se les puede situar en la generación X -altamente preparada-, aún tienen carrera política por delante y tiempo para preparase ante la cada vez más complicada jubilación.
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