Escrivá afronta un otoño convulso con el gasto en pensiones en el 12% del PIB

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, después de meses de trabajo y duras negociaciones a varias bandas para tratar de convencer de la necesidad de una profunda reforma que necesita el sistema de pensiones con el fin de garantizar las prestaciones actuales y futuras, se enfrenta a un intenso final de año. En apenas tres meses, tendrá que sacar adelante algunos puntos fundamentales de su reforma, basada en la necesidad de que cada vez los trabajadores se jubilen más tarde -más cotizaciones y menos pensionistas recibiendo prestación-, un planteamiento que no gusta al socio del Gobierno Unidas Podemos y tampoco a los sindicatos, que darán la batalla para que los cambios sean lo más moderados posibles y sin evitar traumas económicos en los trabajadores que representan. 

Escrivá, junto con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha conseguido sacar adelante una nueva prórroga de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE), fundamental para empresarios y trabajadores, y que en principio no se planteaba nada fácil. La próxima negociación será en 2022, resultará todavía más compleja y podría ser la última, pero el ministro se ha quitado un gran peso de encima para afrontar los próximos meses. El Factor de Equidad Intergeneracional, que sustituirá la de Sostenibilidad que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy pero que nunca se ha puesto en marcha, es posible una de las piedras angulares de la reforma del responsable de la Seguridad Social, con la que ahorrará gastos, a costa de la cuantía de las pensiones, pero precisamente no gusta a los sindicatos ni a Podemos.

La mayor esperanza de vida hace necesarios nuevos baremos y consideraciones a la hora de percibir la pensión. La edad de jubilación apenas ha cambiado desde que se puso en marcha el sistema, pero se ha duplicado el tiempo que se cobra la prestación. Reequilibrar esta balanza vendrá de la mano del factor de equidad, que es utilizado ya en la mayoría de los países europeos. La clave será compensar la perdida de cuantía con planes de empleo, que deberían llegar a la mayor parte de los trabajadores, pero el ministro ya ha dejado claro que la numerosa generación del 'baby boom', que comienza ahora a jubilarse, con pensiones elevadas pensiones y largas carreras de cotización, deberá hacer un esfuerzo extra. Las dos opciones sobre la mesa son trabajar más tiempo o recibir una pensión más reducida.

Mientras, el gasto en pensiones continúa subiendo. Entre el último trimestre de 2020 y el tercero de 2021 se situó en el 12% del Producto Interior Bruto (PIB). La cifra es menor al 12,4% de 2020, que estuvo condicionada por el impacto del pandemia en el PIB, y supera de forma considerable el porcentaje de 2019, año en el que se situó en el 10,9%. El gasto estimado para 2021 supone un aumento del 3% respecto al 2020, en línea con lo adelantado en los Presupuestos, según apunta la Seguridad Social. La nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendió en septiembre a 10.233,85 millones de euros, un 3,25% más que el mismo mes del año pasado.

La negociación para establecer un sistema de cuotas por ingresos para los autónomos ya ha comenzado. Llegar a un consenso no parece fácil

También está pendiente la puesta en marcha, dentro del segundo bloque de la reforma de las pensiones, de un sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en sus ingresos reales, que entraría en vigor en 2023. El primer borrador no gustó a las asociaciones que les representan y a mediados de mes han comenzado nuevas negociaciones que se presentan complejas por la trascendencia del asunto para los trabajadores por cuenta ajena, con perfiles muy diferentes y especialmente afectados por la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Una de las premisas es que la cuota de los autónomos subirá, algo que no comparten desde las asociaciones más representativas de los autónomos.

En estos meses también es trascendental sacar adelante en el Parlamento la primera parte de la reforma, que contemplaba la actualización de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC) y los incentivos por el retraso de la jubilación y las penalización, que fue aprobada por el Gobierno en verano, pero que ahora afronta el trámite parlamentario, la llegada de enmiendas y la búsqueda de apoyos para aprobarla. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya se ha mostrado contraria al actual planteamiento de la reforma y Unidas Podemos, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Bildu han mostrado importantes objeciones. 

Mientras, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el subsidio estrella del Gobierno, que debería llegar a 850.000 hogares al final de la legislatura, pero que hasta ahora apenas disfrutan 320.000 familias por los 'duros' requisitos, el complejo papeleo y el 'no' constante a la ayuda cuando se excede ligeramente de la renta, es otro de los desafíos de Escrivá para lo que queda de año. El ministro se comprometió en mayo a mejorar los niveles de renta de acceso al IMV a finales del año. El objetivo sería ampliar de forma progresiva la incorporación a esta ayuda de subsistencia y que beneficie, por ejemplo, a personas con rentas ligeramente más elevadas a la prevista pero con hijos.

El 4 de octubre también se conocerá el dato de afiliación de septiembre y desde el ministerio se muestran confiados de que será bueno, después de que en agosto se volviese a niveles de cotizantes similares a los de antes de la pandemia. La afiliación es una de las claves para mantener vivo el sistema de pensiones, pero los datos de crecimiento facilitados este mes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) han supuesto un importante varapalo. El ministerio confía que, descontando la estacionalidad y el efecto calendario, el noveno mes del año acabe con 19,56 millones de afiliados, lo que supone un aumento de unas 80.000 personas respecto a agosto. De confirmarse esta previsión, se habrán recuperado 540.000 empleos en cinco meses.