El pasado martes, el Gobierno aprobó como proyecto de Ley la primera pata de la reforma de las pensiones que, por tanto, será la protagonista durante el próximo mes en el Congreso, donde aterrizará para iniciar su tramitación. Esta vez, a diferencia de abril de 2013, cuando el Partido Popular gozaba de mayoría absoluta, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sí precisa el apoyo del resto de grupos. El principal líder de la oposición, Pablo Casado, ya dejó ayer claro su negativa, pues sostiene que la batería de medidas no garantiza la sostenibilidad del sistema.
El encargado de llevar las negociaciones durante todo este año con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ha sido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En este sentido, los últimos meses han sido bien intensos con varios puntos de fricción que han supuesto no pocos bandazos en el borrador de la reforma.
Con todo, la reforma de las pensiones consistirá en una batería de medidas que afectarán de lleno a las prestaciones de la Seguridad Social y a las jubilaciones. El objetivo es garantizar la sostenibilidad de un sistema que lleva ya tiempo caminando por la cuerda floja y siendo objeto de debate no solo a nivel nacional, sino también en Bruselas.
Entrada en vigor
De esta forma se derogarán algunos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones que el Partido Popular de Mariano Rajoy sacó adelante en 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Asimismo, introduce incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria y revisa el modelo de jubilaciones anticipadas con el fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
Como decíamos, la reforma de las pensiones aterrizará en el Congreso en los próximos días y, por lo pronto, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, reconoció el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el texto "es susceptible de ser mejorado" en la Cámara Baja. Si los grupos de la oposición dan luz verde a la reforma, el Gobierno prevé que entre en vigor el 1 de enero de 2022.
Jubilaciones anticipadas
Entre las medidas dirigidas a retrasar la edad de jubilación, se establece que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria los coeficientes reductores de la pensión pasen a ser mensuales, no trimestrales, y solamente haya períodos transitorios de aplicación de los mismos en el caso de las pensiones máximas.
En la mayoría de los casos estos coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes a cambio de retrasar el anticipo de la jubilación dos meses. Los nuevos coeficientes reductores incluidos en esta reforma se aplicarán sobre la cuantía de la pensión, y siempre respetando la limitación máxima. Cuando la pensión supere el límite establecido para el importe de las pensiones, los coeficientes reductores se aplicarán de manera gradual, en un plazo de diez años, a contar desde el 1 de enero de 2024.
Por otro lado, en los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se pasarán a aplicar en determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el que había hasta ahora. Respecto a las jubilaciones anticipadas por razón de actividad, se modifica el procedimiento de solicitud y se precisan más detalles de la peligrosidad y penosidad.
Incentivos a la jubilación demorada
En el caso de la jubilación demorada, ofrece tres tipos de incentivos para el retraso de la jubilación, a elegir por el trabajador, por cada año de demora: un porcentaje adicional del 4% (que se sumará al que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión); una cantidad a tanto alzado (pago único) en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas, o una combinación de estas dos medidas. El pago único oscilará entre un mínimo de 4.786,27 euros y un máximo de 12.060,12 euros.
Vinculación al IPC
El texto garantiza el poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Con la nueva fórmula que llegará en los próximos meses, en caso de que el IPC sea negativo, la nómina no se compensará en los siguientes ejercicios, sino que directamente ese año quedará congelada. Las pensiones mínimas quedarán exentas de esta propuesta, pues no se compensará en sus nóminas la inflación negativa.
