La CEOE busca vías para esquivar los costes que va a suponer para el sector delivery la obligación de meter a los riders en plantilla. Una vez asumido, en el marco del diálogo social, el criterio del Tribunal Supremo, que ha sentenciado que los repartidores de las plataformas digitales son falsos autónomos y, por tanto, trabajadores por cuenta ajena, la patronal explora ahora las distintas opciones legales que tienen las empresas para evitar que la factura de costes laborales se dispare tras la entrada en vigor de la inminente regulación que, con el beneplácito de los empresarios o sin él, el Ministerio de Trabajo va a llevar a un próximo Consejo de Ministros.
Las negociaciones entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos sobre la denominada 'ley de riders' dieron un giro sustancial cuando, este miércoles, la CEOE presentó una propuesta en la que, por primera vez, asumió la laboralización de estos trabajadores. Las partes coincidieron solo en un aspecto, que no es baladí: los repartidores de plataformas digitales son asalariados, no autónomos. Eso sí, con reservas. Fuentes del diálogo social revelan que la patronal cedió a esta consideración, como no podía ser de otra manera, forzada por el dictamen judicial, pero expresó abiertamente su intención de explorar todos los recovecos legales para que plataformas como Glovo o Deliveroo puedan seguir manteniendo su modelo de negocio.
El equipo negociador de la CEOE había preparado cuidadosamente su propuesta a nivel interno. Entre fuertes presiones sectoriales -de un lado, los partidarios de la regulación para convertir a los repartidores en asalariados y, del otro, los defensores del modelo de trabajo autónomo- se transmitió a las plataformas agrupadas en Adigital la imposibilidad de asumir un posicionamiento contrario al criterio del Supremo y la necesidad de desarrollar un marco regulatorio que garantice la seguridad jurídica. Y eso es lo que los empresarios plasmaron en la propuesta compartida con Trabajo y los sindicatos, con dos condiciones: que la regulación solo afecte al delivery y no al conjunto de las plataformas digitales y que se siga manteniendo un cierto nivel de flexibilidad en los mecanismos de contratación.
Aquí se abren dos vías. Por un lado, la del modelo californiano, en el que las empresas pueden contratar los servicios de trabajadores autónomos siempre que puedan demostrar que éstos no están sujetos al control permanente de la compañía, que el trabajo se realiza fuera del curso habitual del negocio (ni en las instalaciones de la empresa ni realizando actividades principales) y que los servicios que se prestan son de la misma naturaleza que los que los contratados realizan habitualmente en sus comercios o negocios particulares. De este modo, las plataformas podrían mantener una cierta cuota de autónomos, pero siguiendo la estela del modelo regulatorio aprobado por el Estado de California, la ley debería garantizar a estos trabajadores un mínimo de protección social (salario mínimo, desempleo...).
Este modelo no gusta a la organización de repartidores Riders X Derechos, que considera que abre la puerta para "institucionalizar el modelo de explotación que hemos venido viendo en los últimos años". Advierten que la propuesta de la patronal tiene "trampa", porque "queda claro que son las empresas quienes deben asumir la responsabilidad de demostrar qué trabajadores son completamente autónomos a ojos de la ley" y "toda la sociedad ha sido testigo del nivel de manipulación y represión al que han llegado a la hora de organizar el trabajo para sostener su modelo fraudulento, de modo que, ¿por qué pensamos que no harán lo mismo frente a la nueva legislación?", reflexionan desde la organización.
Los sindicatos mayoritarios comparten la misma sospecha. Fuentes conocedoras de las conversaciones mantenidas en la reunión de este miércoles relatan a La Información que la patronal dejó claro al Ministerio de Trabajo que la laboralización de los riders no va a ser generalizada y que, además de seguir manteniendo una determinada cuota de autónomos dentro de las plataformas, se optará por otras vías para no incurrir en la factura que supondría la incorporación a la plantilla de todos los repartidores como asalariados. En este punto, el equipo negociador de la CEOE adelantó que la gran mayoría de las empresas optarán por el modelo de subcontratación -por el que apuestan algunas como Just Eat- frente a la contratación directa.
Coto a las subcontratas
Pero la patronal no las tiene todas consigo en esta estrategia. El Ministerio de Trabajo prepara una reforma integral del modelo de contratación empresarial para evitar que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación para reducir los estándares laborales de los trabajadores de las empresas subcontratistas. Así se lo ha trasladado a Bruselas en la ficha de las reformas laborales que se llevarán a cabo en el marco del fondo europeo Next Generation. El objetivo es "asegurar un uso adecuado de la subcontratación, desincentivando los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de costes" y "avanzar hacia la equiparación de condiciones entre trabajadores subcontratados y reforzar la responsabilidad de las empresas contratistas y subcontratistas".
Esas modificaciones se tratarán en la mesa de diálogo social y se auguran fuertes tensiones al respecto. Los empresarios ya se plantaron ante la propuesta de Trabajo, compartida por los sindicatos, por entender que apareja graves consecuencias para el tejido productivo y el empleo. Pero antes de que se produzcan esas negociaciones, el Ministerio tiene previsto modificar el actual criterio técnico sobre contratación temporal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para adaptarlo a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera contrario a derecho los contratos por obra o servicio determinado ligados a la subcontratación, de modo que las empresas de subcontratas ya no podrán, por sistema, mantener a sus trabajadores con contratos temporales, justificando que están condicionadas al mantenimiento del contrato mercantil con la empresa principal, y tendrán que hacerlos fijos.
Está por ver, en cualquier caso, en qué quedará el texto definitivo de la 'ley de riders' en el que el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a introducir las aportaciones de la patronal y los sindicatos. No habrá más reuniones de la mesa de diálogo social sobre este asunto, por lo que se dan por zanjadas las negociaciones. En cualquier caso, sí podría convocarse un último encuentro para cerrar flecos de carácter técnico, matizan desde el Ministerio. Lo que es seguro es que el texto final poco tendrá que ver con los primeros borradores que incorporaban grandes aspiraciones como la creación de un registro de plataformas digitales, una de las medidas estrella que se cayó por el camino de la negociación para intentar atraer a los empresarios al pacto.
