Parados, prejubilados, empleados de las eléctricas... quién paga más barata la luz

El mes de mayo acabó con el recibo de la luz por las nubes, después de dispararse casi un 44% con respecto al mismo periodo del año pasado y alcanzar el precio más elevado desde septiembre de 2018. El 'susto' para muchos consumidores, que entienden inasumibles estas subidas, se producía solo unos días antes de la entrada en vigor -ayer- del nuevo mecanismo para incentivar el consumo más eficiente por parte de los ciudadanos, con tramos horarios caros, baratos y muy baratos.

A partir de ahora, la decisión de poner en marcha la lavadora, el aire acondicionado o el lavavajillas deberá reconsiderarse siempre con el fin de hacerlo en el momento adecuado de ahorro. Pese a todo, son muchos los colectivos que seguirán beneficiándose de importantes descuentos -desde el 25% hasta el 100%- y de las rebajas que aplican las compañías y distribuidoras eléctricas de todos los tamaños a sus trabajadores y ex empleados, a los que en muchos casos la luz les sale gratis (o casi,) ya que está considerada como un beneficio social en los convenios colectivos.

Electricidad casi gratis

Los trabajadores de las principales empresas eléctricas, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Edp, pero también de pequeñas compañías del sector y distribuidoras locales, tienen derecho a diferentes bonificaciones en las tarifas eléctricas, pero no siempre son los mismos que los que se contemplan para jubilados, prejubilados o viudas. En el caso de Iberdrola, el convenio firmado este año establece seguir suministrando energía eléctrica a los trabajadores en activo y a los pensionistas.

Sin embargo, mientras los empleados podrán disfrutar de las tarifas bonificadas tanto en la vivienda habitual como en la segunda residencia, el plus para el personal pasivo y los empleados de nuevo ingreso queda limitado a la primera vivienda.  Iberdrola -con beneficios récord de 3.610 millones de euros en 2020- planteó a los sindicatos antes de la firma del nuevo convenio un plan voluntario de salidas para el 15% de la plantilla, 1.500 empleados. En este momento el ajuste está congelado, pero los prejubilados -desde los 58 años- podrían recibir el 80% del sueldo, el 80% de lo aportado por la empresa al plan de pensiones y se seguirían beneficiando de los recortes en la tarifa eléctrica.

Mientras, Endesa, que ganó 1.394 millones el año pasado, ocho veces más que en 2019, y que tiene tiene en marcha un plan voluntario de bajas para empleados con más de 25 años cotizados, ha recortado a través del convenio pactado con Unión General de los Trabajadores (UGT) las subvenciones de la tarifa eléctrica. Para la primera vivienda está bonificado el consumo que no exceda los 6.000 kWh / año y término de potencia limitado a 5,75 KW. Los excesos de consumo y potencia se facturarán a precio de Acuerdo Previo de Valoración -0,1213 euros / kWh- .  También se penalizan los consumo en hora punta y valle.

En cuanto a la segunda residencia, el derecho queda limitado si es de uso ocasional y no continuado y solo en este caso se bonificaría el término de potencia, limitado a 5,75 kWh, pues todo el consumo se facturará a 0,1213  euros / kWh. También esta segunda vivienda tendrá que ser a partir de ahora propiedad del beneficiario, cuando antes se permitía el alquiler, apunta Comisiones Obreras (CCOO). En ambos casos, para el personal jubilado, viudos, viudas y causahabientes la bonificación sobre el consumo se amplía en 3.000 KWh/año, que se facturarán al 50%. Un consumidor español medio, con dos hijos, tiene una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kWh, por lo que lo recogido en los convenios, tras el pacto de las compañías con los sindicatos, hace que en la mayoría de los casos los empleados no tengan que pagar por la luz.

Pequeñas compañías con pluses

Un repaso detallado de los convenios de compañías vinculadas al sector eléctrico muestra que son decenas las que contemplan rebajas en las tarifas de la luz para sus empleados e incluso se muestran más generosas que las grandes compañías. La compañía gaditana Electricidad de Puerto Real ofrece a su personal activos y a viudas y viudos el importe equivalente al consumo de energía eléctrica en su vivienda habitual, con un tope de 10.000 kWh anuales de consumo.

Por su parte, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo establece como límite máximo de consumo anual 30.000 kWh / año y el precio del suministro de energía eléctrica será de 0,000901 euros por kWh. Los beneficiarios son los trabajadores, viudos y viudas, los incapacitados de forma permanente, los grandes inválidos y los jubilados, así como los afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Apunta también que los empleados tienen derecho al suministro de energía eléctrica en la segunda vivienda en condiciones similares y acreditando que se utiliza exclusivamente por la unidad familiar y en las mismas condiciones que la primera tarifa. 

Bassols Energía, una comercializadora gerundense de energía para particulares y compañías de todos los tamaños, también contempla pagos en especie a sus trabajadores y jubilados con bonos de electricidad. Este personal tiene derecho a disfrutar de 12.000 kWh anuales al precio de 0,0009162 euros / kWh en un único suministro. También los empleados, viudas y jubilados de las empresas distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Córdoba y de Eléctrica del Ebro tienen un límite bonificado, en el primer caso de 13.000 kWh al año y, en el segundo, de 15.000, con un coste 0,000901 euros por kWh. Otras empresas de sector que contemplan este tipo de beneficios son Grupo Nortegás, la Unión Electro Industrial de Alicante o Distribución Eléctrica de Crevillent, entre otras.

Beneficiarios del bono social

Familias monoparentales con algún miembro con discapacidad superior al 33%, familias numerosas, consumidores vulnerables, pensionistas con la prestación mínima, desempleados y trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) afectados por la crisis económica generada por el coronavirus son algunos de los beneficiarios del bono social, un descuento en la factura que prevé diferentes rebajas dependiendo del grado de necesidad de la unidad familiar. 

Los consumidores vulnerables, sin hijos menores, que ganen menos 11.862,9 euros al año (menos del 1,5 del IPREM de 14 pagas), pueden acogerse a un descuento del 25% en su factura, lo mismo que las familias numerosas generales o los hogares vulnerables, en los que haya al menos dos hijos y los ingresos no lleguen a 19,771,5 euros. El mismo descuento tienen los desempleados, los afectados por ERTE, las víctimas de violencia de género, las víctimas del terrorismo, las personas con un grado de dependencia de 2 ó 3 y los empresarios que han experimentado una caída drástica de ingresos, además de los jubilados e incapacitados permanentes que no reciban una pensión mínima y con otros ingresos inferiores a 500 euros.

El descuento del 40% está pensado para los consumidores vulnerables severos, familias numerosas con rentas anuales inferiores a 15.817,2 euros o los pensionistas con la prestación mínima con ingresos menores a 7.908,6 en 14 pagas. Mientras, los consumidores en riesgo de exclusión social no deben pagar nada si hay una administración autonómica o local que se haga cargo de su factura. Tampoco se le podrá cortar el suministro en el caso de que temporalmente no pueda hacer frente al recibo.