El pacto de rentas se resiste. Un mes después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara desde la tribuna del Congreso de los Diputados que el plan nacional de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania incluiría como primer eje un gran pacto con la patronal y los sindicatos para proteger las rentas de los efectos de la crisis energética, ni está ni se le espera. El Ejecutivo ha puesto en marcha un primer paquete de medidas que no incorporan este compromiso, porque ni siquiera se ha sentado a negociar en serio con los agentes sociales. Las organizaciones sindicales y empresariales, que están negociando en la mesa bipartita la recomendación de subida salarial del AENC, advierten de que la pelota está en el tejado de Moncloa y no habrá acuerdo hasta que el Boletín Oficial del Estado refleje medidas contundentes para rebajar los precios energéticos.
Los sindicatos fijan la línea roja en el tope al gas. Europa ha autorizado a España y Portugal a adoptar medidas para limitar su precio y, de este modo, abaratar la factura de la luz, pero ahora tiene que valorar la propuesta ibérica de topar el gas a 30 euros/MWh. "Hasta que el Gobierno no adopte medidas eficaces para contener los precios que afecten directamente a los bolsillos de los ciudadanos no habrá pacto de rentas", advierten desde CCOO. La organización que lidera Unai Sordo ha dejado claro a Sánchez que un pacto de rentas no puede ceñirse a la moderación de los salarios y que es necesario que el Ejecutivo ponga un paquete de medidas sobre la mesa para proteger a los colectivos más vulnerables de esta crisis energética. Así lo considera también UGT, que exige que se apliquen las medidas ya adoptadas con urgencia y se amplíe el paquete para conseguir una rebaja drástica de los precios alterando el sistema de formación de precios del sector eléctrico.
Hay que dejar claro que el pacto de rentas es distinto al salarial. Por un lado, la patronal y los sindicatos están negociando el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debe incorporar la recomendación de subida salarial en los convenios para los próximos tres años. Y por otro lado, el Gobierno quiere cerrar con los agentes sociales un acuerdo tripartito más amplio que constituya ese gran pacto de rentas nacional. Por eso los representantes de los trabajadores y de los empresarios no quieren interferencias. Desde la CEOE se muestran beligerantes al respecto: "Los salarios se fijan en negociación colectiva. Sería inconcebible una intromisión del Gobierno en este ámbito impropia de un país democrático", avisan fuentes de la organización empresarial inmersas en las negociaciones.
Fuentes al tanto de las pretensiones del Gobierno aseguran que la intención de Nadia Calviño -es la vicepresidenta económica la que está pilotando la negociación tripartita- es que patronal y sindicatos cierren primero un acuerdo en materia salarial para después incorporarlo al pacto de rentas. Pero en estos momentos hay pocas garantías de que CEOE, CCOO y UGT vayan a consensuar una cifra. Desde ambos flancos de los contactos que se están manteniendo estos días aseguran que las posiciones están muy alejadas e incluso advierten de que puede que no haya acuerdo. "Veo muy difícil que haya acuerdo de subida salarial", asumen en uno de los sindicatos. "En estos momentos no veo viable el acuerdo", reconocen en la patronal.
Los agentes sociales no se están reuniendo oficialmente, pero sí manteniendo contactos informales sobre el asunto. Hace apenas un mes tenían prisa por cerrar el acuerdo salarial para evitar tener que negociar con la complicación adicional del IPC a dos dígitos, pero la guerra en Ucrania ha precipitado ese escenario, con un alza de la inflación que roza ya el 10% en marzo. Las medidas adicionales que pueda adoptar el Gobierno para rebajar los precios energéticos en los próximos días daría más margen para negociar a la patronal y los sindicatos, según avanzan fuentes involucradas en el diálogo social. El tope al gas es clave para abaratar la factura de la luz y está por ver el impacto que acabe teniendo la rebaja de los carburantes. "Sería más fácil alcanzar un acuerdo con un IPC más bajo", aseguran estas fuentes.
La escalada de la inflación está imposibilitando el acercamiento entre las partes porque los sindicatos exigen que se incorporen cláusulas de revisión con el IPC a cambio de aceptar subidas moderadas de las nóminas. Pero la patronal rechaza esta indexación anual y solo está dispuesta a incorporar algún tipo de cláusula en este sentido al final del periodo de vigencia del acuerdo, es decir, en 2024. El choque es total y por eso se han parado en seco las negociaciones. Hace semanas que no se sientan en la mesa bipartita y no hay convocada ninguna reunión oficialmente. Solo se están produciendo contactos informales en los distintos foros en los que coinciden representantes de ambos bandos. La inflación, los salarios y los márgenes empresariales están en boca de todos, pero se impone la prudencia, a la espera de ver cómo evolucionan los precios con las medidas del Gobierno.
Semana clave para el AENC
Con todo, La Información sí ha podido averiguar a través de distintas fuentes del diálogo social que esta semana está prevista una reunión "discreta", al "máximo nivel", entre los interlocutores. Será a mediados de semana, según revelan estas fuentes, que adelantan que el encuentro podría producirse "el martes o el miércoles". Estos días son claves, pues el viernes también está agendada una reunión interna de secretarios generales de patronales. Si no se llega a un acuerdo, CEOE hará una recomendación de incremento salarial en base a la previsión de inflación subyacente y recordará la posibilidad de descuelgue que prevé el Estatuto de los Trabajadores. En el aire, la posibilidad de incluir cláusulas de revisión, según avanzan desde la patronal.
Entre tanto, el Banco de España anima a los agentes sociales a que alcancen un acuerdo que reparta equitativamente el aumento de los costes energéticos, agravado a raíz de la invasión rusa de Ucrania, entre los trabajadores y las empresas. Los primeros deberán aceptar una inevitable caída de su poder adquisitivo y los segundos, una disminución de sus márgenes. Ese es el planeamiento del organismo para alcanzar un pacto de rentas que evite una espiral inflacionista, huyendo de las cláusulas de indexación automáticas. El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos incorpora un elemento adicional y es que las empresas adquieran compromisos plurianuales en los aumentos salariales, ligados a la inflación subyacente, complementados con compromisos en la protección del empleo. La idea es que, a cambio de subidas salariales moderadas, los empresarios se comprometan a mantener intacto el volumen de las plantillas.
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