La sombra del empresario Luis del Rivero es alargada y volverá a caer sobre el caso Villarejo el próximo miércoles, cuando él mismo y los demás integrantes del llamado ‘grupo hostil’ contra BBVA declaren como perjudicados por los trabajos de espionaje que el comisario realizó por encargo del banco bajo la presidencia de Francisco González (FG), a quien seguro le tocará ‘bailar’ de nuevo en un escenario donde hay todavía pocas luces y muchas sombras, tras dos años y medio de instrucción. Desde el entorno de FG aseguran que está tranquilo ante lo que puedan decir de nuevo sobre él, sobre todo porque mantiene el mismo relato que defendió nada más conocer los hechos que se le imputan a mediados de 2018, lo que declaró ante el juez instructor meses más tarde frente a las acusaciones de la Fiscalía y la misma postura que pretende hacer valer ante el tribunal que lo juzgue si es que el caso llega a transformarse en un juicio oral.
Aunque los hechos se remontan a finales de 2004, fuentes consultadas en el entorno del BBVA de entonces coinciden con el propio FG en que la operación para derrocarle y poner a Del Rivero al frente del banco, avalada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se desbarató sin contar con los servicios de Villarejo, su empresa Cenyt o cualquier otro medio de espionaje. González se enteró en México del movimiento y le llegó a llamar el entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, para decírselo. Pero no cambió su agenda y cuando el constructor murciano debía ir a coger el mando, FG ya había amarrado el apoyo necesario del consejo para dejarle fuera de juego.
Fue a partir de ahí cuando desde el banco se abrió una investigación para saber quién, cómo, dónde y de qué manera había podido ocurrir un ataque así y sus servicios de riesgos y seguridad contrataron a la agencia de detectives más puntera del momento, la de un policía veterano que, supuestamente, podía actuar también como empresario, y ofrecía el oro y el moro en sus ‘informes de inteligencia’. Si hacemos caso al relato policial que fundamenta los trabajos de espionaje que se encargaron desde el banco a Villarejo sobre Del Rivero, el exvicepresidente del BBVA, José Domingo de Ampuero; el exdirector general, Vicente Benedito; el exministro de Industria, Miguel Sebastián; el exvicepresidente de la CNMV, Javier Arenillas; y un grupo de grandes empresarios y banqueros del país, se pudieron vulnerar sus derechos fundamentales con supuestas presiones, injurias y coacciones difíciles de justificar.
La reciente petición de imputación para los presidentes de Repsol, Antoni Brufau, y Caixa, Isidre Fainé, también instada por Del Rivero por supuestos trabajos de espionaje encargados a Villarejo en otra operación de abordaje empresarial, planearán sobre la cita de la Audiencia Nacional sobre el BBVA de este miércoles, si bien fuentes jurídicas cercanas al caso esperan que la declaración de los perjudicados sea el colofón a una instrucción larga que se espera tener cerrada cuanto antes para pasar a la fase de juicio oral si se considera necesario y así lo piden la Fiscalía y el juez.
Si Francisco González se llega a sentar en el banquillo, los fiscales tendrán que demostrar que fue él quien ordenó y encargó directamente esa ofensiva al comisario, una función que no es propia de un presidente de banco, protegido siempre por los sistemas de 'compliance', y que se suele dejar en manos de sus subalternos, por más que los fiscales Anticorrupción le acusaran de ello. Fue la única ocasión en la que FG hizo una nota a modo de desmentido oficial de la Fiscalía, uno de cuyos responsables, José Ignacio Stampa, ha sido apartado del caso. Los datos del sumario apuntan al exresponsable de seguridad, Julio Corrochano, ‘colega’ de Villarejo, como la persona que mantenía la relación directa con Cenyt, incluso orientando los informes que debía enviar a sus superiores. La cadena de mando que se vislumbra en las declaraciones y los audios del sumario señalan también al exdirector de riesgos y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, junto a otros directivos también investigados.
Juntos pero no revueltos
Tampoco está clara en la instrucción la línea que separa la responsabilidad de González de la que pueda tener la entidad, imputada como persona jurídica, y su consejo de administración. El forensic realizado por los peritos de PwC puede aportar millones de datos al efecto, aún siendo una prueba de parte, no una pericial independiente, pero la evidencia es que el expresidente y la entidad han llevado dos líneas de defensa muy diferentes. Una de las primeras decisiones aprobadas en el consejo de BBVA en el inicio del caso fue salir como acusación del proceso paralelo que se mantenía contra Ausbanc, una de las obsesiones de FG y para cuya denuncia también contó con el apoyo de los servicios de Villarejo y empresa.
Fuentes jurídicas externas al caso explican que se trata de un movimiento lógico por parte del banco una vez que sale FG, para dejar claro que el actual consejo no tiene nada que ver con las decisiones que tomara su anterior responsable contra Luis Pineda y su asociación, a quienes se juzga por supuesta extorsión a la entidad. Pero de la misma manera, no se entiende como se podrá evitar ese nexo si el hoy presidente, Carlos Torres, era consejero delegado en 2015, cuando está en marcha esa ofensiva judicial, y responsable del área de seguridad, de la que parte la operativa.
González ha admitido en varias ocasiones su “comida informal” en la comisaria de Canillas con la cúpula policial, donde se presentó la denuncia anónima que originó el caso Ausbanc, que pudo ser redactada incluso en el seno del banco. Pese a la contrariedad de FG por la desvinculación de esos hechos por parte del actual consejo, en documentos posteriores aportados a la causa se ha admitido desde el BBVA que esa denuncia fue válida por razones de seguridad y por haber utilizado fuentes públicas obtenidas con medios lícitos y transparentes. Aunque haya diferentes estrategias de defensa, tras más de dos años transcurridos en la instrucción, fuentes cercanas a ambas partes parecen tener claro ahora que, aunque el banco nunca haya dado su apoyo explícito al expresidente en este trance, tampoco ha sido su intención obrar en su contra en la investigación.
Dónde está el cohecho
El otro gran dilema que se esconde en la instrucción y con el que FG tendrá que lidiar en un posible juicio oral será la demostración de que existe el delito de cohecho activo, por haber intentado comprar la voluntad de un funcionario público, como Villarejo, en beneficio propio. En esta línea de defensa corren parejos el caso del banco y el de su expresidente, dado que defienden a capa y espada la contratación de la empresa del excomisario, con facturas que lo demuestran y para unos trabajos concretos lícitos, ya sean vigilar a quién pertenece una finca en El Escorial o indagar en los movimientos empresariales o políticos que puedan afectarles, entre un sin fin de casos que se revelaron en el forensic.
Frente a ello, este miércoles saltarán en la declaración de los incluidos en el llamado ‘grupo hostil’ los datos del informe policial que alude a 869 llamadas ‘pinchadas’, 16.000 comunicaciones analizadas, 70 informes entregados, 7.000 horas de vigilancia, 24 viajes en España y 4 internacionales, entre otras cuestiones facturadas por Villarejo a la entidad por sus trabajos de espionaje y el posible delito posterior de revelación de secretos que conlleva, aparte de la vulneración de la intimidad, el honor y la propia imagen de algunas de esas personas.
Más allá de lo increíble de todo ese trabajo por falta de medios técnicos que advierten fuentes policiales conocedoras de estos seguimientos, y la falsedad demostrada en algunos de los informes que afectan a la privacidad de los afectados, la instrucción posterior de todo el caso Tandem y de otras piezas como Kitchen han apuntado que a Villarejo se le podía contratar como empresario incluso por la cúpula policial del momento (policía patriótica), con el aval del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Es más, un informe oficial elaborado por el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, en abril de 2015, admitía la doble condición de Villarejo como policía y empresario, aunque fuera como administrador de su patrimonio personal, que bien podía ser una empresa (Cenyt) susceptible de ser contratada por cualquier entidad privada.
Es muy poco probable que después de todo lo indagado hasta el momento no se llegue a transformar la instrucción en un juicio oral, si bien las fuentes jurídicas consultadas advierten que, en le que incumbe a la actuación del BBVA y de las grandes empresas implicadas en la macrocausa de Tandem, sin la demostración clara del delito de cohecho será muy difícil mantener que sus responsables incurrieron en revelación de secretos u otros posibles delitos adyacentes de corrupción entre particulares o administración desleal. Otra cosa será lo que se le pueda achacar a Villarejo a la hora de realizar esos trabajos.
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