A lo largo de los últimos tres años y medio, la Audiencia Nacional ha ido acumulando numerosas denuncias de toda clase de personas por las actuaciones supuestamente irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Aunque muchos han conseguido personarse en el procedimiento en calidad de perjudicados llegando incluso a declarar por los espionajes de su entramado, otros siguen a la espera de respuesta o se quedaron fuera de la causa pese a advertir de la existencia de ilegalidades de las que habrían sido víctimas. Entre este grupo tan heterogéneo se encuentra un antiguo prófugo de la Justicia, un supuesto enlace del CNI y el que fuera testigo protegido del caso Cursach en Palma de Mallorca, entre otros.
El 20 de noviembre de 2018, cuando el conocido como caso Tándem contaba con un año de vida, el entonces instructor Diego de Egea decidió incoar una pieza separada bautizada como 'Denuncias de terceras personas ajenas al procedimiento'. En la misma se han acumulado muchas cartas y escritos que han ido llegando al Juzgado Central de Instrucción número 6 en los que se relatan episodios de toda índole. El primero de ellos, y que motivó la apertura de esta línea separada de la investigación, fue el remitido por el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, de su puño y letra desde la prisión de Estremera. En aquel momento coincidió con Villarejo en dicho centro y pidió al juzgado poder reunirse con él al considerarse víctima de los encargos del BBVA a sus empresas. La Audiencia Nacional declinó la solicitud pero, tiempo después, le dio luz verde a figurar como víctima en la causa.
Aunque el abogado abrió la veda, fueron muchos más los que le siguieron y se declararon perjudicados de sus negocios, de acuerdo con el sumario de esta pieza al que ha tenido acceso La Información. Entre ellos destaca el empresario Pedro José Urrutia, el cual el pasado mes de septiembre denunció que Villarejo habría mediado en su extradición a España desde Costa Rica. Urrutia estaba fugado de la Justicia tras haber sido condenado a 13 años de cárcel por una estafa de más de 20 millones de euros al grupo vasco Asedir. Su defensa cuestionó en el escrito la licitud de la extradición a tenor de unos audios de Villarejo en los que se jactaba de haber "cazado a un tío" para deportarlo a España. Además, implicó en los hechos a los entonces abogados defensores de Villarejo y su socio Rafael Redondo y expuso que, doce años después de aquello, sigue sin saber el destino final del motín que amasó en Costa Rica y que superaría los 10 millones de euros.
El nexo Villarejo-Cursach
También se presentó como víctima de las actividades de Villarejo un testigo protegido del caso Cursach. En una carta remitida al juzgado el pasado mes de julio, éste ofreció documentación y audios que, según dijo, demostrarían la implicación de "altos mandos de la Policía Nacional de Baleares" en la investigación contra el mallorquín Bartolomé Cursach. El testigo en cuestión recurrió a la Audiencia Nacional para denunciar que los principales investigadores de esta causa tuvieron línea directa con el empresario del ocio nocturno gracias a la intermediación de Villarejo. "Siendo testigo yo de todo esto, presencié reuniones entre el comisario y la cúpula de Cursach en el restaurante Mediterráneo, donde en innumerables ocasiones planeaban extorsionar a importantes empresarios como Pepe Hidalgo (Air Europa) y altos directivos de cadenas hoteleras", plasmó por escrito.
El testigo, a quien finalmente se le retiró la condición de protegido, añadió además que estaba siendo víctima de una "auténtica cacería" y que pensaba que su única salvación era contar todo esto hasta el final. Además de su carta, aportó numerosa documentación sobre estos asuntos a la espera de que el magistrado aceptara incluirlos en el caso Tándem. Cabe recordar que la Policía Judicial identificó en una de las carpetas intervenidas al comisario jubilado información relativa al empresario que dio pie a investigar si éste último habría contratado los servicios de su entramado empresarial. Los hechos se estudian en la pieza vigésimo segunda de esta macrocausa.
"Hay una auténtica cacería contra mi persona, pues yo sé todo esto. Estoy completamente aterrado y mi única salvación es contar todo hasta el final".
Cerco a los mandos policiales
Con todo, no fue el único que se ofreció a aportar material para incriminar a altos mandos policiales. En noviembre de 2019, un ciudadano afincado en Málaga remitió una carta escrita a mano en la que propuso colaborar con la Justicia en aras a destapar las prácticas de algunos de los policías más cercanos a Villarejo. En concreto, apuntó a la existencia de una "organización de funcionarios corruptos" que se habría enriquecido con contrabando de tabaco y la prostitución. La misiva, que se envió en pleno auge de la investigación a la policía patriótica por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas, recogía que el comisario y otros de los policías cercanos a él estuvieron implicados en la operación Cataluña y aportaron pruebas falsas en procedimientos que perjudicaban a otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La queja también la remitió al Congreso de los Diputados a la atención de Albert Rivera y los ministros Irene Montero y Alberto Garzón.
El excónsul de Letonia
Otra de las denuncias que también se recogen en este tomo es la de Xavier Vinyals, excónsul de Letonia en Barcelona. El presidente de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes se presentó como víctima de la "organización criminal" que atribuye a Villarejo y a Antonio Giménez Raso, policía en segunda actividad y socio en sus negocios privados. Según razonó, habrían obtenido información confidencial sobre causas que le afectaban a él por encargo del empresario Daniel Castells. Al parecer Vinyals habría sido acusación particular de varios juicios en los que resultó condenado Castells y, en represalia, éste habría contratado con la empresa de Giménez Raso para que hallara información negativa suya tanto como de su padre, Ramón Vinyals. Además recuerda que apareció un informe con datos suyos entre todo el material que los agentes incautaron a Villarejo en noviembre de 2017.
A este grupo se suma un interno de la prisión de Estremera que responde a las iniciales de J.A.G y que en septiembre del año pasado remitió un escrito ofreciéndose a aportar dos pendrive y 650 documentos sobre el caso Villarejo. Explicó que había trabajado con dos agentes de la Policía Nacional adscritos al CNI y que quería "colaborar plenamente" con la Justicia.
La larga lista de enemigos de Villarejo también la completan expolíticos como Ignacio González. El expresidente madrileño ha remitido numerosos escritos para personarse como perjudicado por la grabación del policía en la reunión que tuvieron en 2011 y en la que también participó Enrique García Castaño. Uno de ellos se adjuntó a esta pieza separada en la que también figuran como denunciantes el que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y hasta el propio Villarejo. El juez incluyó en este tomo la queja del principal acusado de la causa contra una médica de su módulo por amenazas y trato degradante. La denuncia se interpuso en octubre de 2019 en el juzgado de guardia de Arganda, por ser el partido judicial al que pertenece Estremera. El Ministerio del Interior respondió a sus quejas con un oficio remitido a la Audiencia Nacional en el que defendía la "impecable" labor profesional de la facultativa.
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