Los sindicatos ferroviarios están en guardia. Los representantes de los trabajadores del por ahora único operador de transporte de pasajeros por ferrocarril, Renfe, miran con recelo las medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para ayudar a las aerolíneas a salir del bache en el que las ha sumido la crisis de la Covid-19. Por ello han pedido al Ministerio de Transportes, en manos de José Luis Ábalos, que limite estas ayudas para evitar que puedan poner en peligro la libre competencia con el tren, confirman fuentes sindicales.
En concreto, dichos medios confirman a La Información que aspiran a un sistema similar al que se ha puesto en marcha en Francia. Las ayudas que puso en marcha el Gobierno galo y que han ayudado a importantes compañías como Air France-KLM a retomar la marcha tras el parón por la pandemia están condicionadas a la eliminación de rutas para las que exista transporte ferroviario de pasajeros con un trayecto máximo de dos horas y media. Más allá de la competencia, el Gobierno de Emmanuel Macron apuntó directamente a la importancia que este hecho tendría a la hora de reducir el daño medioambiental para justificar la medida.
De establecerse esta norma, trayectos como el Madrid - Valencia, que actualmente operan aerolíneas como Iberia y Air Europa -ambas pendientes de la operación de compra de la segunda por parte de la primera- y que tiene conexión en tren AVE de menos de dos horas, deberían ser anulados. Sin embargo, otros tan populares como el Puente Aéreo entre la capital y Barcelona o entre el mismo origen y Sevilla, se mantendrían al superar el trayecto por ferrocarril ese tiempo.
Los sindicatos urgen así al Ministerio de Transportes a limitar, de una forma u otra, la actividad de aerolíneas que reciban este tipo de ayudas, más si se tiene en cuenta que la liberalización de mercado ferroviario de viajeros está a la vuelta de la esquina y Renfe perderá el histórico monopolio al que está acostumbrado. En concreto, el fin del tren tal y como lo conocemos se producirá el próximo 14 de diciembre, si bien los primeros convoyes privados, los de la francesa SNCF, comenzarán a llegar a las vías en el mes de marzo.
Con respecto a los problemas que estas ayudas pudieran provocar para con la competencia, fuentes sindicales también apuntan al caso concreto de uno de los nuevos operadores, ILSA. Pese a que la compañía no comenzará a operar hasta 2022, la formación de su accionariado también trae de cabeza a los representantes de los trabajadores de la pública Renfe. Cabe recordar que el capital de Ilsa pertenece, por un lado, a los dueños de Air Nostrum, y, por otro, al gigante ferroviario italiano Trenitalia.
Es precisamente la presencia de los propietarios de Air Nostrum a título personal en el capital de ILSA lo que inquieta a la pública. En este sentido, y según señalan fuentes de los representantes de los trabajadores, estarán atentos para evitar que en caso de que Air Nostrum reciba ayudas por parte del paquete de 10.000 millones de euros aprobado para rescatar empresas estratégicas, este dinero no sea aprovechado para apoyar el proyecto ferroviario de forma directa o indirecta.
Sea como fuere, es necesario recordar que Renfe también recibirá un paquete de ayuda pública. En concreto, el Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto en materia de transporte y movilidad por el que se llevará a cabo una ampliación de la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los 1.000 millones de euros para compensar la caída de demanda. Además, este movimiento permitirá el mantenimiento de una parte sustancial de los servicios, tanto de obligaciones de servicio público como comerciales, lo que dará a la compañía vía libre para retomar la ampliación de servicios. Habrá que esperar a ver quién cierra una de estas ayudas.
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