Renfe prepara un nuevo movimiento para desligarse más del administrador de la infraestructura ferroviaria Adif. La compañía dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) quiere ofertar por sí misma los servicios de telefonía que abarca las líneas fijas y de internet para un grupo de más de 15.000 trabajadores. De momento, la compañía tantea a las tres grandes operadoras españolas y espera adjudicar su contrato antes del mes de octubre. La oferta es por un máximo de 15 millones de euros repartido entre cuatro años y con la posibilidad de prolongar el acuerdo durante un ejercicio adicional.
Las fuentes consultadas por La Información colocan en esta negociación a Telefónica, Orange y Vodafone, las tres grandes telecos por volumen de negocio en España -por este orden- y las que ya habrían trabajado en el pasado con la operadora. Por ejemplo, Telefónica presta los servicios de redes wifi en los trenes AVE desde el año 2015. La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete también ha sido elegida para dar asistencia técnica en la creación de un Laboratorio de Seguridad para nuevas tecnologías de la compañía ferroviaria.
Desde la Dirección General Económico-Financiera de Renfe se ha indicado como primer requisito para optar a este contrato acreditar que el volumen global de negocios debe de ser superior a 23,15 millones de euros. Pese a cumplir con creces con este requisito, MásMóvil, la cuarta operadora del mercado que no deja de crecer a base de adquisiciones, no habría sido llamada a participar de esta oferta, remarcan las fuentes consultadas. Otra condición, en este caso técnica, es haber gestionado en los últimos cinco años, al menos, un proyecto de servicios de telecomunicaciones fijas de voz y datos de más de 3.000 abonados. El contrato seleccionado por Renfe es 'negociado con publicidad', por el cual no puede presentarse cualquier interesado, sino que la compañía ofertante elige a los posibles candidatos. El monto es de 15 millones de euros (12,7 excluyendo el IVA).
En el pasado año, Renfe ya seleccionó a Orange para que se encargara de la parte de líneas móviles. En este caso, la entidad ferroviaria quiso que la compañía francesa administrara más de 24.000 líneas. El paquete total se distribuye en tres áreas bien diferenciadas: 7.000 líneas de voz para los maquinistas, 8.000 líneas de voz y datos para los empleados de oficinas y servicios de conectividad IoT con 9.000 líneas M2M (‘Machine to Machine’, concepto que hace referencia al intercambio de información entre máquinas) para interconectar trenes, taquillas, máquinas de venta automática, alarmas y canceladoras de validación de billetes.
La decisión de Renfe supondrá ofrecer por sí misma su infraestructura telefónica. Hasta el momento, la compañía utilizaba parte de la infraestructura de telecomunicaciones de Adif, la empresa ferroviaria que hasta el 2005 era manejada de manera conjunta desde el MITMA. De acuerdo a la memoria anual del último ejercicio de Renfe (2020), la compañía gasta aproximadamente medio millón de euros cada año por el alquiler de líneas telefónicas al gestor ferroviario presidido por Maria Luisa Domínguez.
Las telecos se refugian en la administración
El contrato de Renfe está entre los grandes servicios deseados por las telecos, que en los últimos años han ido apoyándose cada vez más en las grandes empresas y en la administración. El motivo: el mercado residencial va a la baja ante la presión en los precios ejercida por los operadores de bajo coste, que están laminando el valor del sector año tras año y empujándolo hacia la concentración.
Basta con ver su resultado trimestral, entre abril y junio, de las principales compañías. Telefónica, Vodafone y Orange apenas mejoraron sus cifras en el mercado nacional, donde ingresaron 5.255 millones de euros. La cifra es un 0,38% más que en el segundo trimestre del año pasado, pero sigue lejos de las cifras presentadas en años anteriores. Otro termómetro que explica este fenómeno son las portabilidades mensuales -solicitar la baja de una compañía para irse a la competencia conservando el número de teléfono-, en las que los operadores tradicionales sufren un goteo constante de pérdida de clientes.
Así, las tres grandes operadoras han pujado en los últimos años por servicios como los de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que centraliza gran parte de la infraestructura de telecomunicaciones del Estado y cuyo contrato tiene un valor de aproximadamente 240 millones de euros. Otro de los grandes contratos objeto de deseo son los servicios de telefonía de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Civil (11,37 millones de euros). De menor importe están los contratos por servicios telefónicos de entidades como el Tribunal de Cuentas (1,32 millones de euros), el Senado (740.622 euros) o la Agencia Tributaria (200.000 euros).
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