La nueva 'Operación Diálogo' arranca con dos monólogos, posiciones de máximos y escasos puntos de acuerdo, al menos de momento. Pedro Sánchez recibió este martes a Pere Aragonès con el objetivo de avanzar y le propuso hablar de economía. De fondos europeos, inminentes, y de los próximos Presupuestos, claves en la recuperación. El Gobierno plantea a sus socios unas nuevas cuentas públicas para 2022 "expansivas", con fuertes inversiones en Cataluña, para comenzar a caminar en esta relación que están empezando a fraguar ambas partes. Pero para la Generalitat hay cuestiones que tienen que solventarse antes y una de ellas son la amnistía, el retorno de Carles Puigdemont y las fianzas que ha impuesto el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés.
Sánchez quiso centrar esta primera conversación con Aragonès, de dos horas y cuarenta minutos, hablando de economía y de los puntos en común que, en este momento, podrían unir a ambas partes. El Gobierno lanza, en este sentido, los Presupuestos Generales de 2022, unas cuentas públicas que, como decimos, plantea que sean "expansivas" y que superen a las de 2021 como los de mayor gasto social de la historia. Ese récord se encuentra en 239.765 millones. Este proyecto de ley va a comenzar a negociarse a la vuelta del verano en primer lugar en el seno de la coalición, como ya ocurrió en los actualmente en vigor, para, a continuación, plantear una negociación con los socios de investidura. Los indultos han aclarado las mayorías posibles y Ciudadanos ya no forma parte de la ecuación.
Sánchez, explican fuentes gubernamentales, transmitió a Aragonès su disposición a incluir en esos Presupuestos expansivos una potente inversión en infraestructuras, como ya contemplaba en la Agenda para el Reencuentro que negoció con Quim Torra a partir de Pedralbes. Moncloa quiere solucionar el déficit en inversiones que sufre la Generalitat desde hace años y por eso plantea en dichas cuentas incrementar la partida, algo que ya hizo en 2021. Habrá incremento de la partida destinada a El Prat, a Rodalies y al puerto de Barcelona, según las posiciones iniciales del Gobierno central. En cuanto al aeropuerto de la ciudad condal, Moncloa plantea poder sufragar la ampliación proyectada y la anhelada ciudad aeroportuaria. Y también se prevé cumplir con la compensación por el incremento de la plantilla de los Mossos d'Esquadra. El Gobierno también apoyará la candidatura catalana para acoger los Juegos Olímpidos de 2030.
Sánchez ofreció a Aragonès sufragar la ampliación proyectada para El Prat y la anhelada ciudad aeroportuaria
Otro aspecto polémico que el Gobierno está dispuesto a atender: el déficit fiscal de Cataluña. El consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, lo cifró este martes entre los 18.000 y 20.000 millones, lo que supondría entre 2.400 y 2.600 euros por cada ciudadano catalán. "El Gobierno sabe que tenemos razón", añadió. Hacienda ve complicado abordar en esta legislatura una reforma del Sistema de Financiación Autonómica, caducado desde 2014. Todos estos asuntos serán abordados de tú a tú entre ministros y consejeros. Sánchez ofreció a Aragonès que asista a la Conferencia de Presidentes de finales del mes de julio en Salamanca para poder dialogar de estos asuntos.
Aragonés reclama amnistía y el retorno de Puigdemont
Aragonès se sentaba en la sala Tàpies con una carpeta gris. Dentro, una batería de demandas al Gobierno central y, esencialmente, asuntos políticos. Empezando por lo más urgente: atender a las recomendaciones de la Asamblea del Consejo de Europa, que la semana pasado aprobó la petición de reformar el delito de sedición y retirar las euroórdenes. Esto lleva a ERC a reclamar la citada "amnistía", un tema ineludible para los catalanes. Pero Moncloa considera estos puntos como "una línea roja" que no puede legalmente traspasar. Sobre Puigdemont sigue insistiendo en su deseo de que el expresidente rinda cuentas ante la justicia española.
Más reivindicaciones de Aragonès a Sánchez: las fianzas millonarias impuestas a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y las cuatro decenas de dirigentes catalanes por el presunto desvío de fondos público para las denominadas embajadas catalanas y al llamado 'Diplocat'. La Generalitat quiere que Moncloa lo solucione. Pero Sánchez poco puede hacer con esta reivindicación. Si acaso, tal y como ha pedido y Junts, retirar a la Abogacía del Estado del procedimiento sancionador.
Otro asunto polémico hace referencia a la Ley de Vivienda estatal que se continúa negociando en la coalición. PSOE y Unidas Podemos no se ponen de acuerdo a la hora de lanzar una fórmula para bajar los alquileres y eso afecta a la Generalitat, que tiene su propia ley autonómica con un mecanismo de contención. La normativa catalana se encuentra pendiente de la evolución de la ley a nivel nacional para obtener un respaldo jurídico que avale esos artículos que el Ejecutivo central recurrió ante el Tribunal Constitucional.
La de este martes ha sido una primera aproximación, el inicio de una relación que ambas partes esperan que sea duradera. De momento, y a pesar de que no había grandes expectativas puestas en la cita, Sánchez y Aragonés han cumplido con una tradición histórica, la de que el presidente del Gobierno y el de la Generalitat se reunieran en Moncloa. Los primeros en hacerlo fueron Adolfo Suárez y Josep Tarradellas, aquel 27 de junio de 1977. Fue una imagen histórica. Más tarde, en el 84, fue el turno de Felipe González y de Jordi Pujol y en el 96 le tocó a Aznar. La relación más sólida fue la que mantuvieron José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall, que se vieron por primera vez en 2004. En 2012 le correspondió a Mariano Rajoy y a Artur Mas. Y, por último, el 9 de julio de 2018, a Sánchez y a Quim Torra.
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