Choque de trenes en el caso Villarejo. Como era de prever, Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz no coincidieron en su declaración en la Audiencia Nacional por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas. Mientras el primero delegó responsabilidades en su superior, el exministro se desligó por completo de la operación Kitchen, nombre con el que José Manuel Villarejo bautizó este encargo para sustraer al extesorero popular material que pudiera tener sobre una caja 'b' del partido. La contradicción de sus relatos no evitó que ambos confluyeran en un aspecto que podría marcar un punto de inflexión en la causa: ninguno señaló a la excúpula del PP.
Tras cerca de dos años de investigación por este cometido costeado con fondos reservados del Estado, las principales incógnitas por los seguimientos a Bárcenas entre 2013 y 2015 siguen sin resolverse. ¿Quién ordenó realmente espiar al extesorero y a su mujer para sustraerle toda la documentación? ¿Estaba el Gobierno de Mariano Rajoy al tanto de que se utilizaron confidentes de su entorno? Estos interrogantes que no logran responderse pese al avance de las pesquisas llevaron este viernes al magistrado Manuel García Castellón a apercibir al exministro por su desconocimiento del asunto. "Esto es muy deprimente" o "no se moleste con lo que le voy a decir, pero en este asunto usted no se enteraba de nada", fueron algunas de las frases que le espetó durante su interrogatorio.
Así, mientras los mandos policiales imputados en esta pieza del caso Tándem cierran filas acerca de lo que realmente se hizo desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO), los excargos de Interior se desligan del asunto. Si en algo coinciden los imputados es que la operación Kitchen, como tal, no existió. Una versión refrendada además por el Ministerio del Interior, a quien el Juzgado Central de Instrucción número 6 le ha pedido numerosa documental sobre el tema. Tras desclasificarse parte del material que estaba afectado por la Ley de Secretos Oficiales, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska confirmó las sospechas en una nota remitida al caso: hubo una actuación que requirió de la intervención de la cúpula del cuerpo policial y en la que se contó además con "colaboradores" que recibieron una "remuneración periódica a cambio de información".
El dinero de Cracovia y Canadá
Ahora bien, Interior negó en todo momento que entre sus ficheros se encontrara información con las palabras 'Kitchen' o 'Cocinero', apodo con el que se referían al chófer de Bárcenas. Ya lo dijo el exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino en su declaración ante el juez en enero de 2019: "La Kitchen no existe". Sin embargo, aportó dos datos clave que luego se han vuelto a confirmar en otros interrogatorios de la pieza. Por un lado, el hecho de que Villarejo estaba autorizado para reportar al CNI y, por otro, que el verdadero interés de la Policía fue investigar la fortuna de Bárcenas en el extranjero. Su versión la confirmó Enrique García Castaño 'El Gordo'. El exjefe de la UCAO dijo que la idea era indagar si, en pleno caso Gürtel, el exresponsable de las finanzas del PP tenía testaferros en Suiza. Francisco Martínez fue más allá y, aunque se desligó de la operación, dijo al juez que le constaba que rastrearon posibles vínculos con la camorra italiana.
Aunque los exmandos policiales circunscriben su actuación a este hecho puntual, las investigaciones apuntan en otra dirección. De hecho, consta un mensaje que le envió Enrique García Castaño a Martínez en 2015: "Bárcenas quiere que no le toquen lo que le queda de dinero. Lo tiene en Cracovia y en Canadá", le dijo, haciendo mención expresa a una agenda del expolítico que El Gordo había conseguido y que "era mejor que la guía michelín". Esta parte del sumario revelaría la sospecha de los investigadores acerca de que el operativo ilegal y parapolicial tuvo como finalidad sustraer los papeles de Bárcenas para evitar que los mismos acabaran ante el magistrado José de la Mata, al frente del caso Gürtel. Y no solo eso sino que, además, habría connivencia con Bárcenas para proteger parte del patrimonio que tiene en el extranjero; tesis contraria a la que han defendido ante el juez.
Pese a los indicios "numerosos y concluyentes" de Anticorrupción contra Fernández Díaz, el ministro negó la mayor. Incluso habló de "deslealtad" por el hecho de que existiera esta investigación no judicializada y nadie le dijera nada. Su declaración se mantuvo en la línea de lo esperado, no como la de Francisco Martínez. El exsecretario de Estado de Seguridad dejó claro en mensajes con excompañeros y en reflexiones personales guardadas en su teléfono que no iba a quedar como un chivo expiatorio y que fue imputado por "ser leal" a sus superiores. Por ello se esperaba una comparecencia judicial explosiva. Sin embargo, no solo no arremetió contra María Dolores de Cospedal o Mariano Rajoy sino que hizo de cortafuegos. Rara vez los mencionó y no fue para incriminarles. Solo delegó responsabilidad en el exministro. Dijo que le pidió que le mantuviera informado del espionaje y que fue quien le dio el nombre de Ríos Esgueva.
Con 'Q' o con 'K'
"Estoy muy dolido", contraatacó el exministro un día después en sede judicial, el cual incluso se preguntó qué le había hecho a su subordinado para que le achacara este asunto. Tampoco reconoció los mensajes que le habría mandado sobre datos clave del operativo. Consciente de que la imputación planeaba sobre su cabeza, el pasado año Martínez los llevó ante notario. Pero Fernández Díaz no los reconoce. Sí admite que se enviaron desde su dispositivo telefónico pero niega ser el autor del mismo. Las contradicciones llevaron al juez a pedirle en pleno interrogatorio el móvil. Quería precisar si el exministro emplea en sus interacciones la misma forma de escribir que en los mensajes puesto ante notario. "Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info..." dijo en uno de ellos. Tras estudiar el dispositivo, el instructor se lo devolvió.
El magistrado García Castellón tuvo en su mano la petición de Fiscalía de imputar a Dolores de Cospedal y a su marido pero solo implicó al exministro. Los fiscales del caso entendieron que había indicios más que de sobra para actuar contra ambos por el espionaje a Bárcenas. De hecho, se hacen alusiones constantes a ellos en los audios de Villarejo que obran en el sumario de la causa. Así, en una de las conversaciones grabadas, el agente encubierto descubrió que Ignacio López del Hierro (a quien apodaba con el sobrenombre de 'El Pollas') medió para que la policía patriótica pudiera captar a Ríos Esgueva. El intento fallido de 'El Gordo' llevó al comisario jubilado a tomar cartas en el asunto; tanto es así que se atribuyó el éxito de que el chófer se convirtiera en confidente policial. Para conseguir que colaborase con ellos se apoyó en el inspector jefe Andrés Gómez Gordo; otra de las patas troncales de la causa.
El imputado fue jefe de seguridad de Cospedal en Castilla -La Mancha pero tenía un nexo común clave con Esgueva: ambos se conocían por su etapa en la Comunidad de Madrid ya que el 'topo' fue chófer de Granados y el inspector trabajó como asesor suyo. Además, el exasesor de Cospedal entregó de su propia mano los pagos con fondos reservados al chófer en cuestión. Así lo confirmó en su declaración ante el juez, si bien tampoco implicó a su antigua jefa. Versión distinta contó Villarejo a los otros policías imputados. Aunque no constan contrataciones oficiales de los servicios que gestionó desde Cenyt, Anticorrupión se hizo eco de las declaraciones de Villarejo en las que hablaba de sus reuniones con Cospedal en la sede del PP o de sus encuentros con López del Hierro para informarle de la operación Brugal. Ahora queda en manos del magistrado definir la nueva línea de investigación que se abre tras escuchar a la antigua cúpula de Interior.
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