Así lo ha anunciado el portavoz económico de la coalición abertzale, Oskar Matute, quien ha explicado que, tras ese pacto, su formación votará a favor de la creación de estos tributos que tramita el Congreso.
El PSOE y Unidas Podemos estaban a dos votos de la mayoría absoluta en la Comisión de Presupuestos y ese plus se lo han aportado el PNV y Coalición Canaria, que representa el voto de todo el Grupo Mixto.
El debate llega precedido por cierto revuelo en torno a los vetos del Gobierno, que deja fuera un millar de iniciativas por aumentar gastos o reducir ingresos sin la correspondiente contrapartida.
Por cantidad, el PP vuelve a ser la formación que más propuestas ha registrado, con más de 2.300 enmiendas y como cada año, Vox ha renunciado a plantear propuestas para modificar las cuentas.
Los socios clave de investidura de Sánchez presentan una enmienda a los PGE de 2023 en la que proponen mantener las hipotecas al tipo de interés vigente a 1 de septiembre y así evitar subidas el próximo año.
Para lograr su aprobación definitiva, el Gobierno tiene por delante cuatro semanas para amarrar los votos de sus socios en las votaciones decisivas, previstas para la semana del 21 de noviembre.
El líder del PP de la oposición a Sánchez que presuma de crecimiento cuando España será el último país en recuperar los niveles preCovid y de rebajar la inflación cuando la subyacente es dos puntos superior a la UE.
Las dos fuerzas políticas que son clave para sacar adelante el proyecto presupuestario en el Congreso aprietan al Gobierno con dos medidas que quieren incluir en la Ley de Vivienda, que sigue atascada.
PSOE y Unidas Podemos llevarán un tercer presupuesto a la Cámara Baja con la firme intención de volver a aprobarlo. Desde el Ejecutivo confían en que estos salgan, de nuevo, adelante.
La propuesta del Gobierno de dejar en suspenso por tercer año consecutivo las reglas fiscales primero por la Covid y ahora por la guerra, cuenta con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Cs.
Los socios de Gobierno se dividen tras exigir los 'morados', junto con ERC y Bildu, la cesión de inmuebles y suelo a comunidades y ayuntamientos, además de la puesta en marcha de alquileres sociales.
El Gobierno de coalición vuelve a poner de manifiesto la división en sus filas, después de que la formación morada y el ministro de Consumo se haya desmarcado del voto en contra de Izquierda Unida.
Bildu ha advertido que corren "tiempos de excepcionalidad" que requieren que se tomen "decisiones estructuradas y valientes", para evitar que la "humanidad se precipite al colapso".
El Gobierno ultima las conversaciones con las diferentes formaciones políticas con el objetivo de tener amarrados los apoyos en la primera votación del Congreso tras las vacaciones tras el 'no' del PP y Cs.
El líder de los populares ha hecho hincapié en describir la compleja situación económica que atraviesa el país y la dificultad de hacerle frente con un gobierno "dividido dependiente y, ademas, excesivo".
La mayoría apoya las medidas sociales aprobadas en el decreto anticrisis y creen que la imagen de España durante la cumbre mejoró, pero continúa el rechazo a la figura del presidente y a la actuación del Gobierno.
Los partidos nacionalistas han incluido esta medida en las propuestas de resolución y señalan a "Cataluña, Euskal Herria y Galicia" como "máximos exponentes de naciones diferenciadas" en el territorio.
Asegura que el presidente del Gobierno ha "copiado" las medidas de Podemos y decidido parecerse a Pablo Iglesias, su fundador, con el único plan de "agotar la legislatura" y "resistir en Moncloa".
Santiago Abascal critica el sectarismo del Gobierno, al que acusa de "blanquear" el terrorismo de ETA y avisa con derogar todas las normas impulsadas en la legislatura en caso de llegar a Moncloa en 2023.
La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición ha mostrado su discrepancia por el peligro de extender la dictadura a un periodo en el que se había celebrado el referéndum y tres elecciones generales.
Según ha manifestado el líder popular están presentes para testimoniar "no solamente una cosa injusta", que parece "una obviedad" que es un asesinato, que "no fue uno", sino "centenares de asesinatos".
La Comisión Constitucional de la cámara baja ha sacado adelante la norma aprobada hace casi un año en Consejo de Ministros y debatida en pleno en octubre de 2021; pero no contaba con apoyo los suficientes.
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