Un trabajador del banco elaboró en 2011 un informe interno sobre las cuentas abiertas por el Grupo Cenyt después de que el comisario jubilado presentara una demanda tras no obtener la rentabilidad esperada.
El exdirectivo, según la firma, llevó a cabo "actividades de difusión, revelación o cesión ilícita de esos documentos", que fueron además filtrados a diversos medios de comunicación.
Benjamín García Cañón permanece así en la causa por, supuestamente, contratar al excomisario para la elaboración de dos informes, uno de ellos sobre la figura del expresidente la compañía, José María Ramírez.
El excomisario finalmente no ha ejercido su propia defensa, como él mismo había insinuado a las puertas de los juzgados de la Audiencia Nacional, cediendo el protagonismo al letrado Antonio José García Cabrera.
La Sección Tercera estudiará este viernes los recursos presentados en el marco de la investigación a Iberdrola por contratar al comisario Villarejo. Está pendiente de revisar el cierre de la pieza sobre Repsol.
Tras comprobar con Microsoft que los mensajes no desaparecen, pide que se reclame una “copia íntegra” de todas sus conversaciones. También quiere acceder a los discos duros del ordenador que utilizaba.
Destaca que el argumento sobre que pidió información registral de una finca que quería adquirir para proteger la reputación del BBVA es "ilógico y arbitrario". También rechaza que los hechos hayan prescrito.
El curso comenzará fuerte en la Audiencia Nacional con varios recursos pendientes en la causa por los negocios del excomisario y diversas cotizadas que habrían contratado los servicios de su empresa, Cenyt.
Está pendiente de que la Agencia Tributaria le envíe los datos del ‘Modelo 347’ de 2011 y 2012 de Cenyt, donde se consignan todas las operaciones con terceros por más de 3.005 euros en plena actividad.
La representante de Repsol asegura ante el juez instructor Manuel García Castellón que las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo fueron contratadas para labores de inteligencia corporativa.
Durante su interrogatorio de más de tres horas, la petrolera ha defendido que la contratación fue legal y que se recurrió a Cenyt por su prestigio y porque cumplía con todos los estándares.
El presidente de Iberdrola asegura que no hubo irregularidades en los contratos firmados por su filial de renovables con la empresa de seguridad vinculada a Villarejo.
Se refiere a la utilización de los recursos del banco para valorar la adquisición de una finca a título privado, cuestión que ya salió a la luz durante el interrogatorio del exdirector de Riesgos del BBVA Antonio Béjar.
El escrito presentado al juez señala que el auto emitido contiene errores, como señalar al directivo español como presidente de la filial, lo cual se puede verificar en el Registro Mercantil de Valencia, según el mismo.
La petrolera exige responsabilidades a quienes “en dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia” permitieron las actividades privadas del comisario mientras seguía en activo en la Policía.
La compañía se reserva el ejercicio de cuantas acciones sean procedentes "para exigir responsabilidades a quienes, en dejación de sus funciones públicas de vigilancia, permitieron la actuación de Cenyt".
Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que es muy difícil demostrarlo si las contrataciones de Cenyt se produjeron con un lapso de entre 5 y 7 años de diferencia y se centran en hechos y casos diferentes.
El magistrado Manuel García Castellón cree que hay indicios para afirmar que el contacto entre Iberdrola y el comisario jubilado José Manuel Villarejo "no fue esporádico, sino que tuvo una continuidad en el tiempo".
Frente a la petición de Anticorrupción, el equipo jurídico de Iberdrola advierte que el único sitio donde se menciona al presidente es en el informe de Del Olmo, que la compañía no reconoce.
Ni el excomisario ni el exdirector de seguridad implican al directivo más cercano a Sánchez Galán en los supuestos encargos de espionaje a Cenyt. Prefería utilizar la vía contencioso administrativa.
Se opone a la testifical solicitada por el que fuera jefe del Área de Riesgos del banco Antonio Béjar por entender que María Jesús Arribas no podrá dar explicaciones sobre las facturas pagadas a Cenyt
El comité de dirección ha comunicado a la CNMV que pone al servicio de la Audiencia Nacional a todo su consejo y alta dirección, ante la inminente imputación del presidente que estudia ya la Fiscalía.
La Audiencia lleva más de cinco meses revisando los 44 documentos aflorados con los que se pretende aclarar si hay indicios suficientes para imputar en la causa a más altos directivos o cerrar la instrucción.
Esta pieza separada del caso sobre los negocios del excomisario José Villarejo investiga si Repsol y CaixaBank acudieron a él para desarticular "una estrategia de sindicación" de Del Rivero.
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