Asegura que trabajarán sobre la base de las conclusiones de los expertos para abordar la reforma fiscal.
Representantes de ambas formaciones acudieron a la presentación de las medidas que propone Unidas Podemos para reformar el sistema tributario. La ministra Ione Belarra apeló a la "mayoría progresista".
La formación morada ha presentado este lunes su propuesta para la reforma fiscal que se centra en aumentar la "progresividad" del sistema y que pone el foco en una reforma del impuesto de Sociedades.
También defiende sustituir el impuesto de Patrimonio por un nuevo tributo a las grandes fortunas, medida que reportaría una recaudación de 10.000 millones de euros a las arcas públicas.
El grupo de expertos para la reforma fiscal trabaja a contrarreloj para cumplir con el plazo que le dio el Gobierno que concluye el 28 de febrero. El impuesto de Patrimonio centra ahora las deliberaciones.
El Instituto lanza sus propuestas en su 'Libro blanco para la reforma fiscal en España'. Optan una reducción selectiva de impuestos, evitando una subida que podría suponer una contracción de 5 puntos del PIB.
La Generalitat de Catalunya remitió una propuesta al comité de expertos de la reforma fiscal en la que pide una modificación de este tributo que evite el traslado de fortunas a comunidades donde está bonificado.
Desde el grupo parlamentario contemplan impuestos a las grandes eléctricas y fortunas o la sustitución del impuesto sobre el patrimonio para evitar -subraya- "paraísos fiscales interiores como en Madrid".
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, defiende que el análisis "económico y político" es tarea del Gobierno y no del grupo de catedráticos en derecho tributario y economía.
La ministra de Hacienda ha asegurado que los reducidos tributos que se pagan en Madrid provocan "una suerte de 'dumping fiscal'", y ha recordado que solo las Cortes pueden fijar los criterios de financiación.
El comité de expertos para la reforma fiscal propondrá bonificaciones y subvenciones para "compensar" la carga de tributos vinculados a la transición ecológica como el del diésel o a los plásticos de un solo uso.
El comité de expertos para la reforma fiscal no ha mantenido ningún encuentro con el recién nombrado secretario de Estado de Hacienda, Héctor Izquierdo, ni está previsto que se produzca, según el Ministerio.
La sentencia del Constitucional sobre el Estatut del año 2010 puede ser el mejor precedente para justificar las bonificaciones en Patrimonio y Sucesiones por parte de Madrid frente a la reforma fiscal de Montero.
El Ministerio ha dado indicaciones para que el trabajo de los catedráticos se centre en la materia tributaria que se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se descarten otros impuestos.
El Gobierno defiende que la reforma tributaria no se llevará a cabo hasta que la economía se haya recuperado por completo de la crisis, un momento que llegará más tarde de lo previsto, según la AIReF.
El Comité de Expertos prevé entregar al Ministerio de Hacienda el Libro Blanco para la reforma fiscal a finales de febrero. El Gobierno tomará como referencia el documento para modificar el sistema tributario.
Héctor Izquierdo sustituirá en el cargo a Inés Bardón. Ha trabajado en el sector público y en el privado en puestos vinculados a la auditoría, tiene experiencia internacional y es docente en escuelas de negocios.
Hasta ahora el recién nombrado Secretario, Héctor Izquierdo, había estado desarrollando su carrera en labores directivas en empresas públicas y privadas.
La Comisión Europea presentará en mayo o junio su propuesta para reformar el Pacto de Estabilidad teniendo en cuenta la realidad económica de los estados miembros después de la crisis del coronavirus.
De cara al nuevo año también hay que tener en cuenta en materia fiscal que la declaración anual de IRPF de 2021 incorporará los efectos de la subida de los tramos más elevados de las rentas del trabajo y del capital.
En ese sentido, aboga por "aprovechar" el consenso internacional para aumentar la contribución fiscal de las multinacionales, como ha hecho el Gobierno estableciendo un tipo mínimo efectivo del 15%.
La iniciativa de Bruselas recoge el compromiso de la Unión Europea con la reforma pactada en el seno de la OCDE. El objetivo de esta medida es tener un marco fiscal transparente, equitativo y estable.
Según sus cálculos, la presión fiscal (recaudación con respecto al PIB) es del 34,5%, un porcentaje que se eleva hasta el 44,6% en términos de presión efectiva, una vez se descuenta la economía sumergida.
El Estado recaudaría 8.000 millones de euros más con el tipo efectivo que se paga en Francia, 16.000 más si se aplicara el que hay en Alemania y 56.000 millones con el IVA que rige en Dinamarca.
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