El efecto de la crisis sanitaria desatada por la Covid en la economía tiene en las colas del paro su imagen más visible. El número de desempleados en el mes de febrero alcanzó los cuatro millones -sin contar los 900.000 trabajadores que estaban en un ERTE- por primera vez desde 2008, uno de los peores años de la crisis económica. Pero además, en el segundo mes de año se quedaron sin ningún tipo de cobertura social 1,6 millones de parados, pese el cóctel de ayudas diseñado para los que dejan de recibir la prestación contributiva por el desempleo.
Los datos de desempleados son los que facilita cada mes el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero la estadística del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) los reduce en 372.255, ya que excluye a los inscritos que no tienen experiencia laboral, que no tienen derecho a estas ayudas, para realizar el cálculo de la tasa de cobertura 'real' de las prestaciones por desempleo, que en el segundo mes del año fue del 63%.
Con la fórmula del SEPE en febrero de 2020, cuando todavía no se había iniciado 'oficialmente' la pandemia en España, un total de 982.000 personas con experiencia laboral estaban desprotegidas. Mientras que contabilizando a todos los desempleados, incluso los que no han trabajado nunca, la cifra superaba los 1,24 millones, 400.000 menos que un año después. La falta de ayudas y subsidios del SEPE es especialmente grave entre las mujeres, que tienen una cobertura social nueve puntos porcentuales menor que los hombres -58% frente a 68%-.
Durante el segundo mes de 2021, un total de 2.359.191 de parados se beneficiaban de algún tipo de prestación o ayuda -Subsidio por Desempleo, Renta Agraria, Subsidio Agrario, Recta Activa de Inserción (RAI) y Programa de Activación para el Empleo (PAE). Más de la mitad -el 53%- estaban recibiendo una prestación de nivel contributivo y el resto, alguna ayuda de carácter asistencial, de las que el SEPE excluye el Subsidio Agrario y la Renta Agraria que únicamente se perciben en Andalucía y Extremadura.
Los beneficiarios mayores de 55 años, uno de cada tres del total, cobran mayoritariamente el subsidio de desempleo, una ayuda que mantienen hasta la edad de jubilación. Un destacado porcentaje de beneficiarios de las ayudas al desempleo, un 13%, son trabajadores extranjeros, especialmente afectados por la crisis de la Covid, y en Lleida y Girona, el porcentaje aumenta hasta el 36% y el 26%, respectivamente.
Más de la mitad de los parados que reciben la prestación contributiva tienen un derecho de cobro de esta inferior a 22 meses -el máximo son 24-. Por su parte, la mayoría de las ayudas asistenciales, a excepción del subsidio de desempleo, se cobran durante un tiempo muy limitado y se exigen numerosos requisitos para obtenerlas. Las pagas por estos subsidios o ayudas especiales han pasado este año de los 430,27 euros al mes a los 451,92 euros, tras el incremento del IPREM de los 537,84 euros a los 564,90 en 2021.
El 'refugio' de la IMV
La mayoría de los desempleados que se quedan sin la opción de ayudas del SEPE busca refugio en el reciente Ingreso Mínimo Vital (IMV) o en ayudas especiales de las comunidades para personas en especial riesgo de pobreza. En el primer año de funcionamiento un 1,2 millones de personas han solicitado esta ayudas, un aluvión de nuevo papeleo que ha colapsado la Seguridad Social y ralentizar su gestión.
El Gobierno aseguraba hace menos de un mes que el IMV había llegado a 203.000 hogares en toda España, en los que viven 565.000 personas, y que la ayuda media alcanzaba los 460 euros. Mientras, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) alertaba el pasado febrero que la lenta gestión y los excesivos requisitos para recibir el IMV, que se ha convertido en último salvavidas para muchos hogares, coincidía con un descenso en la cobertura de otras ayudas.
Por último, queda una opción importante cuando se han agotado todas las prestaciones del SEPE, además del IMV. Todas las comunidades ofrecen ayudas a las personas con riesgo de exclusión social y cerca de 800.000 personas se benefician de estos subsidios, salarios o rentas, aunque para recibirlas se exigen requisitos muy concretos y resulta fundamental acreditar el empadronamiento, poder justificar que se carece de los recursos económicos básicos y constatar que no se puede acoger a cualquier otro tipo de ayuda.
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