Escrivá salva a 250.000 'baby boomers' del castigo por la jubilación anticipada

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha conseguido un principio de acuerdo con los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones a partir del próximo año y hasta 2050. El pacto se ha cerrado in extremis con el objetivo de que se pueda tramitar la reforma en el Congreso de los Diputados en el mes de julio, como ha reclamado Bruselas, que había condicionado los fondos de recuperación a ponerla en marcha. El resultado, por la urgencia, ha sido un acuerdo con numerosas cesiones y descafeinado, que ha dejado para más adelante las principales medidas y, sobre todo, las más polémicas.

Este año apenas verá la luz la revalorización de las pensiones de acuerdo con la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), pero quedan para otro momento el Factor de Equidad Intergeneracional, que sustituye al Factor de Sostenibilidad del Partido Popular que nunca se puso en marcha; el cálculo de las prestaciones teniendo en cuenta los últimos 35 años e, incluso, toda la vida laboral, frente a los 25 que se considerarán a partir de 2022; las tablas de cuotas de autónomos -que se renegociarán-; y el aumento de las penalizaciones a la jubilación anticipada, la medida que más temían buena parte de los trabajadores.

En principio, los nuevos coeficientes de penalización a los retiros antes de los 65 años quedan postergados a 2024, tal y como adelantó La Información el pasado jueves, lo que en la práctica supone un salvoconducto de dos años hacia la jubilación anticipada para 250.000 trabajadores -un buen número prejubilados en la banca-, una cantidad prudente en el que no se tiene en cuenta un previsible 'efecto llamada' o/y un aluvión de retiros de los trabajadores de la generación del 'baby boom', que ya están empezando a entrar en el sistema.

La última propuesta del ministerio mantiene el plazo de 12 años para la entrada en vigor del nuevo esquema de coeficientes de penalización para la jubilación anticipada, pero establece que ese incremento que se hará de manera progresiva no comenzará ya en 2022, sino a partir del 1 de enero de 2024, lo que evitará que se aplique sobre los trabajadores que están a punto de alcanzar la edad de jubilación y, previsiblemente, una avalancha de retiros antes de los 65 años.

Según los datos que facilita periódicamente el ministerio, en los primeros cuatro meses del año se retiraron un total de 108.324 trabajadores, una cifra ligeramente superior a la que se produjo en el mismo periodo de 2020 -un año atípico por la pandemia del coronavirus-, pero muy similar a los que se dio en todos los ejercicios de la última década. La Seguridad Social ha destacado que los retiros anticipados acumulados hasta abril de este año son similares e incluso se han reducido con respecto a años anteriores, excepto en referencia a 2020.

En los últimos diez años se han jubilado en España tres millones de trabajadores, con una constante de en torno a 300.000 por año y con un máximo en 2018 de 328.159 y un mínimo el pasado año, el de la pandemia, de 285.870. También las jubilaciones a la edad legal -65 años- o después se han mantenido estables en 175.000 anuales, al igual que las anticipadas, 125.000 de media cada ejercicio desde 2011. Desde el 1 de enero de 2022, cuando estaba previsto en principio aumentar más la penalización de los retiros antes de los 65 años, al 1 de enero de 2024, momento en el que previsiblemente se producirán ahora, se producirán 600.000 jubilaciones, en torno al 40% adelantadas, un cuarto de millón.

Una reforma esperada... y descafeinada

Una década después de que la anterior reforma de las pensiones viese la luz -agosto de 2011-, la elaborada por el ministro Escrivá llega a su fase final después de intensas negociaciones y con un importante consenso social y político. Pese a todo, después de que el Pacto de Toledo diese a conocer sus 21 recomendaciones el pasado octubre, numerosas iniciativas se han quedado por el camino o se han dejado para más tarde, algunas, para la próxima legislatura, como las penalizaciones al retiro anticipado, y será el Gobierno que en ese momento se forme el que tendrá que lidiar, nuevamente, con los agentes sociales.

Finalmente, aunque en 2024 se pondrán en marcha los 'duros' coeficientes de penalización, sobre todo para los que se retiren los primeros meses después cumplir los 63 años, para evitar retiros masivos y anticipados y cumplir con el objetivo de que la edad media de retiro aumente gradualmente, la penalización a partir de los 63 años y cuatro meses será mucho más moderada y se primarán los incentivos al retraso de la jubilación y menos las 'sanciones' a su adelanto, que previsiblemente sufrirán ligeros retoques con respecto al primer borrador.

Otra de las medidas más controvertidas que quedará para más adelante será la modificación de los tramos y cuotas de los autónomos, que se contemplará vagamente en el texto que se rubricará en los próximos días dejando claro que empezará a implantarse en la segunda fase de la reforma y de forma gradual, postergando de esta manera la negociación sobre las cotizaciones y tramos concretos tras las duras críticas de las asociaciones que representan a este colectivo después de conocer el borrador inicial.

"Vamos justos para cumplir los plazos", reconocía recientemente el ministro en una entrevista en RNE, en la que no descartaba que la reforma llegue al Congreso de los Diputados en julio, todavía a tiempo para que el texto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a final de año. La jubilación forzosa, presente en más de 200 convenios colectivos, sobre todo de grandes empresas y sectores, es otro de los frentes que abrirá próximamente Escrivá, con el objetivo de eliminarlo, ya que es un freno importante para el retraso de la jubilación. La supresión se hará también de forma gradual y cuando dejen de estar vigentes estos convenios.