La reforma de las pensiones se remata con cesiones para cumplir con Bruselas

Una década después de que la anterior reforma de las pensiones viese la luz -agosto de 2011-, el primer paquete de la diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, llega a su fase final después de intensas negociaciones, algunas concesiones y bastantes medidas aplazadas, fundamentalmente para evitar un efecto llamada, que empieza a vislumbrarse tras un aumento del ritmo de jubilaciones anticipadas del 26%, y que es lo último que pretende el ministro. 

El proyecto, que previsiblemente llegará al Congreso de los Diputados en julio -que sería declarado mes hábil-, ha tenido que contentar a los agentes sociales; a los partidos políticos, que mayoritariamente lo respaldan con excepción de Vox, la CUP, ERC y Bildu; y también a Bruselas, que ha condicionado la llegada a España de los fondos de recuperación a que la reforma esté aprobada este año y que sea los suficientemente consistente como para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Por el camino, después de que el Pacto de Toledo diese a conocer sus 21 recomendaciones el pasado octubre, se han ido cayendo algunas de las medidas más polémicas. Así, las pensiones se revalorizarán con el Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior, como pretendían los sindicatos, y en caso de que la inflación fuese negativa no se descontará el porcentaje, como pretendía el ministro inicialmente.

Tampoco se considerará, de momento, una extensión de los años de cálculo de la pensión más allá de los 25 previstos para 2022, y cuando se retome esta iniciativa probablemente se tendrán en cuenta los mejores ejercicios, para que los jóvenes, los que se jubilan de los 65 años y las mujeres no salgan perjudicados, ya que son los que sufren mayores lagunas de cotización y altibajos en su carrera laboral. La ampliación de los años de cálculo a 35 sin más modificaciones reduciría las prestaciones un 5,5% de media, según ha reconocido el propio Ejecutivo.

Finalmente, aunque se mantendrán 'duros' coeficientes de penalización en los primeros meses después de cumplir los 63 años para evitar retiros masivos demasiado pronto y cumplir con el objetivo de que la edad media de retiro aumente gradualmente, la penalización a partir de los 63 años y cuatro meses será mucho más moderada y se primarán los incentivos al retraso de la jubilación y menos las 'sanciones' a su adelanto, que previsiblemente sufrirán ligeros retoques con respecto al primer borrador.

Otra de las medidas más controvertidas que quedará para más adelante será la modificación de los tramos y cuotas de los autónomos, que se contemplará vagamente en el texto que se rubricará en los próximos días dejando claro que empezará a implantarse en la segunda fase de la reforma y de forma gradual, postergando de esta manera la negociación sobre las cotizaciones y tramos concretos tras las duras críticas de las asociaciones que representan a este colectivo después de conocer el borrador inicial.

El factor de sostenibilidad

El factor de sostenibilidad que nunca se ha puesto en marcha y que se incluyó en la reforma del sistema de pensiones de Mariano Rajoy se derogará, pero no se hará este año. Es el principal obstáculo para que los sindicatos respalden el acuerdo, pero el ministerio asegura que lo eliminará en los próximos meses, cuando se logre consensuar una alternativa, que se formulará con el nombre de factor de equidad intergeneracional, que entrará en vigor en 2027 y que tendrá en cuenta la esperanza de vida, entre otras cuestiones, para calcular la cuantía de la pensión.

"Vamos justos para cumplir los plazos", reconocía recientemente el ministro en una entrevista en RNE, en la que no descartaba que la reforma llegue al Congreso de los Diputados en julio, todavía a tiempo para que el texto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a final de año. La jubilación forzosa, presente en más de 200 convenios colectivos, sobre todo de grandes empresas y sectores, es otro de los frentes que abrirá próximamente Escrivá, con el objetivo de eliminarlo, ya que es un freno importante para el retraso de la jubilación. La supresión se hará también de forma gradual y cuando dejen de estar vigentes estos convenios.

En lo que todos parecen de acuerdo es que las pensiones no contributivas deben pagarse con el presupuesto y no como actualmente, que se abonaban con las cotizaciones de los afiliados, lo que supone un importante quebranto para la Seguridad Social. Mientras, lo que sucederá con los trabajadores con rentas altas, que el Gobierno insiste que viven más, por lo que cobran más tiempo la pensión, y es partidario de que se les penalice como al resto, estará en el aire hasta el último momento, ya que los sindicatos insisten en que ese colectivo -el que más aporta a la caja- no debería sufrir una doble penalización.