Prepara un 'pool' de abogados

Fainé confía en Javier Sánchez-Junco para llevar su defensa del caso Villarejo

La dirección jurídica estará en manos del departamento legal de Caixabank, que estará asesorada por tres o cuatro bufetes externos encargados de demostrar que el financiero no cometió ningún delito de cohecho

Javier Sánchez-Junco, abogado del rey Juan Carlos.
Fainé confía en el bufete de Sánchez-Junco para su defensa en el caso Villarejo.
FIDE

El presidente de Criteria Caixa, Isidro Fainé, va a confiar de nuevo en los servicios legales del bufete que dirige Javier Sánchez-Junco dentro del equipo jurídico que se ocupará de su defensa en la imputación que acaba de caer sobre él en el caso Villarejo. El directivo afronta un presunto delito de cohecho activo, junto con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, cometido al contratar a través de sus servicios de seguridad a la empresa del comisario, Cenyt, para espiar al empresario Luis del Rivero ante la sospecha de que estaba preparando una operación para hacerse con el control de la petrolera de la mano de la mexicana Pemex.

Fuentes cercanas a ese proceso aseguran que la dirección jurídica de la defensa de Isidro Fainé la llevarán en todo momento los servicios legales de Caixabank, que contarán con el asesoramiento exterior de tres o cuatro despachos de abogados, entre los que estará de forma destacada la ‘boutique’ jurídica de Sánchez-Junco, entre otros despachos de Madrid y Barcelona, principalmente. El abogado es un gran conocedor de la instrucción del caso Villarejo, toda vez que ya defiende a otro de los directivos financieros implicados en la pieza del BBVA, Eduardo Arbizu, una parte en la que los delitos que se manejan de cohecho y revelación de secretos son muy similares, aunque los hechos sean totalmente distintos.

Además, el trabajo de este letrado y su equipo, que también es el defensor del Rey emérito en su proceso de regularización con Hacienda, es conocido en Caixabank, dado que fue uno de los defensores de Fainé en la querella que algunos pequeños accionistas pusieron sobre la entidad en la Audiencia Nacional por la compra del portugués BPI, un caso por el que Fainé y algunos de sus directivos tuvieron que declarar ante el juez a finales del año pasado.

Desacreditar el cohecho

El letrado, exfiscal Anticorrupción y especialista en temas de derecho penal económico y procesal, tendrá que demostrar ahora al juez instructor de la megacausa contra Villarejo, Manuel García-Castellón, y ante un hipotético juicio oral posterior, que su defendido nunca tuvo conocimiento ni intención de contratar a un funcionario en activo para que trabajara en ese espionaje de Repsol, sobre todo porque su labor como presidente de uno de los accionistas de la petrolera estaba muy lejos de ese tipo de actividades y del posible delito de cohecho.

La compañía ha admitido que contrató a Cenyt, la empresa de Villarejo, a la que pagó cuatro facturas en 2011, 2012 y 2014, pero dentro de la legalidad y como una entidad privada que contaba con todos los avales del mercado en aquellos años. Frente a ello, el juez y la fiscalía para la que llegó a trabajar cinco años, le pondrá sobre la mesa, además de las declaraciones de los responsables de seguridad y otros implicados, el propio informe de ‘compliance’ de Repsol, en el que se admite que “posiblemente”, Fainé y Brufau pudieron conocer la contratación de Cenyt y pactar el pago a medias de los servicios ante la amenaza de Pemex y Del Rivero.

El bufete Sánchez-Junco Abogados se ha desarrollado en los últimos veinte años dentro del ámbito del blanqueo de capitales y la responsabilidad penal empresarial, un área de práctica que ha cogido un gran desarrollo y que amenaza con ser un gran quebradero para las empresas españolas, sobre todo cuando surgen grandes sumarios como el que se centra en los trabajos del comisario Villarejo. Todos los grandes despachos de derecho de los negocios tienen ahora su equipo especializado en litigación y delitos económicos y triunfan boutiques como la de Sánchez-Junco, capaces de tejer trajes jurídicos a la medida de los grandes banqueros y empresarios que sufren este tipo de contratiempos.

Javier Sánchez-Junto llegó a defender a directivos como Angel Corcóstegui en cuestiones como su indemnización profesional en el caso de las jubilaciones millonarias del BSCH (logró su absolución) o Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL, en los juicios por la salida a bolsa de Bankia y las tarjetas ‘black’, donde el ejecutivo fue condenado a solo seis meses y no tuvo que ingresar en prisión.

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